Uno de los programas emblema de la llamada Cuarta Transformación ha sido la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores, un sector en el que aún permea la fe del catolicismo y que, según cifras del INEGI, representa más del 80% del sistema de creencias de la población mexicana.
Desde que en las Leyes de Reforma se estableció la separación Iglesia-Estado al menos en apariencia la primera dejó de intervenir públicamente en asuntos de Estado, aunque la identidad del mexicano difícilmente se puede entender sin asuntos de fe.
La alusión velada a «la morenita» (que mañana 12 de diciembre se festeja su día) en las siglas de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) no está muy alejada de ese aprovechamiento de la fe de las y los mexicanos.
Sin embargo, aunque en el papel esté inscrita la separación entre Iglesia y Estado, hay otro principio constitucional que no puede ignorarse: la libertad de expresión. Y si el obispo Sigifredo Noriega Barceló ha hecho uso de este derecho constitucional que tienen todas y todos los mexicanos, lo hace también representando a un gremio mientras vista una sotana.
Su error fue señalar lo evidente desde su representación, un señalamiento que le valió ser denunciado ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) por el presidente del Consejo Estatal de MORENA, Rubén Flores Márquez, por «manipular» a la ciudadanía y «extralimitarse en sus funciones» al entrometerse en asuntos políticos.
Porque a uno de los segundones de la secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas no le gustó que el Obispo cuestionara si de verdad la 4T ha hecho justicia a la población, particularmente las y los damnificados que no entran en los avances que reporta el gobierno federal (ni muchos el local).
En esta denuncia, Rubén Flores solicita a la autoridad electoral que ordene al Obispo abstenerse de realizar actos con tintes políticos, especialmente cuando porte «vestimenta y/o artículos religiosos». Porque a su parecer, cualquier ministro de culto que aspire a participar en la vida pública y política debe «dejar el hábito».
Pero la denuncia no opaca el señalamiento de Noriega Barceló. Por el contrario, ratifica la idea de que para la 4T es mejor matar al mensajero. Porque mismos señalamientos han venido de figuras públicas y partidos políticos (principalmente de oposición y hasta dentro del movimiento) que han tenido un final similar: la descalificación a partir de quién emite la crítica.
Y, sin embargo, los señalamientos persisten, y se repiten de boca en boca entre el «pueblo bueno y sabio» que no coincide con el optimismo de las mentiras del bienestar.
Si Rubén Flores considera que la mentira es un pecado, habrá que recordarle que la soberbia también es pecado, el primero y más grave de los llamados Pecados Capitales. Y que en esa soberbia se esconde la negativa a la autocrítica, fundamental en todo gobierno que pretende fundar sus acciones escuchando a la gente.
Continuar con la política de matar al mensajero y no al mensaje es perpetuar una burbuja de bienestar que no coincide que el día a día de las familias mexicanas, mucho menos las familias zacatecanas que desaprueban en gran medida la administración del gobernador David Monreal, quizá el peor calificado de los gobernadores de MORENA (si no es que de todo el país).
No es gratuito que militantes de MORENA hayan marcado distancia de las declaraciones (y acciones) del presidente del Consejo Estatal, Rubén Flores. Porque para credibilidad, muy poca tiene quien representa únicamente los intereses de una secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas y no los principios sobre los cuales se fundó un movimiento convertido en partido político.
Que no se olvide que un poquito (aunque sea un poquito) de autocrítica permite corregir el rumbo a tiempo, no sea que «la esperanza de México» termine por naufragar una vez que truene la burbuja de bienestar.
Finalmente, y no menos importante: ¿cómo señalar lo evidente sin que se judicialice la libertad de expreisón?, ¿hasta dónde llegará la obstinación y la soberbia de quienes se niegan a la autocrítica para gobernar escuchando al pueblo?
Agitada agenda legislativa
Como lo dijimos anteriormente, se vienen días agitados al cierre del primer periodo ordinario del segundo año constitucional de la 65 Legislatura. Tal vez porque a las y los diputados les urge irse de vacaciones sin necesidad de recurrir a una extensión de periodo.
Hasta de donde se sabe, ya hubo avances en la dictaminación del proyecto de Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal del ejercicio fiscal 2026 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y lo mismo viene un paquete de dictámenes a Leyes de Ingresos de los municipios.
Pero los temas presupuestarios no serán los únicos que acaparen la agenda legislativa estos días. También figurarán dictámenes de otras comisiones, como la de Justicia que preside el diputado Martín Álvarez Casio (quizá la comisión a la que más asuntos le han turnado).
Y entre los muchos asuntos que se resolverán destacan reformas al Código Penal del Estado de Zacatecas para enfrentar las nuevas formas de delincuencia y violencia facilitadas por la inteligencia artificial, un tema en el que Zacatecas podría estar entre los primeros estados en legislar al respecto.
Por una parte, se incorporará el uso de la IA, deepfakes y la manipulación de imágenes, audios y videos como nuevas formas de violencia digital y violación a la intimidad, actualizando un marco jurídico que había quedado rebasado por la realidad tecnológica.
Por otra, se reforman de manera integral los delitos informáticos y se redefine la seguridad en medios digitales, creando nuevos tipos penales como la manipulación automatizada de información, el ciberespionaje, el robo y uso ilegal de bases de datos; estableciendo una definición jurídica de inteligencia artificial acorde con estándares internacionales.
Con estas reformas, Zacatecas se conviertiría en uno de los primeros estados del país en reconocer explícitamente la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes como medios para cometer delitos, ampliando la protección para niñas, niños, adolescentes, mujeres, periodistas, activistas y todas las personas expuestas al uso malicioso de herramientas digitales.
El mensaje es claro: en Zacatecas no habrá impunidad para quienes utilicen la tecnología para violentar, extorsionar, suplantar, manipular o dañar la dignidad y la vida de las personas. Mucho menos tratándose de mujeres y niñas.
