En uno de esos días rarísimos en Zacatecas, las y los 30 diputados que integran el Pleno de la 65 Legislatura estuvieron durante la sesión ordinaria de este martes en las que se discutieron (es un decir) y votaron asuntos mucho muy importantes.
Acostumbrados a que es pura llamarada de petate, el diputado Marco Vinicio Flores presentó una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las secretarías de Finanzas, de Obras Públicas y de la Función Pública, a comparecer ante el Poder Legislativo en torno a la cancelación del Viaducto elevado. Y que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la Mesa Directiva fijen plazo para dichas comparecencias antes del 15 de junio.
La iniciativa, turnada a comisiones para su estudio y dictamen porque no fue considerada de urgente y obvia resolución, es bien sabido que no prosperará. Y no porque no haya interés, sino porque está mal redactada.
El punto de acuerdo debió dirigirse al titular del Ejecutivo estatal para que autorizara dichas comparecencias. Olvida el diputado emecista que los secretarios no se mandan solos. Además, no está en manos de la JUCOPO ni de la Mesa Directiva imponer un calendario de comparecencias, sino que éstas se acuerdan con el Ejecutivo estatal.
Pero incluso de haber redactado la iniciativa en los términos correctos, difícilmente reuniría los votos del Pleno para proceder, como ocurrió con otro asunto de relevancia en la sesión de este martes.
Uno de los dictámenes votados que sí fueron relevantes (y esperemos que tengan consecuencias jurídicas en su aplicación) fue el relativo a diversas reformas al Código Penal del Estado de Zacatecas, entre las cuales destaca el endurecimiento de las penas por el delito de abuso sexual.
La iniciativa, inicialmente presentada por la diputada Isadora Santiváñez, también amplía el espectro que ha de entenderse en la tipificación del abuso sexual, especialmente tratándose de menores de edad. Y se establece que para este delito se procederá de oficio, tal como se dispone en el caso de la violación sexual. Habrá que agradecer los errores cometidos en el caso de Rubén Ibarra por inspirar estos cambios en el Código Penal del Estado de Zacatecas.
Sin embargo, no fue el único asunto donde se pudo notar la sombra del exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). De hecho, la presencia de las y los 30 diputados de la 65 Legislatura obedecía al dictamen correspondiente a la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, derivado de la reforma constitucional en la materia.
Ya desde la semana pasada se conocía el contenido del dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria. Y se sabía que éste correspondía a la propuesta que en su momento remitiera el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) que dicen que preside el magistrado Carlos Villegas.
Dicha propuesta, retomada en el dictamen de la Comisión Jurisdiccional, planteaba una armonización derivado de la reforma constitucional en la materia, pero conservando ciertas atribuciones que respetaban su autonomía, especialmente en las facultades del Pleno del TSJEZ y en particular de la presidencia de dicho órgano.
Esta propuesta fue presentada ante el Pleno de la 65 Legislatura apenas el pasado 20 de mayo, respaldada por al menos 16 diputados del PRI, PAN, PRD, MC, PT e independientes. Y se era en cierta forma una contrapropuesta a la iniciativa que presentó el 20 de febrero el diputado Santos González, que básicamente representaba un atentado a la autonomía del Poder Judicial y lo desmantelaba por completo para dejarlo a merced de lo que ponga y disponga el Ejecutivo estatal.
Así pues, iniciada la sesión de este martes, aún se pensaba que el dictamen contaba con al menos 16 votos de respaldo para ser aprobado en sus términos originales; es decir, con la propuesta remitida por el TSJEZ.
No obstante, el cochinero en la UAZ, sobre todo con la tibieza para rescindir laboralmente a Rubén Ibarra, pesó más al momento de discutir el dictamen en cuestión y hubo quien cambió el sentido de su voto porque no se podía ser omiso ante el enojo social en torno a la impunidad con la que el Estado ha beneficiado al exrector de la Universidad, una impunidad de la que fueron parte la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y el Poder Judicial a través de la persona juzgadora que resolvió sobre el caso.
Tampoco es que ayudara mucho la sumisión del magistrado presidente Carlos Villegas ante el gobernador David Monreal (y no sabemos bien si ante la «nueva gobernanza» o ante la secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas), lo que hace pensar en complicidad entre el Ejecutivo y el Judicial para dotar de impunidad a Ibarra Reyes.
En la discusión en lo general, el dictamen fue aprobado por unanimidad de 30 votos. Sin embargo, en la discusión en lo particular, el diputado Santos Gonzáles presentó una reserva a gran parte de los artículos, y que básicamente consistía en revivir su propia iniciativa del 20 de febrero.
Gracias a la impunidad de Rubén Ibarra, tres votos fueron la diferencia para el futuro del Poder Judicial, pues con 17 votos a favor y 13 en contra, se aprobó la reserva presentada por el diputado Santos González. Y adiós al TSJEZ y a la autonomía del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
¿Qué destaca en la reserva aprobada para la nueva ley Orgánica? De inicio, se establece la prohibición para magistrados, jueces y consejeros del Órgano de Administración Judicial para laborar en el servicio público o en la iniciativa privada en los dos años siguientes a su retiro (la disposición no estaba en el dictamen).
Además, las sesiones del Pleno del TSJEZ ahora serán únicamente públicas; ya no habrá sesiones de carácter privado (esa facultad sólo está reservada para el Pleno del Órgano de Administración Judicial).
También la presidencia del TSJEZ ya no tendrá representación legal sobre el Poder Judicial, sino que se limita sólo al Tribunal. Es más, ya ni siquiera tendrá la facultad de autorizar el registro de títulos y cédulas profesionales de licenciados en Derecho, así como las autorizaciones para el ejercicio de la abogacía, mucho menos para suscribir convenios de colaboración.
El Pleno del TSJEZ se limitará a funciones jurisdiccionales en la aplicación de leyes y normas; ya no tendrá injerencia en las decisiones sobre la integración de salas, o para emitir reglamentos, ni siquiera para poponer mejoras. Es más, ya ni siquiera para decidir sobre su propio presupuesto ni mucho menos para su ejercicio. Al final sólo queda con 16 atribuciones de las 24 que se proponían en el dictamen.
Por si no fuera suficiente, los magistrados ya no tendrán la facultad de nombrar o sustituir a sus secretarios de estudio y cuenta, ni al demás personal que integre cada sala según sus necesidades.
Con la reserva aprobada, ahora el Órgano de Administración Judicial tendrá hasta 65 atribuciones (de las 45 que se proponían en el dictamen). Y será mandamás en todo el Poder Judicial, incluso por encima del TSJEZ, cuya presidencia será mero guiñapo (y ni siquiera decorativo).
Entre las facultades que tendrá del Órgano de Administración Judicial que preside la consejera Norma Esparza destaca que no sólo que controlará totalmente el Presupuesto de Egresos de cada año. Ahora podrá nombrar, tomar protesta y remover a todo funcionario del Poder Judicial según disponga, excepto las magistraturas.
También está entre sus facultades autorizar los cambios de adscripción o reubicación del personal; expedir cartas de no antecedentes penales; representará al Poder Judicial en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, entre muchas, muchas otras disposiciones.
Por si no fuera suficiente, ahora las personas juzgadoras ya no rendirán protesta ante el Pleno del TSJEZ, sino ante el Órgano de Administración Judicial y ante el Poder Legislativo. Incluso se excluye al TSJEZ de la investigación de casos de presunta responsabilidad por faltas administrativas.
Si a ello se agrega que con la reciente elección judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial quedará en manos de los perfiles que quiso el gobernador David Monreal, tenemos un escenario perfecto para una justicia a modo, con el riesgo de que las personas juzgadoras sean presionadas para resolver en uno u otro sentido, so pena de iniciarles un procedimiento de remoción ante el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Así que demos gracias a Rubén Ibarra también por sepultar lo último que quedaba del Poder Judicial. Y a disfrutar lo votado.
