El pasado viernes 28 de noviembre, dos días antes de vencer el plazo legal, la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras, entregó al Poder Legislativo el proyecto de Paquete Económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la miscelánea fiscal para el próximo año.
Esta entrega se realizó mientras agremiados a la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantenían la toma del bulevar Eje Metropolitano en ambos sentidos, en protesta por la falta de transparencia en el proceso de federalización de la nómina educativa.
Así pues, uno de los temas cuestionados a la titular de la SEFIN fue precisamente las proyecciones para la nómina educativa en el próximo ejercicio fiscal. En respuesta, la funcionaria reconoció que el déficit de casi 4 mil millones de pesos sigue siendo una fuerte presión, por lo que insistió en la federalización de la nómina educativa, que despresurizaría las finanzas estatales con unos 356 millones de pesos por año por cerca de 900 plazas que pasarían a la Federación.
Sin embargo, el contenido del proyecto de Paquete Económico 2026 muestra otra realidad más encaminada a la incertidumbre para el magisterio, pues en la propuesta de Ley de Ingresos, particularmente lo relativo a «Convenios y Asignaciones», se proyecta recaudar unos 2 mil 700 millones de pesos del programa U080 para «Apoyos a centros y organizaciones de educación».
Dicho programa ha sido el salvavidas para la «nueva gobernanza» para compensar el déficit en la nómina educativa, y los flujos habrán tenido un incremento del 123.22% (1 mil 490 millones 441 mil 416 pesos) respecto al 2019, cuando se implementó por primera vez dicho programa.
No obstante, el hecho de que se prevean 200 millones de pesos más que este 2025, y hasta 700 millones más que lo solicitado en 2024, más bien sugiere que no está garantizada la federalización de la nómina educativa y que, por el contrario, el déficit se agudizará el siguiente año.
Además, este incremento es más significativo si se considera lo expuesto en el Artículo 23 del proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, donde se menciona que actualmente existen 39 mil 558 plazas del magisterio, una cifra menor a las 40 mil 6 que había en 2024. O sea que, por una parte, las plazas en el magisterio van a la baja, pero al mismo tiempo sube el déficit en la nómina magisterial. ¿No es raro?
Los temibles ingresos
De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos, para el 2026 se prevé recaudar 42 mil 92 millones 435 mil 41 pesos; es decir, 1 mil 969.9 millones de pesos más que lo proyectado en 2025 y que significaría un crecimiento global del 4.91 por ciento.
Los ingresos de origen federal crecerán en 4.73% (1 mil 692.2 millones de pesos), mientras los ingresos propios incrementarán en 6.42% (apenas 277.7 millones de pesos).
Respecto a los ingresos de origen federal, sólo se prevé un recorte en las Aportaciones por (-)0.82%, equivalente a 137.7 millones de pesos. En cambio, el principal crecimiento sería en las Participaciones por 1 mil 475.2 millones de pesos más (10.57%); seguido por los Ingresos Coordinados, con crecimiento de 217.6 millones (43.77%), y Convenios y Asignaciones, por 137 millones (2.99%).
Respecto a los ingresos propios, la recaudación de Impuestos tendría un incremento de 209.6 millones de pesos (8.46%), mientras los ingresos por el cobro de Derechos crecería en 252.9 millones (19.90%).
Únicamente se prevé una caída de 204.2 millones de pesos en Aprovechamientos, aunque esto implique (-)51.01% menos que lo proyectado para este 2025. Esto se debe principalmente a que se dejarán de recaudar unos 207.5 millones de pesos (-59.03%) por Reintegros.
En el caso de los Impuestos, se prevé una caída en la recaudación de Impuestos sobre los Ingresos por 67.7 millones de pesos (-95.56%). Esto significa que habrá casi nula recaudación por loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos y concursos.
En cambio, el mayor crecimiento sería en la recaudación por el Impuesto sobre Nóminas, con 206.8 millones más que este año (13.74%). De hecho, sería la principal fuente de ingresos propios respecto a los impuestos, con una recaudación proyectada en 1 mil 711.5 millones de pesos; le seguiría el Impuesto para la UAZ, con una previsión de 311.8 millones; los Ecológicos, con 300 millones; y el Adicional para la Infraestructura, por 293.6 millones de pesos.
Respecto al pago de Derechos, los de Control Vehicular pasarán de 871.1 millones de pesos este año a 1 mil 15 millones 266 mil 546 pesos el próximo año, es decir, un crecimiento del 16.54%, equivalentes a 144.1 millones de pesos. No se queda atrás la recaudación por Plaqueo, que pasará de 73 millones a 103.4 millones, un crecimiento del 41.68%, equivalentes a 30.4 millones.
Al respecto, sobre los impuestos que pagan propietarios de vehículos, el Impuesto Adicional a la Infraestructura prevé un crecimiento de 40.7 millones de pesos (16.12%); y el Impuesto para la UAZ, unos 22.5 millones (7.81%).
En esta ocasión, para el próximo ejercicio fiscal la «nueva gobernanza» se vio menos generosa con los estímulos, que apenas alcanzarán el 10% en el Impuesto a la Infraestructura para vehículos modelo 2016 o anteriores, cuando este año todavía se aplicaba un 20% de estímulo.
En cambio, parece que habrá mano dura contra las y los contribuyentes morosos, pues les aplicarán una tasa de recargos por mora del 1.38% mensual, cuando este año la tasa alcanzaba 0.98 por ciento.
Curiosas asignaciones a entes públicos
Respecto al reparto del Presupuesto de Egresos 2026, el mayor crecimiento será en los recursos ministrados a municipios, por 9.15% (unos 628.3 millones); seguido por el Poder Legislativo (incluyendo el presupuesto para la Auditoría Superior del Estado), por 8.03% (39.9 millones); el Poder Judicial, por 7.14% (48.1 millones); y los organismos autónomos, apenas 2.92% (108.7 millones).
En el caso del Poder Ejecutivo, tendrá un incremento del 4.04%, equivalente a 1 mil 144.7 millones de pesos. Sin embargo, no hay que olvidar que este Poder concentrará el 70.09% del presupuesto total del estado.
En lo relativo a los organismos autónomos, ya no se contempla asignación presupuestal para el IZAI, y aunque Transparencia para el Pueblo de Zacatecas (el nuevo órgano garante) dependerá de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ésta apenas tendrá un incremento de 11.1 millones de pesos (8.65%), cuando el último presupuesto asignado al IZAI fue de 29 millones.
Además, el mayor incremento será para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), por 71.4 millones (8.63%); mientras el presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) crecerá en 49.1 millones (39.05%); y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) apenas tendrá crecimiento de 5.1 millones (0.20%), pese a que el Impuesto para la UAZ crecerá en 22.5 millones de pesos. ¿A dónde se está yendo realmente esa recaudación?
En cambio, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) tendrá recorte de 2.3 millones de pesos (-5.01%), lo que a diferencia del incremento al IEEZ sugiere visos de someter al tribunal rumbo al proceso electoral 2026-2027, frente a las irregularidades que se han estado denunciando particularmente en el último mes.
Por otra parte, en lo relativo a dependencias y organismos públicos descentralizados del Ejecutivo estatal, las que tendrán mayor crecimiento presupuestal en valores nominales son la SEDUZAC, con 491.4 millones; SEFIN, 454.9 millones; SSP, 320 millones; SEDUVOT, 139 millones; SECAMPO, 132 millones; y SOP, 102.7 millones.
En valores relativos, los principales incrementos se registran en SEDUVOT, 36.97%; INCUFIDEZ, 31.54% (46.1 millones); SEZAMI, 31.01% (20.2 millones); IZC, 26.45% (52.8 millones); y SEDIF, 25.98% (146.3 millones).
Las únicas dependencias que enfrentarían recortes presupuestales son los Servicios de Salud de Zacatecas, con una caída de (-)35%, equivalente a 948.2 millones producto de la incorporación al IMSS-Bienestar.
También con recortes menores estarían la Secretaría de Administración (SAD), con (-)22.75%, es decir, 79.8 millones de pesos; y la Jefatura de Oficina del Gobernador, con (-)0.98%, equivalente a 1.9 millones.
En valores nominales, las dependencias que tendrían los menores crecimientos serían Salud, con apenas 10 mil 418 pesos; la Escuela de Restauración «Refugio Reyes», con 191 mil 107 pesos; el Instituto de Capacitación para el Trabajo, con 216 mil 998 pesos; el Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas (CEDEZ), con 488 mil 132 pesos; la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, con 595 mil 375 pesos; la Comisión Estatal de Defensa del Contribuyente (CEDECON), con 665 mil 420 pesos; el Tecnológico de Nochistlán, con 692 mil 106 pesos; y el Centro de Conciliación Laboral, con 937 mil 904 pesos.
En valores relativos, las dependencias con menor incremento serían el IZEA, con 1.93%; Defensoría, con 2.10%; Salud, 3%; SEDUZAC, 3.62%; SEMUJER, 4.01%; e Inclusión, con 4.99 por ciento.
Prioridades del gasto, ¿con interés electoral?
El Anexo 11 del proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, relativo a Ayudas sociales y subsidios que otorga el Poder Ejecutivo, ofrece una idea de cuáles serán las prioridades del gasto para la «nueva gobernanza» el próximo año.
Por ejemplo, en la SEDUZAC, las becas para alumnos de educación superior pasan de 38.6 millones a sólo 20 millones de pesos; mientras las becas para alumnos de educación básica pasan de 25 millones a sólo 20 millones.
Estos recortes quizá los pretenden compensar a través de la SEDESOL, que no tendrá variaciones en los montos asignados para apoyos en especie para educación básica (82 millones) o apoyos económicos para el mismo nivel educativo (85 millones), pero agrega una inversión de 45 millones para apoyos de calzado en educación básica.
No obstante, en la misma SEDESOL tendrán recorte en los apoyos económicos individuales, que pasarán de 240 millones a 216 millones de pesos el próximo año.
En contraparte, le irá muy bien a la SECAMPO, pues de 105 millones de pesos que tenía asignados para tractores, maquinaria e implementos agrícolas, pasará a 228.3 millones el próximo año.
La SEZAMI también tendrá un incremento en la asignación para el programa 2×1, que pasará de 31 millones de pesos de inversión a 51 millones.
Por supuesto, la cereza del pastel electoral se la llevará el SEDIF, pues de 255 millones 195 mil 602 pesos para programas alimentarios (en sus tres vertientes) pasará a 355 millones 126 mil 628 pesos (ahora con una cuarta vertiente); es decir, un incremento de 99.9 millones de pesos (39.1%) para seguir repartiendo despensas a nombre de políticos y políticas con aspiraciones electorales.
También es muy revelador el Anexo 12, relativo a los Programas presupuestarios y su asignación económica. De hecho, lo más llamativo está en la Secretaría de Obras Públicas, pues en materia de infraestructura carretera se proyecta una inversión de 894.6 millones de pesos.
Lo interesante es que el Anexo 9, relativo al Gasto de inversión pública, señala para el mismo concepto y la misma dependencia un presupuesto de 721.9 millones, que en todo caso implicaría un crecimiento del 295.13% (539.2 millones) respecto a lo asignado en 2025.
Siguiendo con el Anexo 12, en la SEDESOL hay contrastes presupuestarios interesantes, por ejemplo, en el caso de los Apoyos educativos (paquetes de útiles escolares), pasarán de 185.5 millones a 220.4 millones. Sin embago, en los apoyos para población en situación de pobreza, pasarán de 242.8 millones a 222.4 millones.
De hecho, el Artículo 16 del Presupuesto de Egresos también revela que en la SEDESOL van para atrás en derechos constitucionales, pues de haber asignado 240 millones de pesos este año para la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad, el próximo año se prevé una asignación de 215 millones.
En la SEDUVOT parece que reactivarán ahora sí el proyecto del Platabús, pues en materia de movilidad urbana pasarán de 64.5 millones a 163.9 millones. Muy bien también le irá al INCUFIDEZ, pues para mejorar instalaciones deportivas pasará de 7 millones a 40 millones de presupuesto, mientras el INZACE crecerá de 74.3 millones a 132.9 millones.
En cambio, resultan muy raras las prioridades en otras dependencias, como en el COZCYT, donde los estímulos y apoyos para el desarrollo de talento pasarán de 1.8 millones a sólo 718 mil pesos.
El argumento de incorporarse al IMSS-Bienestar también parece la justificación perfecta para que la «nueva gobernanza» se desentienda de programas importantes en materia de salud. Por ejemplo, el presupuesto para la actualización y capacitación del personal de salud pasará de 6.3 millones a sólo 1.6 millones; las estrategias para protección de la salud comunitaria pasarán de 64.3 millones a 40.6 millones; la salud para grupos vulnerables, de 121 millones a sólo 67.4 millones. Y para rematar: la atención a la salud mental pasará de 91.3 millones a sólo 41 millones.
Por último, queda claro que las acciones por la inclusión de las personas con discapacidad nunca fueron prioridad. La transversalidad para la inclusión de este sector pasará de un presupuesto de 17.1 millones a sólo 330 mil pesos, mientras la adecuación de espacios para personas con discapacidad pasará de 5.5 millones a 2.5 millones de pesos.
Eso sí, como «al pueblo, pan y circo«, el presupuesto del IZC para difusión y animación cultural permanente (festivales) pasará de 54 millones a 89.6 millones, mientras en la SECTURZ, la promoción turística pasará de un presupuesto a 34.4 millones a 55 millones.
Ya no hay Viaducto, pero sí un C5 muy opaco
El Anexo 10, relativo a los Compromisos plurianuales, asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios (PPS), muestra que entre estos compromisos ya no figura el cuestionadísimo Viaducto elevado que nadie pidió.
En cambio, se mantiene el proyecto «Solución tecnológica integral de monitoreo y atención ciudadana para el estado de Zacatecas» (el dichoso C5i), con una asignación presupuestal por 40 millones de pesos. El proyecto se prevé concluir en 2027, con una inversión global de 255 millones 77 mil pesos distribuidos entre el 2022 y el 2027.
Lo interesante es que se agrega un segundo proyecto: «Modernización tecnológica en materia de seguridad pública y proyecto denominado construcción del complejo de seguridad pública C5i Zacatecas«. Dicho proyecto, según el Anexo 10, tuvo inversión de 150 millones de pesos este año y para el próximo se proyecta invertir 185 millones (ya para su conclusión). El problema es que este compromiso plurianual no fue aprobado por la 65 Legislatura en diciembre del año pasado, y de pronto aparece de la nada, ya para concluir.
Mientras son peras o son manzanas, poca claridad quedó respecto a otro compromiso plurianual que sí aprobó la 65 Legislatura: «Gobierno digital«, que habría tenido una inversión global de 282 millones 267 mil 637.30 pesos y que habría concluido en este ejercicio fiscal, pero que la SAD nunca transparentó ni en qué consistía, ni mucho menos el o los contratos correspondientes.
La relación de Fideicomisos en el Anexo 24 también ofrece información de interés, pues de los 16 fideicomisos vigentes, únicamente cuatro tendrán inyección de recursos:
- Fondo de ayuda y reparación integral a víctimas del delito y víctimas de violación de derechos humanos (10 millones de pesos)
- Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago Plan Diferente No. 1513 (10 millones de pesos)
- Fideicomiso Impuesto sobre Nómina (5 millones de pesos)
- Fideicomiso para la promoción turística de Zacatecas (3.5 millones de pesos)
El saldo al 31 de octubre sobre el Fideicomiso del Viaducto elevado que nadie pidió se mantiene en 1 mil 613 millones 596 mil 141.49 pesos (lo que sugiere que a pesar de la cancelación del proyecto, se le siguió inyectando recurso al Fideicomiso), recursos que no podrán utilizarse en otro concepto mientras no se resuelva el conflicto legal con Grupo Hycsa.
Por último, en lo relativo al Anexo 28 sobre la Deuda Pública, queda claro que esa herencia maldita sigue saliendo muy cara, pues de los 1 mil 170 millones 354 mil 46 pesos asignados a este concepto, 528.7 millones corrresponden al pago de intereses y sólo 229.9 millones para amortizaciones o pago a capital.
Así las cosas con un paquete económico 2026 que adelanta el «Año de Hidalgo» con prioridades de gasto en obra pública (donde se pueden inflar costos o pedir moche), sobre todo en infraestructura carretera, deportiva o educativa; o los notables incrementos en apoyos a sectores muy específicos, como el educativo (particularmente en nivel superior, ese que dicen que vota); o el crecimiento exponencial en los programas alimentarios para repartir despensas con sombrero ajeno. Pero, pues, cada quién…
