Zacatecas será la última entidad en regresar a sus actividades cotidianas en el magisterio, luego de una protesta nacional que derivó en numerosos estragos para el Gobierno de México.
El pasado viernes 13 de junio, 8 mil 567 agremiados a la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se decantaron por levantar el paro de actividades tras 29 días de protesta, contra 1 mil 913 que estaban a favor de continuar el cese de actividades.
Sólo la región sindical de Concepción el Oro mayoritariamente votó por seguir con el paro, con 226 votos a favor, contra 30 que optaban por terminar con la protesta.
Con ese resultado, la dirigencia sindical de la Sección 34 emitió un comunicado en el que agradecía el respaldo social, especialmente de padres y madres de familia empáticos con el movimiento magisterial, y se retieraba el compromiso de redoblar esfuerzos en las tareas educativas una vez que se reanudaran las clases con normalidad, de manera presencial, a partir de este lunes 16 de junio.
Si bien la protesta nacional derivó en algunos logros principalmente administrativos, el gran pendiente seguirá siendo la tan exigida abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, sobre todo porque resulta lesiva para el ingreso digno del magisterio y en particular para pensionados y jubilados.
No han sido pocos los llamados a abrogar dicha legislación, aunque ha habido otros menos radicales que han llamado al Congreso de la Unión a hacer al menos ciertos cambios en la legislación que permitan avanzar paulatinamente en las mejoras que demanda el magisterio.
Uno de esos llamados ha surgido de la bancada del Partido del Trabajo en la 65 Legislatura. Por ejemplo, el diputado Alfredo Femat ha exhortado a que en el cálculo de pensiones y jubilaciones deje de utilizarse la Unidad de Medida de Actualización (UMA) y en su lugar se emplee el salario mínimo de cotización, que durante la Cuarta Transformación ha tenido incrementos más sustanciales que la UMA y en esa dimensión impacta en el magisterio.
El otro llamado ha sido de la diputada Renata Ávila, quien se ha sumado a las voces que exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 o al menos someter la legislación actual a una revisión integral para proponer mejoras en beneficio del magisterio.
Sin embargo, ojalá los problemas para el magisterio se redujeran únicamente a la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
En este espacio advertíamos ya sobre la caída en la recaudación federal y el impacto que tenía para las finanzas de Zacatecas. Lo relevante, en el caso del magisterio, es que en esa caída hubo un déficit significativo en los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Durante el primer trimestre de este año, según la información financiera que publica la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Zacatecas recaudó de ingresos federales provenientes del FONE unos 1 mil 900 millones 347 mil 635 pesos, mientras en el primer trimestre del año pasado se recaudaron 2 mil 311 millones 746 mil 508 millones por el mismo concepto.
Lo anterior significa que entre enero y marzo de este año, Zacatecas dejó de recibir al menos 411 millones 398 mil 873 pesos del FONE, un déficit que debió cubrirse seguramente con la recaudación propia (tal vez del Impuesto sobre la Nómina, considerando el incremento de este año).
A ello se suma el hecho de que el déficit en la nómina educativa para este ejercicio fiscal asciende a unos 2 mil 500 millones de pesos; es decir, 200 millones más que el año anterior. Y es recurso que deberá convenirse mes con mes ante la Federación a través del Programa U080, «Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación».
Y aunque la Federación insista en negarlo, hay ya indicios de que México va directo a una recesión (la estadística de empleos formales así lo está sugiriendo desde noviembre pasado), lo que complicará presupuestalmente el recurso que ministra a las entidades federativas, sobre todo si PEMEX sigue siendo un barril sin fondo.
Ante este escenario, la «nueva gobernanza» debería guardar cautela en los compromisos venideros con cualquier sector, pensando en eventuales ajustes presupuestales desde la Federación, pues ni el Fideicomiso del Viaducto elevado que nadie pidió (o al menos el remanente de recursos no pagados) ni el incremento en la recaudación propia podrían compensar semejante bache.
De la Presa Milpillas, ni hablar… Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum hubiera comprometido que en junio de este año se lanzaría la licitación de la obra, ya transcurrió la primera mitad del mes y no parece haber claridad en la liberación de predios para comenzar la obra. Sin certeza jurídica, ocurrirá lo mismo que el Viaducto elevado que nadie pidió.
Y si el proyecto (incluido en un Plan Nacional Hídrico) es el pase directo a la mesa de negociaciones de candidaturas para el 2027 (recordemos que es el único proyecto prioritario de Sheinbaum para con Zacatecas), el gobernador David Monreal bien puede olvidarse de imponer a quien le suceda en el cargo.
