O el desgaste ya ha sido demasiado, o las coyunturas se han vuelto tan monótonas y repetitivas. Lo cierto es que en la cotidianidad de Zacatecas se respira un ambiente de hartazgo en el que urge un respiro antes de la intensidad que se prevé con el proceso electoral 2026-2027.
A nada de comenzar el periodo vacacional de verano, ya ni siquiera el gobernador David Monreal tiene interés en una agenda pública de actividades, mucho menos si se trata de eventos de resonancia nacional como el Congreso de derechos humanos de las infancias y adolescencias en entornos digitales al que convocó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).
No es secreto que la «nueva gobernanza» cojea en materia de derechos humanos, sobre todo porque a más de un año sigue la herida abierta por los hechos del 8 de marzo de 2024 y la brutalidad policiaca con la que fueron reprimidas las manifestantes de la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, un caso que llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuyas recomendaciones siguen sin cumplirse al 100 por ciento.
En el colmo de la desfachatez, la representación del gobernador recayó en el coordinador general Jurídico, Ángel Muñoz, cuya cabeza está en vilo porque alguien tiene que pagar los platos rotos por tantos yerros en la «nueva gobernanza» que no pudo con el Viaducto elevado, ni ha podido con la Presa Milpillas.
Y aunque en la lista de invitados figuraban la presidenta honorífica del SEDIF, Sara Hernández; el fiscal Cristian Paul Camacho; y hasta la diputada local Ruth Calderón, secretaria (ni siquiera presidenta) de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia; fue muy rara la presencia de figuras como las secretarias de las Mujeres y de Administración, Karla Guardado y Maricarmen Salinas, cuando el tema del congreso nacional ameritaba más la asistencia de la secretaria de Educación, Gabriela Pinedo, pues muchos de los casos donde se vulneran los derechos humanos de las infancias es en el entorno escolar.
Y para rematar, qué oportuna la intervención del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Carlos Villegas, alegando que para el Poder Judicial hay un «compromiso permanente con el interés superior de la niñez». Quedó muy clarísimo con el caso de Rubén Ibarra Reyes…
Vaya tiempos para los derechos humanos en Zacatecas, cuya CDHEZ ha enfrentado recortes presupuestales con esta «nueva gobernanza», obligando al cierre de oficinas en municipios ante la insuficiencia presupuestal.
Y a propósito de finanzas, la titular de la SEFIN, Ruth Angélica Contreras, presentó los lineamientos para la integración del Paquete Económico 2026, y aunque no se mencionó en el comunicado de prensa, se sabe que dichos lineamientos iban con advertencia: el próximo ejercicio fiscal habrá que apretarse el cinturón.
Porque no es secreto que desde la Federación las cosas se empiezan a complicar para la presidenta Claudia Sheinbaum, y desde ya se ha anunciado un recorte en participaciones federales que se prolongará quien sabe hasta cuándo.
Si en el corto plazo no cambia la dinámica hacendaria desde la Federación, estados y municipios tendrán que recurrir a tres opciones para salir adelante con sus compromisos anuales: fondos y fideicomisos para la estabilidad financiera (como el que creó Zacatecas, aunque el saldo podría ser insuficiente para enfrentar un eventual déficit), recortes a programas y proyectos (que no es lo mismo que «austeridad republicana»), y en última instancia, recurrir al endeudamiento.
Para el caso de Zacatecas, la última opción es un escenario que no debería descartarse y que tampoco debería criminalizarse. Actualmente la deuda pública del estado ronda los 6 mil 700 millones de pesos y la calificación crediticia le permitiría endeudarse por unos 5 mil a 7 mil millones de pesos más si es que el déficit no puede solventarse con economías internas. Claro que eso tumbaría el discurso del gobernador David Monreal sobre aquella promesa de no recurrir al endeudamiento en esta administración.
Si se diera el caso, habría municipios que también podrían recurrir a esta alternativa para hacer frente a sus compromisos anuales, pues en conjunto la deuda de los municipios no supera los 100 millones de pesos. Sin embargo, no hay que olvidar que hay Ayuntamientos ahorcados por sus adeudos con el IMSS y el SAT, con un elevado nivel de participaciones comprometidas, lo que les obligaría a recurrir a fondos para el saneamiento financiero antes que cualquier otra cosa.
En este Zacatecas donde nada pasa, se informó de ooootra reunión de autoridades de los tres órdenes de gobierno para ver avances (si es que los hay) en torno al proyecto de la Presa Milpillas. Por supuesto que en esa mesa de trabajo no hubo presencia de ejidatarios que se oponen al proyecto, en cambio, sí hubo la insistencia desde la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que se garantice el respaldo de las comunidades y el proyecto se pueda realizar.
Bien raro que a la reunión asistieron integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. ¿Será que la Presa Milpillas se hará a punta de tolete?
Por lo demás, sigue el show por la intentona de varios ayuntamientos para municipalizar el servicio de Tránsito; al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) le dieron atole con el dedo el secretario de Educación, Mario Delgado, los dejó plantados otra vez (así que se prevén nuevas manifestaciones); Zacatecas y Guadalupe fumaron la pipa de la paz con la recolección de basura (aunque siga el pleito por el incremento de las tarifas de agua potable); y continúa la pasarela de prospectos (y prospectas) que aspiran a la candidatura a la gubernatura en 2027.
Ese es el Zacatecas donde todo pasa, y nada pasa. Así que en este espacio nos vamos de vacaciones porque, como dijera sabe quién, «es justo y necesario». Nos leemos en agosto.
