La tan anunciada cancelación del Viaducto elevado que nadie pidió por fin se consumó este martes con la firma del convenio de terminación anticipada del proyecto en el que se invertirían 3 mil 652 millones 536 mil 580 pesos en apenas 3.4 kilómetros de vialidad.
A estas alturas queda fuera de lugar la farsa del gobernador David Monreal y del gabinete de florero de la «nueva gobernanza» para criminalizar a un «grupúsculo» de ciudadanos que «se oponen al progreso de Zacatecas«, y a «jueces corruptos y mezquinos» que determinaron la suspensión definitiva del cuestionadísimo proyecto (por aquello del rechazo por más del 80% de las y los zacatecanos).
De los 807 días en los que debían desarrollarse los trabajos, el convenio de terminación anticipada llegó en el día 510. Es decir, ya habían transcurrido dos terceras partes del plazo fijado en el contrato No. EO-932063953-SOP055-2023 derivado de la licitación de 2023 en la que se adjudicaba la obra a Calzada Construcciones y Dragados del Sureste (parte del consorcio Grupo Hycsa).
En ese lapso, no faltaron políticos que buscaron atribuirse las victorias en tribunales logradas principalmente por el colectivo Ciudadanía Participativa de Zacatecas (vaya, hasta alegaron supuesta extorsión de las empresas para liberar permisos), en un ejemplo bastante de claro sobre cómo la sociedad organizada puede ser contrapeso de sus propios gobiernos, un camino que hoy se busca emular con el anunciadísimo proyecto de la Presa Milpillas.
En los casi 17 meses transcurridos desde la firma del contrato con las empresas de Grupo Hycsa, la «nueva gobernanza» pecó de opacidad (por decir lo menos) en torno al Viaducto elevado que nadie pidió, lo que poco abonó a dar certeza y respaldo a un proyecto que nació muerto.
No sólo la licitación lleva el tufo de haber sido una simulación para favorecer a las empresas ganadoras. Ya desde la creación del Fideicomiso correspondiente, a mediados de 2023 y mucho antes de la licitación, había visos de que el proyecto podría no llevarse a cabo, según lo establecido en la última cláusula del decreto (aunque legalmente, es una previsión que debió tomarse).
La presentación del dichoso Plan de Movilidad para el Bienestar (MOBI) tampoco fue la panacea que cambiara la percepción ciudadana en torno al proyecto. Más allá de unos renders (mal hechos, por cierto) y una maqueta de bajo presupuesto, lo que se demandaba era que el proyecto estuviera dentro de la legalidad.
Por más que se insistió, en los 510 días transcurridos desde la firma del contrato con las empresas de Grupo Hycsa nunca se exhibieron los permisos (y eran bastantes) para ejecutar los trabajos. Ni el proyecto ejecutivo. Ni estudios de impacto. Ni dictámenes. Nada.
Se recurrió, entonces, a tratar de legitimar el proyecto con una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) por la cual la «nueva gobernanza» erogó 290 mil pesos para el «levantamiento de un sondeo de opinión sobre el Plan de Movilidad para el Bienestar», en el cual sólo se consultó a población de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.
Sólo que el dichoso sondeo/encuesta nunca preguntó específicamente sobre el Viaducto elevado que nadie pidió, sino que mañosamente se consultó sobre qué opinaba la población sobre la necesidad de alternativas viales para mejorar la movilidad. Y hasta ahí.
La criminalización de quienes se oponían al cuestionadísimo proyecto arreció una vez que llegaron los primeros amparos y con ellos, las primeras suspensiones provisionales para detener los trabajos que durante varios meses entorpecieron el flujo vehicular en puntos críticos de la Capital, incluyendo medidas desesperadas de la «nueva gobernanza» para sabotear este flujo y así justificar la necedad (que no necesidad) de un proyecto que nadie pidió.
Las condiciones estaban dadas para que en tribunales se diera marcha atrás a un proyecto que hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó y hasta exigió al gobernador David Monreal dejarlo por la paz, en un ultimátum que agrietó la relación entre ambos mandatarios.
Pero el tortuoso y largo camino para cancelar el Viaducto elevado que nadie pidió aún no ha terminado. Como hemos dicho hasta el cansancio desde este espacio, los ojos ahora deberán estar puestos sobre la liquidación de los trabajos realizados por las empresas de Grupo Hycsa y el proceso de extinción del citado Fideicomiso.
Porque en 510 días transcurridos desde la firma del contrato hasta el convenio de terminación anticipada, al menos debió haberse pagado el 15% de anticipo (algo así como 476 millones 417 mil 815 pesos). Y los movimientos en saldos del Fideicomiso en cada trimestre transcurrido desde entonces sugieren que se erogó un monto mayor que oscilaría entre los 1 mil 500 y 1 mil 900 millones de pesos.
Además, no debe olvidarse que esos 4 millones de pesos diarios que se perdieron debido a las suspensiones provisionales dictadas por tribunales no fueron responsabilidad de quienes promovieron los amparos, mucho menos de las empresas, sino de funcionarios y funcionarias de la «nueva gobernanza» que decidieron publicar una licitación, firmar un contrato y luego dar marcha a las obras sin contar siquiera con los permisos requeridos (ya ni hablar del resto de documentación y trámites obligatorios).
Lo anterior obligaría a que se les abriera una investigación por presuntas faltas administrativas (algunas incluso de carácter penal) por los yerros cometidos en un proyecto que nadie pidió. Y ahí es donde queremos ver al zar anticorrupción Ernesto González Romo ejerciendo sus atribuciones como secretario de la Función Pública para castigar la corrupción del presente.
Así pues, esperamos con ansias el cuarto Informe de Gobierno de David Monreal… y las cabezas que van a rodar por el Viaducto elevado que nadie pidió.
