Ni una semana tiene la «nueva gobernanza» de haber presentado su estrategia «Ponle filtro a la información» y la Coordinación de Comunicación Social parece que no ha leído ni siquiera la guía específica para manejo de momentos de crisis como los que vivió este miércoles el gobernador David Monreal en su visita al municipio de Jiménez del Teul.
Porque guardó silencio ante la protesta que hicieran ejidatarios y ejidatarias de la comunidad El Potrero luego de que el gobernador llegara sin previo aviso (en helicóptero y con un convoy de más de 100 elementos de seguridad) para irrumpir en la asamblea de ejidatarios y decir que la Presa Milpillas va porque va, casi casi como con el Viaducto elevado que nadie pidió y que nunca fue.
Junto a David Monreal, las y los ejidatarios de El Potrero también corrieron al diputado local (y presidente de la Junta de Coordinación Política) Jesús Padilla y al alcalde de Sombrerete, Ramiro Hinojosa, que nada tenía que hacer en Jiménez del Teul.
El mensaje de las y los ejidatarios sigue siendo el mismo desde el quinquenio de Alejandro Tello: no a la Presa Milpillas. Y se mantienen en pie de lucha por la defensa de su territorio, por mucho que el proyecto de infraestructura sea para beneficio de más de medio millón de habitantes de Zacatecas… o al menos en apariencia.
Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en enero de este año los proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica, ya se sabía que entre dichos proyectos se contemplaba a nuestra entidad con la Presa Milpillas.
Hacia el mes de marzo, la Presidenta dio a conocer que dicho proyecto contaba ya con una inversión inicial cercana a los 500 millones de pesos. Y a finales del mismo mes, con la aprobación del Programa Estatal de Obra 2025, se intuía que la «nueva gobernanza» quedaría relegada a tareas mínimas (pero indispensables) para que el proyecto llegara a ejecutarse.
En todo este tiempo, la «nueva gobernanza» tenía un plazo para cumplir con el Proyecto 42 de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), correspondiente a la «Elaboración del manifiesto de impacto ambiental de la Presa Milpillas para abastecimiento de agua potable al corredor de Fresnillo-Zacatecas, en el estado de Zacatecas«, con mera inversión estatal.
Sin embargo, también corrían los tiempos para asegurar un punto fundamental: la liberación de predios donde se construiría el proyecto a fin de tener certeza jurídica en la propiedad de la tierra.
Lo anterior obligaba a la «nueva gobernanza» y al gobernador David Monreal a una intensa labor de persuación con las y los ejidatarios, hablando con claridad pero sobre todo con transparencia sobre el proyecto, aunque todo indica que esto nunca ocurrió, algo natural en una administración que no se ha caracterizado por el diálogo, el entendimiento y los acuerdos, escuchando siempre a la población.
Recuérdese que incluso el propio gobernador acusó que quienes se oponían a la construcción de la Presa Milpillas se trataba de apenas «tres o cuatro dirigentes» (David Monreal dixit) que estaban en contra de lo que la administración considera «desarrollo» o «modernización».
Nada más que el plazo llegó con el mes de junio, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum había comprometido lanzar la primera licitación correspondiente a la obra, un compromiso que seguramente se verá retrasado por los pésimos oficios de la actual administración estatal, más concentrada en intervenir en la vida interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en justificar los yerros del Viaducto elevado que nadie pidió, o en el cochinero que fue la elección judicial.
En todo esto, se debe respetar el derecho que tiene el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, así como las y los ejidatarios que se verían afectados por la obra, pues al igual que ocurrió en el pasado priísta con la comunidad de Salaverna, se trata de arrebatarles toda una vida en su terruño y, con ello, parte de su identidad y su cultura.
El gran riesgo está en la poca claridad sobre el proyecto, en particular sobre los volúmenes de agua que serán canalizados para uso doméstico (el discurso con el que se pretende socializar el proyecto) y qué proporción sería destinada para uso industrial, sobre todo de las industrias minera y de elaboración de bebidas (pensando en especial en una cervecera de capital extranjero).
Si el «Año del Bienestar» implica pasar por encima de los derechos de ejidatarios, violando incluso sus derechos humanos, con una bandera de modernidad y progreso, ¿hasta dónde la «nueva gobernanza» traiciona los principios de la Cuarta Transformación y de la izquierda mexicana (y latinoamericana)?
