De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la última década se han documentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) unas 2 mil 755 denuncias de delitos cometidos por servidores públicos.
De ese número, el 45.58% (casi la mitad en toda una década) corresponden a la actual administración que encabeza el gobernador David Monreal; es decir, unas 1 mil 256 denuncias se han registrado entre septiembre de 2021 y mayo de este año por presuntos delitos cometidos por servidores públicos.
En los registros del SESNSP, de hecho, el pico más alto de denuncias fue el año 2022, con 353 denuncias, más del doble de lo registrado en el año 2016 (el punto más bajo en la última década), con apenas 130 denuncias.
El crecimiento en el número de denuncias por delitos cometidos por servidores públicos en Zacatecas puede responder a dos motivos principalmente: o la población hoy tiene más valor para denunciar estos delitos (reduciendo así la cifra negra de delitos que no se denuncian), o cada vez tenemos más servidores públicos incurriendo en conductas delictivas. Y esto último sería muy grave en un gobierno que se precia de ser «honesto».
Con estas cifras, hoy la FGJEZ a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informa que se logró la vinculación a proceso del exalcalde, exsíndica y extesorero de Villa de Cos en la administración 2018-2021 por el presunto desvío de 1 millón de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), utilizado indebidamente para cubrir liquidaciones de servidores públicos.
La acción, se señaló, fue resultado de una revisión a la Cuenta Pública 2021 del Ayuntamiento y en atención a la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE). De ese nivel es la eficiencia en el combate a la corrupción: cuatro años para investigar y lograr (apenas) una vinculación a proceso (que no necesariamente significa llegar a una sentencia condenatoria y privativa de la libertad, como ocurrió en el caso de Rubén Ibarra).
Simultáneamente, el zar anticorrupción Ernesto González Romo da patadas de ahogado en sus últimos días al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sabedor de que el gobernador David Monreal está más que harto de su ineficacia y sus cortinas de humo, como la vertida este lunes.
A través de un videomensaje en redes sociales (ni siquiera un comunicado por la vía institucional), el titular de la SFP dio a conocer que compartió con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción información sobre el presunto enriquecimiento ilícito de un exfuncionario «de alto nivel» de la administración 2010-2016.
Mostrando unas láminas con el rostro medio censurado del exgobernador Miguel Alonso Reyes, el secretario de la Función Pública explicó que a raíz de una denuncia se pusieron a investigar las declaraciones patrimoniales del señalado y encontraron un «patrimonio inexplicable» de más de 17 millones de pesos, luego de revisar ingresos y egresos declarados.
Luego de mucha alharaca, y con excusas de «respetar el debido proceso», concluyó su mensaje González Romo con un llamado a la Fiscalía Anticorrupción para que desempolve la carpeta de investigación correspondiente (que tiene «3 mil días de impunidad«) y, con estos elementos, proceda a judicializar el caso.
Tampoco es que fuera extraordinaria la investigación que dice que realizó la SFP. Sorprende más bien que casi una década después apenas hayan pensado en revisar las declaraciones patrimoniales del acusado, considerando que éstas son de carácter público y se pueden consultar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) o vía solicitud de información.
Lo anterior más bien deja serias dudas en torno al actuar de la SFP. ¿Investigó un caso de hace una década tan sólo porque se presentó una denuncia, específicamente contra el némesis de Ernesto González Romo? Porque sería muy grave que la Secretaría de la Función Pública fuera selectiva en las denuncias que atiende.
Aún más grave sería que la dependencia anticorrupción (que ahora dicen que velará por la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales) no actuara de oficio ante presuntos actos de corrupción que no denuncia formalmente la población, pero sí los da a conocer prinicipalmente en redes sociales o a través de medios de comunicación.
Incluso sería igualmente grave que la SFP no actuara de oficio ante investigaciones periodísticas de diversos medios de comunicación que, con evidencias, han demostrado que la «nueva gobernanza» no es un manto inmaculado de pureza y virtud, sino que al igual que gobiernos del pasado incurren en actos de corrupción.
Como se recordará, desde el inicio de la actual administración la entonces titular de la SFP, Humbelina Elizabeth López Loera, había dado a conocer que en el proceso de entrega-recepción habían detectado 639 anomalías en la administración de Alejandro Tello, de las cuales 240 eran consideradas “graves”. Y hasta informó que se interpusieron unas 50 denuncias por presuntos delitos cometidos por exservidores públicos. Y que tenían acumulados más de 400 años de inhabilitaciones.
Pues ya vamos para el cuarto informe de gobierno y de tales denuncias no se reportan avances, como tampoco los ha habido en el caso de la «Estafa Legislativa» que denunció en su momento Ernesto González Romo; ni sobre la «Nómina Secreta» que en su momento denunció la entonces diputada local Soledad Luévano (pero cuyo esquema a través de «Estímulos por Responsabilidad en el Cargo aún continúa).
No ha habido avances sobre la estafa alimentaria del SEDIF, ni las discrepancias en sus reportes de ingresos de gestión principalmente por recursos que se manejan en efectivo.
Mucho menos se han reportado avances sobre el Viaducto elevado que nadie pidió, o sobre los retrasos del Platabús, y más aún sobre la simulación de licitaciones, en especial en obra pública y algunos conceptos de adquisiciones.
Pero vamos ayudándole al zar anticorrupción (aunque le hagamos el caldo gordo) a combatir la corrupción del presente. Ojalá pudiera investigar el esquema que está utilizando el jefe de Oficina del Gobernador, un tal «Zuñi«, para desviar recursos que deben invertirse en el mantenimiento de oficinas de Ciudad Administrativa.
Porque en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Capítulo Zacatecas seguramente estarían escandalizados por un cobro de más de 2 mil 500 pesos por metros cuadrado de impermeabilización.
Es decir, lo que en otros años se facturaba en no más de 125 mil pesos por impermeabilización de cada edificio de Ciudad Administrativa, hoy los trabajos realizados en abril de este año se están facturando en casi 900 mil pesos. Y no es como que la inflación se haya disparado tanto, ¿verdad?
Lo anterior significaría que, por instrucciones de Zuñi, se estaría inflando el costo de impermeabilización en unos 775 mil pesos por edificio. ¿Eso a cuántos millones equivalen si se impermeabilizan todos los edificios del complejo de Ciudad Administrativa? Y por lo que se sabe, los trabajos son realizados por empresas de Fresnillo.
Así que mucho trabajo aún tiene Ernesto González Romo para combatir la corrupción del presente, más que seguir con llamaradas de petate de hace una década. En el 2027 se lo van a agradecer.
