Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum calificaba a la elección judicial del pasado fin de semana como un ejercicio «inédito, impresionante, maravilloso, democrático«, en el Instituto Nacional Electoral (INE) continuaban con la larga tarea de los cómputos distritales que podría llevar hasta 10 días de captura para dar los resultados definitivos. Y eso que apenas se tuvo una participación promedio del 13 por ciento.
Conforme se avanza en este proceso de captura de actas, al menos hoy se sabe que Hugo Aguilar Ortiz (y no la impresentable Lenia Batres) se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Más allá de ser quien desarrolló las consultas para las obras prioritarias del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Aguilar Ortiz haría historia al ser el primer abogado oaxaqueño de origen mixteco que llega a la máxima tribuna del Poder Judicial a nivel nacional, un hecho que abona a la representatividad de grupos históricamente marginados.
Llegaría a esa posición sin que en las reglas para esta elección se hubieran establecido cuotas afirmativas, como en procesos electorales ordinarios para elegir a representantes del Ejecutivo y Legislativo. Es decir, cuotas de personas afromexicanas, de la diversidad sexual, con alguna discapacidad o indígenas. Eso lo haría más relevante.
Tal vez haya más casos notables que surgirán conforme avancen los cómputos distritales, sin embargo, ya en lo local tenemos resultados preliminares que también eran previsibles: candidaturas afines a quien pretendía construir un Viaducto elevado que nadie pidió… y a quien el Poder Judicial le puso un alto.
Luego de la jornada electoral, el gobernador David Monreal se sumó a los calificativos de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que «este es el principio de un cambio estructural en materia de justicia, y por eso sostengo que nuestro país está de fiesta, porque es un cambio profundo de la mayor trascendencia en la historia de nuestra patria, ya que fuimos a las urnas y logramos un nuevo derecho constitucional, el de elegir al Poder Judicial«.
Nada más que sólo 13% de votantes eligió al nuevo Poder Judicial (y en Zacatecas la proporción fue menor, de apenas 11.69%), así que se quedan cortos en eso de la legitimidad, en especial considerando los perfiles que llevan la ventaja en la elección judicial para cargos locales y que circulaban días antes en sendos acordeones o «guías de la justicia» para ser votados.
Así pues, con los resultados hasta el momento, para la Sala familiar se perfilan Aracely Esparza y Ricardo Humberto Hernández León; en la Primera Sala penal, Verónica Muñoz y Oyuky Ramírez; en la Segunda Sala penal, Amparo Jáuregui y Octavio Quintanar; y para la Sala civil, Rafael Espinoza y Verónica Mayorga. Es decir, puros perfiles afines a la «nueva gobernanza», o más precisamente, a la secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas.
Porque entre esas posiciones quedó muy lejos el nombre de Osvaldo Cerrillo Garza, actual secretario técnico de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, y quien contendía como candidato a juez de la Primera Sala penal.
Lejos del triunfo también habrían quedado perfiles afines a figuras de la oposición y que fueron impuestos desde las listas aprobadas por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Y muy lejos también se habrían quedado quienes ya contaban con una carrera judicial y la experiencia que ello implica, así como perfiles con gran trayectoria desde la academia y sin vínculos con algún grupo político.
Más revelador resulta la ventaja del magistrado provisional (haiga sido como haiga sido) Francisco Enrique Pérez Compeán en su candidatura a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (haiga sido como haiga sido), considerando su relación marital con la diputada local Maribel Villalpando.
Claro que estos resultados no iban a ser diferentes si la oposición, primeramente, promovió el abstencionismo. Y luego, la complejidad de una elección en la que prevaleció la confusión y la desinformación, más allá del prejuicio.
No obstante, los cambios al Poder Judicial no concluyen con la reforma constitucional ni mucho menos con la pasada elección judicial. Porque aún faltan modificaciones en leyes secundarias para completar su desmantelamiento y dar paso a un nuevo Poder Judicial (o al menos esa idea se pretende vender).
En la 65 Legislatura hay diputados que advierten que no prosperará la propuesta de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas presentada el pasado 20 de febrero por el diputado Santos González, sino que se tomará en consideración la planteada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) y que cuenta con el respaldo de 16 diputados del PAN, PRI, PRD, MC, PT y la diputada independiente Ma. Elena Canales.
¿La razón? La propuesta del diputado de MORENA (y alfil del diputado federal Ricardo Monreal) es demasiado invasiva y hasta afectaría las relaciones (de por sí ya desgastadas con la exigencia de la Casa de la Mala Noche) ente el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Lo advertimos en este espacio desde el pasado 27 de febrero. Con la propuesta del diputado Santos González, el Pleno del TSJEZ dejaría de ser el máximo órgano de gobierno al interior de este poder, con apenas 13 atribuciones «y las dempás que la ley y otros ordenamientos le confieran«. Y la Presidencia quedaría como mero guiñapo decorativo.
En cambio, el Órgano de Administración Judicial que hoy preside Norma Esparza Castro tendría hasta 62 atribuciones (que antes correspondían al Pleno del TSJEZ), además de «desempeñar cualquier otra función que le corresponda conforme lo establezca la Constitución General, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanan«.
Así las cosas en el Zacatecas democrático que ya distruta lo votado, ¿verdad?
