Luego de un fallido «Año de la Paz» (aunque fuera por decreto), alimentado artificialmente por una disminución en los homicidios dolosos, pero con un incremento en el número de personas desaparecidas y no localizadas, no había mucha expectativa sobre el «Año del Bienestar» anunciado por el gobernador David Monreal. Y así fue…
La declaratoria de la «nueva gobernanza» coincidía con la medición multidimensional de la pobreza que a partir de este año ya no realizaría el hoy extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), sino el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ENIGH), que también publicó este año la Encuesta Nacional sobre el Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH).
Ciertamente, hubo una disminución del 7.8% respecto a 2022 en la población en situación de pobreza y pobreza extrema, y aunque Zacatecas todavía se mantiene como la séptima entidad con mayor porcentaje (por encima del promedio nacional), los resultados también son relativos si consideramos lo que muestran los tabulados de la ENIGH.
Porque en los hogares de menores ingresos aumentó la proporción de ingresos por transferencias de recursos, pero esta proporción no correspondía necesariamente a los llamados «Programas del Bienestar», sino a las remesas familiares que envían connacionales en Estados Unidos. Como quien dice, el INEGI ratificó que al menos en el caso de Zacatecas los programas sociales no están llegando a los que menos tienen.
Con el pasar de los meses, la narrativa del «Año del Bienestar» perdió efecto no sólo por la mala estrategia publicitaria, sino también por una administración deficiente en sus resultados (cuando los hubo), cada vez más cínica respecto al reparto de paliativos que no resuelven de fondo los problemas estructurales que más afectan a la entidad.
Y mientras el gobernador David Monreal perdía el tiempo en minucias políticas, como el posicionamiento sí o sí de una secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas para la candidatura a la gubernatura, las y los zacatecanos padecían la silla vacía del actual mandatario.
En aras de combatir la corrupción (o al menos ese fue el pretexto), el «Año del Bienestar» consumó la extinción del órgano garante de la transparencia y acceso a la información, el IZAI, y llegamos a diciembre y sigue sin crearse Transparencia para el Pueblo de Zacatecas (nuev órgano garante), mucho menos se ha designado titular, pese a que el plazo de ley venció en noviembre pasado.
La misma narrativa se utilizó para la llamada reforma electoral, que luego condujo a una elección extraordinaria manchada por los «acordeones del bienestar». ¿El resultado? Un Poder Judicial desmantelado que no garantiza imparcialidad de juezas y jueces, mucho menos que se haga justicia a las víctimas.
Y a propósito de justicia, más de un año y medio ha transcurrido desde aquella brutalidad policiaca cometida en contra de mujeres que se manifestaban el 8M de 2024 con motivo del Día Internacional de la Mujer y seguimos esperando la respuesta a la principal pregunta: ¿quién dio la orden?
La justicia, además, quedó en entredicho en el caso del exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, acusado de abuso sexual agravado en contra de una menor de edad, pero que al final ha de llevar su condena en libertad.
El proceso de su destitución como rector de la Máxima Casa de Estudios, así como la tardía baja del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en nada compensarán el desprestigio al que condujo a la Universidad, hoy en crisis por una pésima gestión. Y la elección para renovar la Rectoría mientras la sociedad esperaba el desenlace a la denuncia penal en contra de Ibarra Reyes tampoco vino a solucionar su crisis.
Ya que estamos en temas educativos, estamos a nada de concluir el «Año del Bienestar» y la tan cacareada federalización de la nómina educativa no ha terminado de consumarse. Y no es que no haya habido intentos, más bien la opacidad y la falta de diálogo entre las partes ha motivado una desconfianza que en diversas ocasiones derivó en protestas (con todo y bloqueo de vialidades o paros prolongados en planteles escolares).
Pero además del gremio magisterial, las protestas no faltaron en otros sectores como el campesino, pues en reiteradas ocasiones productores paralizaron al estado ante el nulo apoyo del estado y la federación para atender sus demandas.
El «Año del Bienestar» también trajo la polémica cancelación del megaproyecto del Viaducto elevado que nadie pidió, entre reproches de «estar en contra del progreso», aunque transcurridos ya casi seis meses de aquella resolución judicial, sigue sin haber claridad sobre el manejo de recursos que se destinarían a la «obra del sexenio».
Hablamos de más de 3 mil 650 millones de pesos que se estimaban como costo total del proyecto, de los cuales más de 1 mil 500 millones ya se habían ministrado al Fideicomiso correspondiente; sin embargo, esos recursos seguirán sin poder utilizarse mientras no se resuelva el conflicto legal con las empresas de Grupo HYCSA.
El otro megaproyecto que sería considerado la «obra del sexenio» fue la Presa Milpillas, y aunque para el 2026 la Federación ha etiquetado unos 2 mil millones de pesos para el proyecto, no hubo claridad sobre los 700 millones destinados para este año, pues la «nueva gobernanza» no logró acuerdos definitivos con las y los ejidatarios.
El «Año del Bienestar» también fue el preámbulo de la sucesión gubernamental en 2027, especialmente con la aprobación de la reforma en materia de «nepotismo electoral» (siguiendo la dinámica federal). Pero también fue el año de importantes reformas en materia de delitos sexuales, violencia digital (con todo y el uso de inteligencia artificial), violencia de género y violencia política en razón de género. Porque no todo el trabajo legislativo fue trivial.
Por otra parte, a nada de concluir el «Año del Bienestar», el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta que en lo que va de 2025 hay 214 personas desaparecidas y no localizadas, lo que en general representa una notable disminución respecto a los 544 casos de 2024; sin embargo, estas cifras no aminoran el daño a colectivos de búsqueda y a familiares de las víctimas, sin olvidar las agresiones que sufrieron durante el pasado cuarto informe de gobierno.
Por último, recuérdese que vamos para tres años del homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego, que el exalcalde Julio «N» sigue prófugo de la justicia y que ni siquiera con un nuevo fiscal general de Justicia se ha emitido una ficha ante la Interpol. No hay resultados, mucho menos justicia en el «Año del Bienestar». Pero, pues, cada quién…
Por lo pronto, en este espacio nos tomaremos un receso por fiestas decembrinas, y nos volveremos a leer en enero próximo. A nuestros lectores y lectoras deseamos un 2026 más llevadero. Total: el sexenio del desastre ya está por terminar.
