Cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los gobiernos nos recetan un mar de conferencias para hablar de las múltiples violencias y desigualdades que persisten en este sector. Y no faltan los reiterados compromisos de «cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas» que rara vez pasan más allá del discurso.
La promesa del «llegamos todas» o «es tiempo de las mujeres» pierde efecto cuando se analizan tantas estadísticas que muestran pocos avances y algunos retrocesos, mucho más cuando la pretendida transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas no atiende realmente las violencias y desigualdades que persisten para mujeres y niñas.
Pero este 2025 fue un Día Naranja muy negro para Zacatecas. Porque mientras las instituciones cumplían con la programación de conferencias alusivas a la conmemoración del 25N, en la comunidad de San Jerónimo, en Guadalupe, un hombre de 29 años de edad, originario del Estado de México, se creyó dueño de la vida de una adolescente de 15 años de edad y le arrebató la vida a puñaladas.
Diego «N», detenido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto el mismo martes, fue más allá y también asesinó a los padres de la adolescente, a quien habría privado de la libertad para quitarle la vida horas después.
Si bien la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) que encabeza Christian Paul Camacho Osnaya actuó con celeridad para detener al presunto feminicida, su detención no le devolverá la vida a la adolescente ni a sus padres. Y este triple homicidio (con la agravante de feminicidio), precisamente en un 25N, ratifica que aún se está lejos de alcanzar una vida libre de violencia para las mujeres.
Mientras esto ocurría, el gobernador David Monreal y la secretaria de las Mujeres, Karla Guardado Oropeza, participaban en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para la firma del Compromiso Nacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, un acto en el que la Federación había requerido la participación de la diputada local Renata Ávila, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, como en los demás estados, pero la «nueva gobernanza» no le convocó (y hay pruebas, como constatamos en este espacio).
Esta exclusión no sólo podría constituir violencia política en razones de género. También deja ver que, a pesar de pertenecer a una misma coalición gobernante (MORENA-PT-PVEM), esta administración no tiene ni el mínimo de coordinación entre poderes para trabajar en favor de las mujeres.
Tampoco es que se pudiera esperar mucho de una SEMUJER que ha callado ante las violencias hacia las mujeres: calló el 8M de 2024 ante la brutalidad policiaca que violentó a las manifestantes (entre ellas menores de edad y adultas mayores); calló ante el escándalo de violencia sexual digital en la Secundaria Técnica 1 y las cerca de 400 víctimas (menores de edad); calló ante el caso de Rubén «N» y el abuso sexual agravado en contra de una menor de edad; calló ante el otro escándalo de violencia sexual digital donde a través de un grupo de mensajería se compartían fotos íntimas de mujeres y en algunos casos hasta implicaban trata de personas; y más recientemente ha callado en torno a las denuncias de acoso sexual y hostigamiento a estudiantes y docentes del Centro de Actualización del Magisterio (CAM). Y así podríamos enlistas muchos más casos de silencio institucional que también violenta a las mujeres.
Este silencio institucional se extiende a otras dependencias, como la Secretaría de Educación (SEDUZAC) que encabeza Gabriela Pinedo, más concentrada en atender las posadas del bienestar (o como quiera que le hayan denominado) que en los problemas que aquejan al sector educativo, desde la federalización de la nómina magisterial y las demandas no atendidas de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), o la atención a los casos de delitos sexuales en la Secundaria Técnica 1 (donde no ha habido consecuencias) ni en el CAM donde ninguna autoridad se apersonó para escuchar a las denunciantes, así que la protesta continuará este miércoles hasta que alguien se digne a hacer valer esos discursos que tanto pregonan los gobiernos cada 25N.
Podrán recetarnos un mar de conferencias para visibilizar las violencias y desigualdades que afectan a mujeres y niñas, pero mientras la «nueva gobernanza» y el llamado Segundo Piso de la Transformación no pasen del discurso a las acciones, no cambiará esa violenta realidad para las zacatecanas. Y el caso en San Jerónimo está para recordárselos.
