Cada segundo se comparten más de 130 GB de información con contenido sexual para adultos (pornografía) en sitios de internet. Cada segundo. Y se estima que en todo el mundo hay más de 100 mil de páginas de internet con pornografía infantil. ¿Cuántos minutos tardaría una publicación en replicarse en el 1% de ese universo se sitios de internet?
A esta pregunta habría que agregar el problema que implica la distribución de este tipo de contenidos por otras vías, incluyendo redes sociales (que son muy laxas respecto a la pornografía, pero muy duras cuando se trata de temas como el aborto, el abuso sexual o la violencia).
El más reciente escándalo sobre pornografía infantil, a principios de este 2025, involucró la actuación de 36 países para el cierre de la plataforma Kidflix, una de las mayores plataformas de videos con este tipo de contenidos en el mundo, así como la identificación de 1 mil 393 personas involucradas y 79 detenidas.
Lo anterior nos permite dimensionar la gravedad del caso registrado recientemente en Zacatecas, en la Secundaria Técnica 1, donde se estima que hay más de 400 adolescentes víctimas de violencia sexual digital con la creación de contenidos mediante Inteligencia Artificial (IA). Y lo peor: todo indica que en complicidad con autoridades educativas.
Y aunque ya van cerca de 80 denuncias presentadas por este caso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), se corre el riesgo de que las víctimas no tengan justicia ni protección.
El tema fue subido a tribuna por la diputada Isadora Santiváñez durante la sesión legislativa de este martes en Asuntos Generales. En su intervención, no sólo recordó la iniciativa que ella misma presentó desde el 30 de septiembre para reformar el Código Penal del Estado de Zacatecas en materia de delitos contra la intimidad sexual, incluyendo contenidos creados con IA. Pero la iniciativa aún no se ha dictaminado en la Comisión de Justicia que preside el diputado Martín Álvarez Casio.
Para hechos se sumaron las diputadas Renata Ávila, Susana Barragán y Ana María Romo, ya sea para insistir en la aplicación de la Ley de Salud Mental o la reforma a la Ley de Educación; para dictaminar la llamada «Ley Vicaria»; o para aplicar el artículo 101 Bis de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes a fin de proteger a la niñez frente a la violencia digital.
No obstante, el llamado fue reiterado: que sesione la Comisión de Justicia para dictaminar sobre las tantas y tantas iniciativas que le han sido turnadas (es la que mayor carga de trabajo ha tenido en esta 65 Legislatura), pues la última vez que sesionó fue para dictaminar sobre el abuso sexual luego del caso del exrector de la UAZ y sólo porque hubo presión social.
Pero ¿de qué manera se ajusta el caso de la Secundaria Técnica 1 a las iniciativas propuestas y pendientes de dictaminar? Porque hablamos de menores de edad que habrían incurrido en esta conducta a la que se consideraría delito únicamente en el supuesto para mayores de edad.
Más allá de que este tipo de violencia sexual digital con el uso de IA aún no se haya tipificado en el Código Penal del Estado de Zacatecas, surgen otras dudas a partir del caso de la Secundaria Técnica 1.
Por ejemplo, ¿las víctimas dieron su consentimiento para tomarles fotografías (que posteriormente serían utilizadas para la creación de contenidos sexuales con IA sin su consentimiento? De no ser así, ¿qué autoridad garante (antes hubiera sido el IZAI) protege sus datos personales (que incluye la protección de datos biométricos)?
En segundo lugar, ¿cómo dimensionar el impacto real sobre la difusión de estos contenidos? Es decir, ¿hasta dónde llegó su distribución? Y en ese sentido: ¿un contenido de este tipo, usando una IA, puede ser considerado pornografía infantil?
En última instancia, preocuparía que estas conductas que en adultos podrían considerarse delitos sean cada vez más recurrentes en menores de edad. Recordemos que no ha sido un solo caso de menores involucrados en la comisión de homicidios dolosos.
¿No es momento de replantearse la edad punitiva para ciertos delitos? Porque las nuevas generaciones, dicen, «están más depiertas» y al menos en la adolescencia, ya no son tan ingenuas ni tan ignorantes sobre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿la justicia para adolescentes está siendo muy laxa, o va en correspondencia al tipo de conductas en las que incurren?
Cierto es que parte de la descomposición del tejido social ha sido responsabilidad de padres y madres de familia. Sin embargo, sería una afirmación muy fácil cuando sabido es que el actual modelo económico y la precariedad de los ingresos en los hogares les obliga a trabajar por más horas, y con frecuencia a más de un miembro de la familia, para garantizar el sustento básico, lo que dejaría sin la protección o vigilancia adecuada a menores de edad.
¿El Estado no es corresponsable?
El PAN siendo PAN
A propósito de la sesión legislativa de este martes (y del tema educativo), a nombre de la bancada del PAN, la diputada Maritere López presentó una iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a analizar, discutir y, en su caso, aprobar las reformas a la Ley del ISR, para permitir la deducción de gastos educativos en todos los niveles escolares y actualizar los montos máximos permitidos para dicho fin.
Sobra decir que la iniciativa va más encaminada a ayudar a los hogares de mayores ingresos para deducir estos gastos en instituciones educativas privadas, particularmente con la modificación propuesta para que estos gastos también sean deducibles en el nivel superior.
No es como que la Universidad Autónoma de Zacatecas pase por su mejor momento, sobre todo con el tufo de corrupción que le fue heredado al actual rector Ángel Román. Sin embargo, ¿no podía el PAN pensar primero en fortalecer la educación pública de nivel superior, esa que con frecuencia representa la única oportunidad de estudios para los hogares de menos ingresos?
