Lo que se anunciaba como una nueva parálisis para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) poco a poco cede conforme se ofrece claridad respecto a los 491 movimientos en la nómina universitaria en la que se acusaba ilegalidad, aunque no por ello la Máxima Casa de Estudios deja de estar en crisis ante la falta de recursos para cerrar el año.
Ciertamente, el último año no ha sido ordinario para la Universidad, con una huelga que se prolongó casi un mes, un proceso electoral para la renovación de la Rectoría, un proceso penal que obligón a designar rector interino y hoy, la polémica por la supuesta violación al Contrato Colectivo con esos 491 movimientos irregulares en las plazas docentes.
Sin embargo, este último punto requiere diferentes perspectivas para contextualizar. Por una parte, la secretaria general del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), Jenny González Arenas, ha acusado que esos 491 movimienots se hicieron sin una convocatoria de por medio, ni concurso ni examen. Que se trató de decisiones unilaterales «e ilegales» de la parte patronal, es decir, la Rectoría (o el rector en turno).
Estas acusaciones llevaron a un paro generalizado en la mayoría de las unidades académicas esta semana, que al pasar de los días va retomando sus actividades al reconocer que entre estos movimientos sí hubo un proceso legal y apegado a la normatividad.
En contraparte, el actual rector Ángel Román Gutiérrez, además de establecer mesa de trabajo de inmediato con la parte sindical a fin de resolver el asunto, ha propuesto que instancias federales pratiquen una auditoría integral a la Universidad a fin de esclarecer esos 491 movimientos, pero también a toda la nómina, a sus finanzas y a la parte académica.
En este entramado, no hay que olvidar que producto de la huelga a principios de este 2025 se logró la publicación de convocatorias para recategorizaciones y para incremento de horas de trabajo, documentos publicados en febrero de este año (antes del proceso electoral de la UAZ) cuyas primeras autorizaciones se realizaron a partir del mes de mayo.
En ese entonces ocurrió la detención y posterior vinculación a proceso del exrector Rubén Ibarra Reyes por el delito de abuso sexual agravado en contra de una menor de edad, lo que obligó a designar rector interino, un cargo que se le confirió a Armando Flores de la Torre a partir de ese mismo mes de mayo y hasta principios de septiembre, cuando Ángel Román rindió protesta como rector de la UAZ.
Así pues, gran parte de la responsabilidad en los supuestos movimientos unilaterales «e ilegales» corresponderían al rectorado interino de Armando Flores, según consta en al menos 11 de las 15 minutas publicadas por el SPAUAZ relativas a los movimientos autorizados y no procedentes por la Comisión Mixta.
Lo anterior significa que tanto la parte patronal como la sindical estuvieron de acuerdo en dichos movimientos. Y fueron casos que derivaban de las convocatorias publicadas en febrero de este año, lo que daba certeza y legalidad a dichos movimientos, incluyendo los correspondientes a Ángel Román ya como rector de la UAZ (las últimas cuatro minutas).
Hasta ahí todo bien, a tal grado que los paros se han levantado en varias unidades académicas. Sin embargo, sigue habiendo una fuerte discusión sobre otros movimientos en plazas docentes que la parte sindical ha acusado de «unilaterales e ilegales» y que básicamente corresponderían a plazas que no pasaron por concurso ni examen.
En este caso habría qué preguntarse si habría más de una postulación o si, por el contrario, en la Universidad sólo existe una persona docente para impartir tal o cual materia, por grado de especialización o por falta de interés para concursar. De ser así, ¿la parte patronal no estaba en su derecho de autorizar esos movimientos cuando no había más de un aspirante?
Evidentemente, la pregunta exige una revisión puntual a esos casos en particular y verificar si había más de una postulación, pues en tal caso sí podría considerarse un movimiento «unilateral e ilegal», habiendo condiciones para someter a concurso. De lo contrario, ¿dónde estaría la «ilegalidad»?
Además, no hay que olvidar que en el caso de los movimientos derivados de las convocatorias publicadas en febrero fueron autorizados (o no procedentes) por la Comisión Mixta, cuyos integrantes no variaron (excepto por una persona) entre el rectorado de Armando Flores y el de Ángel Román.
Por encima de todo, y en aras de abonar a la transparencia en la Universidad, sería oportuna la propuesta del rector Ángel Román para practicar una auditoría intergal a la Máxima Casa de Estudios, particularmente luego del desastre que fue el rectorado de sus antecesores.
Sin embargo, habría que ver a qué periodo se limitaría esa auditoría integral y si tendría consecuencias legales o si, por el contrario, terminará como la auditoría especial al ISSSTEZAC cuyas anomalías observadas ahí quedaron, en el papel, sin tener consecuencias y sin responsables del quebranto.
Por último, y ante la otra crisis que se viene para la Universidad, ¿habrá condiciones para que la parte patronal y la sindical se unan en las gestiones de los 480 millones que hacen falta para el cierre de 2025?, ¿o al sindicato sólo le importa extender la mano para pedir?
