Lo que otrora fuera la comparecencia «de las peticiones», en esta ocasión fue un bodrio sin pies ni cabeza en el que ni se posicionaron los resultados de la Secretaría de Obras Públicas (donde se jugó con cifras del último año mezcladas con los resultados en cuatro años de gobierno), ni cuajó la crítica de la oposición.
Pese a su reciente nombramiento como titular de la dependencia tras la abrupta salida de Luis de la Peña, la secretaria Mildret Karla Montes Incháurregui demostró que trae los pelos de la burra en la mano, que conoce su dependencia de cabo a rabo y que, además, le apasiona el área en la que se desempeña. Igualito que Susana Rodríguez al frente de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA).
Lo que tal vez no convenció fue la afirmación de que esta será la administración de mayor obra pública en la historia de Zacatecas, un compromiso que se lanzó desde la Glosa del Primer Informe de Gobierno en 2022, cuando un titubeante Guillermo Carrillo Pasillas encabezaba la dependencia y cuya comparecencia retomaremos líneas adelante.
La de ayer se centró en la inversión histórica en obra pública (en cuatro años ya van más de 5 mil 887 millones de pesos), la atención a la red carretera estatal (van al 50% de los 5 mil kilómetros que comprende), infraestructura en municipios y, por supuesto, el Viaducto elevado que nadie pidió.
Ciertamente, el presupuesto destinado a obra pública con la «nueva gobernanza» supera con creces lo invertido en administraciones anteriores; sin embargo, los beneficios de lo invertido no parecen permear entre la población que sigue viendo el deterioro de las carreteras y el lento avance en su mantenimiento, quizá por ser un problema más visible.
Claro que hay otro tipo de obras que no se ven, pero se sienten, como la infraestructura social básica que comprende redes de agua potable y drenaje, redes eléctricas, entre otras que no parecieron relevantes durante la comparecencia de Mildret Karla Montes, como la infraestructura de salud.
En cambio, el tema carretero acaparó gran parte de las intervenciones de nuestros diputados y diputadas. ¿Que la red carretera está para llorar? Sí, está para llorar, pero en las cuentas de la SOP, van unos 2 mil 500 kilómetros atendidos de los 5 mil que comprende la red carretera estatal, más algunos tramos federales.
Pero en esas cuentas falta contabilizar cuántos kilómetros resultan dañados por las lluvias (o alguna otra contingencia) y cómo impacta este retroceso frente a los kilómetros atendidos, más el gasto que eso implica.
Un aspecto que pasó de noche a nuestros legisladores es que, según la titular de la SOP, actualmente cuentan con tres módulos de pavimentación «activos», pero en la comparecencia de Guillermo Carrillo Pasillas, por allá en 2022, señalaba que en el primer año se transitó de un módulo a cinco. ¿Entonces en tres años pasamos de tener cinco módulos a sólo tres? Así se entendería por qué se ralentizó el avance en la atención a carreteras.
En 2022 se calculaba una inversión requerida superior a los 8 mil millones de pesos para atender los 4 mil kilómetros de carreteras en condiciones de regular a malas, de los 5 mil kilómetros que comprende la red carretera estatal. No obstante, en la ejecución se observaba disparidad en los costos, pues en algunos casos no superaban 1.5 millones por cada kilómetro y en otros, rondaba los 4 millones. Según las cifras reportadas en la comparecencia de este lunes, el costo promedio ronda los 2 millones. ¿Por qué sigue la disparidad de costos?
En materia de obra pública convenida con municipios, en el último año (o al menos eso se entendió) se invirtieron 158 millones de pesos en convenio con 31 municipios (de todos los colores), aunque de ese monto al menos 78 millones de pesos corresponden a Valparaíso. ¿Que hay municipios que no tienen de dónde convenir? Sí, los hay, pero también los hay que estiran los centavos para convertirlos en pesos.
El problema de convenir con el Gobierno del Estado, y eso no se comentó durante la comparecencia, es que a los municipios no se les permite intervenir en los procesos de licitación, los cuales son procesos tardíos, a veces con la sospecha de beneficiar a un pequeño número de empresas (las favoritas de la «nueva gobernanza»), a sobrecosto y con retraso en su ejecución, lo que pone a los municipios en riesgo de observaciones por alguna auditoría.
Total, que también fue la comparecencia de las mociones de orden, del tiempo agotado en la mayoría de las intervenciones (y la terquedad de seguir hablando porque nuestros diputados y diputadas no han aprendido a ser concretos), de los lugares comunes (para variar), de las preguntas sin respuesta, y de la usurpación de una lucha ciudadana para cancelar el megaproyecto de movilidad en el que se invertirían más de 3 mil 650 millones de pesos.
Porque sí, el Viaducto elevado que nadie pidió fue tema recurrente en gran parte de los cuestionamientos de nuestros diputados y diputadas. Que si tenían o no tenían los permisos para comenzar la obra (no los tenían), que si por qué anticipo (estaba en el contrato), que si por qué a precio alzado, que si cuándo se iba a recuperar el 15% del anticipo dado a las empresas ganadoras de la licitación, que si a dónde se iba a destinar el recurso del Fideicomiso, que si sanciones para los responsables de la cancelación de la obra (que es competencia de la Secretaría de la Función Pública) y así…
Una parte de los cuestionamientos ya los había respondido la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras; otra parte la contestó la secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes; otra parte corresponderá a la secretaria de Desarrollo Urbano, Luz Eugenia Pérez Haro; y la última tocará responder al zar anticorrupción, Ernesto González Romo, si es que no se dedica a despotricar por enésima ocasión en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes.
El momento de muy mal gusto fue cuando las diputadas Maritere López y Karla Estrada convirtieron el Pleno en propaganda para el alcalde capitalino Miguel Varela dizque por negarse al proyecto y «negarse al soborno»… cuando la cancelación del proyecto fue más una lucha ciudadana, promovida principalmente por el Colectivo Ciudadanía Participativa de Zacatecas, gracias a una serie de amparos ganados en tribunales.
Finalmente, y sólo como observación, la comparecencia de la Secretaría de Obras Públicas siempre es una oportunidad para conocer qué diputados o diputadas realmente recorren su territorio, sus distritos, especialmente con sus peticiones de atención carretera.
Y en la comparecencia de este lunes únicamente se vio esta dinámica de peticiones con los diputados David González, Susana Barragán, Martín Álvarez, Georgia Miranda, Jaime Esquivel, Dayanne Cruz y Jesús Badillo. ¿Y los demás? Aunque sean plurinominales, ¿no recorren territorio?, ¿o su territorio se limita a la extensión de lo que abarcaría el Viaducto elevado que nadie pidió?
