Si la 64 Legislatura ha sido considerada la peor de todas, al menos había sustancia. Porque la 65 Legislatura bien podría trascender como una de las más grises y monótonas, pese a las grandes reformas constitucionales, pero también por hacer menos las prácticas parlamentarias que daban vida al Poder Legislativo.
Rara vez hay sorpresas en el Pleno: o los compromisos políticos (y las complicidades) son demasiados, o poderoso caballero es don dinero.
No hay novedades en un oficialismo fragmentado detrás de los discursos pro 4T: los hay ricardistas y los que responden a una secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas, aunque en el fondo son lo mismo.
No es gratuito que en la bancada del Partido del Trabajo (PT) hayan optado por tomar una distancia prudente respecto a decisiones «de grupo» y así lo han demostrado en la votación diferenciada en diferentes asuntos tocados en el Pleno, tal vez siguiendo una dinámica nacional que vaticina una eventual separación en la coalición MORENA-PT-PVEM, al menos para el caso de Zacatecas (demos gracias a un movimiento mucho muy honesto).
Del otro lado, en la oposición, cantan muy mal las rancheras. Además de hacerle el caldo gordo al oficialismo en actos de provocación, como la más reciente cargada por enésima ocasión en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes en un pleito por demás estéril (y ya sin espectadores), se han convertido en un lugar común que poco abona a reivindicarse frente al electorado (y sus representados).
Pero también al interior de esa oposición (que podría ser mayoría en el Pleno si de verdad lo quisieran) viven divididos y cada uno por su lado, aventurando una eventual separación de la coalición PRI-PAN-PRD (lo que existe del Sol Azteca, si es que existe). No parecen compartir una agenda en común y eso queda en evidencia en la máxima tribuna.
En medio de estos grupos queda la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), en una tibieza que hasta Dios vomitaría, pero con varios ejemplos de estar alineados con el oficialismo mientras conserven sus prerrogativas (o mientras no se les investigue como al exgobernador Miguel Alonso Reyes).
En esta revoltura de posiciones a menudo tan predecible (incluso en sus posicionamientos), no podemos omitir qué ha cambiado en las prácticas parlamentarias durante la 65 Legislatura y que, por mucho, dejan ver el deterioro en el que ha caído el Poder Legislativo que mucho se aleja de una efectiva representación popular.
En el periodo ordinario que está por concluir el próximo lunes 30 de junio ha sido frecuente que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) sea selectiva al momento de solicitar que un asunto sea considerado de urgente y obvia resolución, pues no en pocas ocasiones se ha dejado de invocar el artículo 105 del Reglamento y las iniciativas presentadas por la oposición son remitidas a comisiones sin ser sometidas a consideración del Pleno. Y que tengan suerte si la comisión dictaminadora desahoga los asuntos de forma pronta y expedita.
La JUCOPO también ha tenido criterios muy difusos respecto a qué asuntos se incluyen en el Orden del Día de cada sesión, incluyendo dictámenes de una misma comisión, pero que son turnados para diferentes sesiones del Pleno.
La ruptura del quórum tampoco ha sido novedad, más bien se ha institucionalizado como la vía para dejar de abordar asuntos que no convienen a una u otra fracción, y a veces hasta por mero desinterés, obligando a suspender los trabajos y reanudar en otra sesión.
Eso sí, la 65 Legislatura se ha caracterizado por tener varios llamados a repetir una votación cuando eso no es posible por el Reglamento, o para intervenir en momentos donde no hay lugar a discusión, como ocurrió en la pasada sesión en la que se invocó la disposición «por alusiones».
Más importante aún es la manera en la que legisladoras y legisladores hoy desdeñan prácticas parlamentarias esenciales para su función como representantes populares. Porque en este periodo ordinario que está por concluir de pronto se volvió una práctica recurrente omitir la lectura de alguna iniciativa, alegando que «ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria», y con ese argumento solicitan sea remitida directamente a comisiones.
Pero una vez dictaminadas las iniciativas, también se ha institucionalizado la omisión de la primera lectura de dictámenes, porque «ya están publicados en la Gaceta Parlamentaria», y al final con estas prácticas la población viene conociendo las iniciativas hasta la segunda lectura de dictámenes, momentos antes de que sean votados por el Pleno.
Lo anterior no sólo habla mucho del desdén por las prácticas parlamentarias, sino también por el principio de máxima difusión del quehacer legislativo… a menos que con este desdén se estén haciendo del delito con iniciativas que no pretenden que sean conocidas por la población. ¿Haciendo cosas buenas que parecen malas, o malas que parecen buenas?
Más gracioso resulta cómo ante las pocas iniciativas que logran ser leídas ante el Pleno de pronto se alarga la lista de quienes solicitan suscribirse a ellas, que en teoría sería una muestra de respaldo al contenido de una iniciativa, pero que en la práctica sólo se traduce en mayor o menor productividad legislativa. Eso permitiría a varios y varias transitar sin preocuparse por presentar una sola iniciativa o dictamen en un periodo ordinario.
Sabemos que las sesiones del Pleno del Poder Legislativo suelen ser tediosas, a veces frustrantes, muy largas y con frecuencia desgastantes de tanto asunto irrelevante. Pero están cumpliendo con una función constitucional y de representación popular, en un quehacer que al igual que con el Poder Ejecutivo y el Judicial merecen ser conocidas y evaluadas por la población. Porque sólo así sabremos si hemos votado por la mejor opción, si en futuros procesos electorales merecen una ratificación o si, por el contrario, se alejaron de lo que prometieron y abandonaron a sus representados y representadas.
Pero, pues, cada quién…
