El gobernador David Monreal pretende encabezar un movimiento nacional con el que pueda convertirse en referente para otras entidades, con énfasis en el tema de seguridad. Y no es broma, esa ha sido la instrucción en las últimas reuniones de gabinete de la «nueva gobernanza» donde no se admiten críticas al desastre de la actual administración.
Lástima que para pretender ser un referente y encabezar un movimiento nacional (no se ría), incluso en el tema de seguridad, parecen gallinas descabezadas, sin planeación, sin estrategia y sin rumbo.
La multicitada disminución en la incidencia de homicidios dolosos, de inicio, ni siquiera ha tenido una estrategia integral de posicionamiento de contribuya a revertir la percepción negativa sobre la inseguridad en Zacatecas, mucho menos para que esa percepción penetre en otras entidades y que eso se traduzca en un incremento en el flujo de visitantes que reactiven la actividad turística.
En el colmo de una administración que vive en su burbuja del bienestar, este miércoles el gobernador encabezó un acto protocolario por el que se formaliza la donación de terrenos para «la construcción del nuevo C5 en Guadalupe», y la promesa (¿o era amenaza?) de que en el futuro se convertiría en un C7.
Sin embargo, el dichoso Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), al que desde hace tiempo le quitaron la «i» de «inteligencia» (porque eso ahorita no se lo vienen manejando), ha sido un calvario de errores desde que inició el proyecto.
Como se recordará, en octubre de 2022 el gobernador David Monreal había adelantado que el proyecto «más abicioso» en materia de seguridad pública tendría una inversión superior a los 700 millones de pesos.
Para entonces, el periodista Gabriel Contreras ya había expuesto en su portal Agenda Política el esquema de corrupción que había detrás del proyecto, con el procedimiento de adjudicación directa PS-SAD-400-2022, mejor conocido como proyecto “Solución Tecnológica Integral de Monitoreo y Atención Ciudadana” en Zacatecas, que derivó en el contrato SAD/DJ/PS/152/2022 celebrado con la empresa Comunicación Segura SA de CV, filial de Seguritech Privada SA de CV, propiedad del empresario Ariel Zeev Picker Schatz.
A la par del anuncio, también en octubre de 2022, el Ejecutivo estatal remitió al Ayuntamiento de Guadalupe la solicitud de donación de un predio en el Cerro San Simón para la construcción del C5 (en aquél entonces sí le incluían la «i» de «inteligencia). Y a partir de ahí todo fue error tras error.
Con bombo y platillo, el 6 de marzo de 2023 se realizó un acto protocolario para la colocación de la primera piedra en el polígono del Cerro San Simón, en tiempos en los que Julio César Chávez Padilla aún era alcalde de Guadalupe.
No obstante, el Gobierno del Estado aún no tenía posesión del predio, pues fue hasta el 8 de junio de 2023 (cuando se hubo consumado el desafuero del entonces alcalde guadalupense) cuando el Ayuntamiento de Guadalupe remitió a la 64 Legislatura la solicitud de donación del predio en cuestión.
Nada más que nadie se fijó en las letras chiquitas del acuerdo aprobado por el Cabildo, en el que especificaba de las 8.8 hectáreas que comprendía el Cerro San Simón, al menos 3 hectáreas estaban comprometidas en el Fideicomiso de Administración e Inversión para la Creación de un Fondo para el Desarrollo Económico y Turístico del «Cerro San Simón».
Con esa omisión, el dictamen fue aprobado por la 64 Legislatura el 16 de noviembre de 2023. Y las obras del cacareado proyecto así continuaron, justamente en las 3 hectáreas que estaban comprometidas en el Fideicomiso y que quedaban excluidas del dictamen aprobado por los entonces diputados y diputadas locales, como señalamos en este espacio en su momento.
Más de un año después de aquella sesión del 16 de noviembre de 2023, el tema regresó a la 65 Legislatura para autorizar la donación de la superficie restante para que el proyecto del C5 pudiera continuar, en particular un inmueble con valor catastral por 32 millones 862 mil 692.80 pesos cuya solicitud de donación fue recibida en los últimos días de la 64 Legislatura (agosto de 2024), pero cuyo trámite concluyó en la actual, con la aprobación del dictamen correspondiente en sesión (nocturna) del 15 de diciembre de 2024.
Y ahí viene lo mejor, pues en esa fecha se remitió vía oficio el Decreto 68 aprobado por la 64 Legislatura para conocimiento del Ayuntamiento de Guadalupe, pero también para ser publicado en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado, publicación que no ocurrió en lo inmediato, sino hasta el pasado 30 de abril, es decir, cuatro meses y medio después de aprobado el dictamen.
Además, el acto de entrega de escrituras (ahora sí, de manera definitiva) se da casi siete meses después de aprobado el último dictamen, y más de dos meses después de su publicación en el Suplemento del Periódico Oficial… y 28 meses después de colocada la primera piedra.
Eso significa que han transcurrido más de dos años de trabajos en la construcción del C5 sin tener la certeza jurídica sobre los terrenos y bienes inmuebles sobre los que se edifica el megaproyecto de la «nueva gobernanza» en materia de seguridad que se estimaba concluir en 2027.
De hecho, el C5 forma parte de los tres proyectos plurianuales considerados en los anexos del Presupuesto de Egresos Estatal de los últimos tres años, igualito que el Viaducto elevado que nadie pidió y en el que se invertirían más de 3 mil 650 millones de pesos.
Pero si alguien pensaba que el tema del Viaducto elevado ya había concluido, la verdad no es así, y no sólo porque falta la extinción del Fideicomiso correspondiente, sino porque la «nueva gobernanza» ha entrado en un nuevo problema con el convenio de terminación anticipada firmado recientemente.
Resulta que las empresas Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, filiales de Grupo HYCSA que ganaron la licitación del Viaducto elevado, se negaron a establecer una cláusula por la que se determinaba y especificaba el monto de liquidación para zanjar el asunto y todos felices.
Porque las empresas ganadoras de la licitación no sólo pretendían quedarse con el 15% de anticipo del contrato (algo así como 350 millones de pesos), sino que hoy buscan cobrar el resto de recursos inyectados al Fideicomiso por el que se financiaba la obra (que se estima ascendían a 1 mil 900 millones de pesos) justificando trabajos ya devengados.
Y si no accede la «nueva gobernanza», prometen escándalo y procesos judiciales que serán la tortura del gobernador David Monreal en lo que resta de su administración que se acerca al ocaso. Aunque seamos sinceros: la «nueva gobernanza» nunca brilló.
Así que será un bonito cuarto Informe de Gobierno, y muchjo más interesante la Glosa correspondiente en la 65 Legislatura donde, hasta donde se sabe, correrá sangre y hasta saldrán embarrados algunas y algunos diputados. Es cuanto.
