Luego de una elección judicial por demás cuestionable, llega la etapa preliminar al cierre del proceso con la declaración de validez de resultados y la entrega de constancias de mayoría para quienes resultaron ganadores y ganadoras a algún cargo como jueces, magistrados y/o ministros. Como quien dice, el final se acerca.
Tanto a nivel federal como a nivel local el proceso despertó muchas dudas entre la ciudadanía no sólo por el método de elección de las nuevas autoridades judiciales, sino también por la selección de perfiles sin ton ni son, varios de los cuales ni siquiera reunían los requisitos establecidos en las convocatorias.
Ya lo de los acordeones en la última etapa del proceso electoral era lo de menos considerando todo el cochinero que venía detrás. Por algo se explica la bajísima participación ciudadana en una elección judicial que no prendió y que incluso estuvo por debajo de los estándares de la consulta sobre revocación de mandato.
Pues bien, en otro hecho vergonzoso de esta cuestionadísima elección judicial, el cuestionadísimo Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) dio a conocer los resultados definitivos de los cómputos y con criterios cuestionadísimos entregó constancia de mayoría y validez quienes triunfaron en las urnas (bueno, eso de triunfar es un decir considerando que sólo votó uno de cada 10 electores).
Lo que ha causado más polémica en la decisión de la autoridad electoral es el criterio para al menos cinco candidaturas electas para un cargo de juez o jueza que no reunían el requisito del promedio mínimo de 8.
Porque en sus cuentas chinas, y casi casi por usos y costumbres, consideraron que promedios superiores al 7.5 podían ser redondeados a 8 y ya con eso se cumplía el requisito de la convocatoria. ¡Así de fácil!
No obstante, este cuestionadísimo criterio utilizado por la autoridad electoral para validar candidaturas ganadoras es únicamente consecuencia de todo un proceso caracterizado por yerros y más yerros. Porque quienes hoy ya tienen su constancia de mayoría, en primer lugar, ni siquiera debieron ser elegibles para los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron el primer filtro para seleccionar los perfiles de aspirantes.
Así pues, aunado a la cuestionadísima legitimidad con la que llegarán al cargo derivado de una baja participación en las urnas, se suma el cuestionadísimo criterio de la autoridad electoral para hacerse de la vista gorda y validar triunfos haiga sido como haiga sido. En esas manos estará en adelante la justicia en Zacatecas.
Pero el caso más escandaloso quizá sea el de la candidatura de Francisco Enrique Pérez Compeán, cónyuge de la diputada local Maribel Villalpando (sí, la misma del juicio político que nunca fue) y quien apenas alcanzaba un promedio de 7.2 en sus estudios (o sea que ni siquiera con el criterio del redondeo alcanzaba a subir al 8 requerido), aunque así fue avalada su postulación por un Comité de Evaluación.
Pues resulta que para las y los consejeros del IEEZ este pequeñísimo pero gran detalle no fue tan determinante para anular su triunfo, sino que primero aplicaron el principio de paridad de género. Como al Tribunal de Disciplina Judicial debían llegar dos mujeres y un hombre a las magistraturas, se decidió que Pérez Compeán sería sacrificado para dejar finalmente a Vania Vaquera, José Luis Hernández Ugalde y Celia Nayeli Juárez Castro como integrantes del nuevo Tribunal.
Al final, consejeras y consejeros del IEEZ (quienes siguen bajo la lupa luego del cochinero que fue el proceso electoral 2023-2024 y que ya derivó al menos en la destitución de un consejero) pagaron los platos rotos por lo que se negaron a hacer en los Comités de Evaluación y, luego, las y los diputados que así se la dejaron ir a las y los electores.
Por lo pronto, y en esta recta final, a partir de la entrega de constancias de mayoría restarán cuatro días para impugnar los resultados, si es que fuera el caso. Y por supuesto que los ojos están puestos en Pérez Compeán, quien desde el inicio ni siquiera debió ser candidato. ¿Listos para disfrutar la justicia votada?
No cuadran las cifras
A propósito de las detenciones arbitrarias de migrantes en Los Ángeles, California, el pasado martes el diputado migrante Roberto Lamas señalaba que al menos durante el 2024 se tenía registro de unos 5 mil zacatecanos que habían sido deportados y/o repatriados, pero acusaba la lentitud de los programas de apoyo para connacionales en esta condición.
Y su observación no está alejada de lo que muestran los informes trimestrales sobre los Programas y Proyectos de Inversión que publica la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Por ejemplo, en el primer trimestre de este año, en el componente «Apoyo a Deportados y Repatriados Otorgado» (responsabilidad de la Secretaría del Zacatecano Migrante), se informa que la meta anual es de 200 personas apoyadas, pero al 31 de marzo ya habían dado atención a 214 personas, es decir, un 107% de la meta anual.
Sin embargo, llama la atención que aunque para este año se dispone de un presupuesto anual de 2 millones 598 mil 192 pesos para dicho componente (con una ligera reducción al cierre del trimestre), al 31 de marzo no habían erogado un solo peso de lo programado. ¿Entonces se está apoyando o no a los connacionales repatriados?
En contraste, en el mismo reprote trimestral de enero a marzo de 2024, en el mismo componente, se reporta una meta anual de 195 apoyos, de los cuales durante el primer trimestre se habían otorgado 75 (38.46% de la meta anual), pese a no tener un solo peso presupuestado para dicho componente.
Luego, según el informe trimestral del cierre de 2024, se reporta que durante todo el año se otorgaron 207 apoyos de una meta de 195 (106.15% de la meta anual). Y que de enero a diciembre se devengaron en total 1 millón 995 mil 567 pesos en el componente en cuestión.
Así que esta disparidad en la información entre un año y otro, especialmente para el mismo trimestre, da a pensar que: o se trata de falsedad en la información o fue un error de captura involuntario.
En el fondo, si los datos son reales, preocuparía que en un solo trimestre se cubrió la meta anual de atenciones a connacionales repatriados y/o deportados, lo que sugeriría la gravedad del problema que están viviendo nuestros paisanos en Estados Unidos con las políticas antimigrantes (y xenófobas) del presidente Donald Trump.
