En una de esas raras jornadas en la 65 Legislatura, la sesión ordinaria de este martes tuvo temas de especial interés por el impacto social de las iniciativas presentadas, aunque en varios momentos hubo que pasar lista para confirmar que se tenía el quórum legal para continuar los trabajos.
Acostumbrados ya a su papel de emisaria de iniciativas polémicas, la diputada migrante Ma. Dolores Trejo Calzada presentó una iniciativa por la que se reforma la Constitución Política del Estado de Zacatecas y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de juicio político.
Por una parte, se propone como causal de juicio político a servidores públicos «el ejercer violencia política en razón de género». Mientras que en el artículo 150 de la Constitución, se plantea agregar una nueva disposición respecto a la no procedencia por la expresión de ideas, que aplicaría para las personas desglosadas en el artículo 151.
De acuerdo con la iniciativa de la diputada migrante, la excepción por la que sí procedería un juicio político sería cuando la expresión de ideas se clasifique como «violencia política en razón de género, discriminación o que inciten al odio o la violencia».
De haberse aprobado esta iniciativa en la 64 Legislatura, casi la mitad de los entonces diputadas y diputados habrían sido sujetos a juicio político por la expresión de ideas que incurrirían en los supuestos de la reforma, aunque los ejemplos más elocuentes son Juan Mendoza, Enrique Laviada, Priscila Benítez, Ernesto González Romo, Roxana Muñoz, Karla Valdez y más…
Si bien la iniciativa respondería a los avances en la protección de derechos de las mujeres y grupos minoritatios, en nuestra entidad no se olvida que es precisamente la violencia política en razón de género la herramienta más utilizada por una secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas para eliminar del camino a sus enemigos (y enemigas) políticas, incluyendo a la prensa incómoda.
No sería gratuito pensar que esta iniciativa ahora se encamine a enjuiciar a quienes también tienen la lengua muy larga sin pensar si en su discurso incurren en los supuestos de la reforma cuando se trata de la libre expresión de ideas, no sea que las pieles delgadas se vuelvan mustias…
La jornada legislativa de cambios a la Constitución continuó con la diputada Karla Estrada, quien presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho de toda persona a ser buscada, tratándose de casos de extravío o desaparición de personas.
Entre las diversas disposiciones, se establece que en casos de desaparición forzada o por particulares, trata de personas o extravío, el estado deberá garantizar las acciones de búsqueda, localización e indentificación, aspectos que han fallado según las denuncias de colectivos de búsqueda, más cuando se trata de notificar a los familiares la localización de una persona, aunque sea sin vida. Y de eso sobran ejemplos en Zacatecas.
Además, la iniciativa insiste en que el estado garantice el derecho a la verdad, no que un día diga que se hallaron bolsas de basura y horas después diga que siempre no, que eran cadáveres.
Ya de paso, se propone que el estado garantice el derecho a la justicia, a la protección judicial efectiva (no a la revictimización, como ha sido usual con esta «nueva gobernanza»), a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.
Sabe por qué será que en los últimos dos años no han sido pocas las iniciativas presentadas (y aprobadas) que se relacionan con la atención (desde diferentes aristas) del grave problema de la desaparición de personas. Dice el gobernador David Monreal que hoy Zacatecas es el estado más seguro del país…
Los diputados Renata Ávila y Alfredo Femat también hicieron lo propio en la jornada de este martes al presentar una iniciativa conjunta a fin de establecer las llamadas licencias menstruales en el sistema educativo, cuando se trate de estudiantes diagnosticadas con dismenorrea incapacitante o endometriosis en estado II.
Esta iniciativa es complemento de otra ya presentada y aprobada en el primer año constitucional de la 65 Legislatura, enfocada en quienes laboran en el servicio público. El siguiente paso sería llevar esta iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal del Trabajo y que estas licencias menstruales lleguen a la iniciativa privada en todo el país. Y son iniciativas que sí benefician e impactan en más de la mitad de la población mexicana.
En contraparte, hasta dio ternura la iniciativa presentada por el diputado Marco Vinicio Flores para establecer que la Secretaría de Economía de Zacatecas también tenga entre sus responsabilidades impulsar el desarrollo de la actividad energética de la entidad mediante planes, programas y estrategias que favorezcan la promoción de su potencial. Y que para ello, la dependencia contará con la Agencia de Energía.
Qué tan mal andará con sus asesores que nadie le dijo que la Agencia Estatal de Energía se extinguió por decreto desde el 2022 (cuando apenas se había puesto en marcha en agosto de 2021 por el exgobernador Alejandro Tello), incluso para el ejercicio fiscal 2023 ya no se le asignó presupuesto. Anda muy, pero muy perdido…
Omar Téllez, con cinco denuncias
Desde el proceso electoral 2024 ya se sospechaba que el exalcalde priísta del municipio de Pinos, Omar Téllez Aguayo, había traicionado al tricolor al entregar uno de sus bastiones a MORENA y su actual presidente municipal Armando Contreras.
Lo que no se esperaba era que se rompieran esos acuerdos de complicidad, como lo sugieren las cinco denuncias presentadas en su contra por Contreras Mata, así como la síndica Margarita Cardona y el tesorero Francisco Javier Camarillo, en contra del exalcalde y quien resulte responsable.
Y los motivos son varios, como la presunción de desvío de recursos, abuso de funciones, desacato y otras por la falta del pago de obligaciones a la CFE; por obligaciones patronales al IMSS, por la omisión del pago del impuesto predial al SAT; por abuso de funciones al gasto público excesivo; por abuso de funciones, desvío de recursos «y las que resulten».
Como quien dice, se fueron recios contra Omar Téllez, y aún falta ver cómo viene la revisión de sus cuentas públicas. A ver de a cómo salen las observaciones…
Reunión con Newmont
Sobre un supuesto comunicado de la minera Newmont respecto a un eventual cierre de Peñasquito en 2029 y el recorte de plazas, el secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, señaló que «es una información un poco contradictoria».
Más allá del reciente anuncio de la venta de acciones en Orla Mining por unos 439 millones de dólares, se sabe que las exploraciones de la minera aún tienen proyección para 25 o 30 años más.
Para clarificar esta información, Miranda Castro ha anunciado que este miércoles sostendrá reunión con Ana López Mestre, CEO de Newmont para América, aunque todo indicaría que se trata de ajustes en cargos administrativos, más que operativos en mina.
Lo anterior impactaría más en los empleos registrados en Ciudad de México y en Nuevo León, que es donde Newmont tiene instaladas sus oficinas, luego de salir de Zacatecas por la violencia (así lo dijo).
No hay que olvidar que en Zacatecas, las industrias extractivas generan más de 15 mil 300 empleos formales directos, que luego se multiplican con las cadenas de proveeduría. Así que no es poca cosa la aportación de la minería en nuestra entidad, incluyendo los impuestos de remediación ambiental.
