La diputada Karla Estrada no pudo concluir la presentación de su iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, a fin de impulsar Centros de Atención Infantil para hijos e hijas de trabajadores al servicio público.
Su intervención en la segunda sesión ordinaria de este martes se vio interrumpida cuando productores y productoras de frijol ingresaron al Pleno de la 65 Legislatura para hacerse escuchar, en su segunda semana de protestas que, amagan, van para largo si no hay respuesta a sus demandas.
Bajo la conducción de la presidenta de la Mesa Directiva, Maritere López, se escuchó cada una de las intervenciones de las y los manifestantes, que inicialmente exigieron a las y los diputados locales meter las manos y respaldarles en sus demandas a la Federación ante el incumplimiento en el programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.
Hacer catarsis es quedarse corto frente a la exposición de quienes hicieron uso de la voz en tribuna. A estas alturas, el enojo y la decepción sobrepasan la producción de más de 300 mil toneladas correspondientes al último ciclo agrícola y de las cuales se sospecha favoritismo y corrupción para beneficiar al coyotaje que tanto lacera al campo.
Es un coyotaje que también involucraría a representantes populares como el diputado local Jesús Padilla, actual presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), quien fue el centro de los reclamos y casualmente presentó justificante para ausentarse de la jornada legislativa de este martes, tras el amago de productores para manifestarse en el Centro Histórico de Zacatecas.
«¿Qué han hecho por nosotros?», fue el reiterado cuestionamiento de quienes ven pasar los días, semanas y meses sin que la autoridad federal o estatal den solución a la grave crisis que enfrentan y que parece tener un solo calificativo: ineptitud.
Pero el problema iría más allá. Hoy el campo es el principal síntoma de que la corrupción no acabó con la llegada de la 4T, ni mucho menos con el «segundo piso de la transformación». Echó raíces y cambió de administradores.
Testimonios sobraron durante el receso convocado durante la segunda sesión ordinaria de este martes para escuchar a las y los productores, que expusieron los detalles del esquema de coyotaje auspiciado por Ángel Mario Olais Ávila, jefe de la Unidad Operativa de Alimentación para el Bienestar y a quien acusan de ser el principal responsable del fracaso del programa de Precios de Garantía en detrimento de pequeños y medianos productores.
Las demandas de los manifestantes fueron muy puntuales: auditoría para los centros de acopio; destitución y castigo para los responsables del cochinero en el que se convirtió el programa emblema de la tan prometida seguridad alimentaria; ampliación del programa hasta las 100 mil toneladas de frijol; reapertura inmediata de centros de acopio (para un programa que ya concluyó, pese al desastre) y el reparto inmediato de costales para el acopio del grano; y que el estado destine una partida extraordinaria para salir al quite.
Su irritación no es menor, no cuando desde la Federación se había anunciado un tope de 15 toneladas por productor y la representación en el estado la redujo a sólo 5 para que el resto beneficiara a intermediarios como el presidente de la JUCOPO, Jesús Padilla Estrada, que a través de terceros acapararon la compra del grano a 8 pesos (si bien les iba) a fin de revenderlo al «precio de garantía» de 27 pesos y tener así un margen de ganancia que rondaba los 20 pesos por kilo.
La discusión entre diputados y diputados no abonó a mermar la irritación de las y los manifestantes. Si bien se recordó en qué momentos el Poder Legislativo ha acompañado las demandas de las y los productores ante la Federación «que no escucha», tampoco es que a gritos y sombrerazos persuadieran de que sí están de su lado.
Porque si algo tiene la clase política es la errada idea de que mientras más griten y suelten una que otra palabra altisonante o utilicen un léxico de uso popular son «más pueblo«. Algo así como fotografiarse comiendo gorditas y garnachas, mientras el resto de la semana comen filete, sin frijoles.
Tampoco es que el oficialismo legislativo se mostrara abierto y receptivo a las demandas de las y los productores, pues rara vez abandonaron su papel de defensores de la 4T (y su segundo piso) a toda costa, incluso defendiendo lo indefendible.
No obstante, sí hubo un punto que mereció una puntual aclaración: qué farsantes quienes, dorando la píldora para engañar y hacer prepreprecampaña, desde tribuna cuestionaron por qué no se usaban los recursos del segundo piso que nadie pidió para crear un fondo de unos mil millones de pesos y así respaldar el acopio de frijol (unas 40 mil toneladas) para apoyar a pequeños productores relegados del programa federal.
Porque los recursos del Fideicomiso están en litigio y mientras no se resuelva en tribunales el pleito que enfrenta la «nueva gobernanza» con las empresas de Grupo HYCSA, no se podrá disponer de los más de 1 mil 500 millones de pesos que se mantienen como saldo en el Fideicomiso, sin olvidar que dichos recursos, por decreto, deben aplicarse sí o sí para la misma finalidad: inversión en obra pública.
Total, que luego de casi tres horas de discusión en el Pleno, se conformó una comisión entre todos los grupos palamentarios y una comitiva de productores y productoras a fin de integrar un punto de acuerdo conjunto que sería remitido a la Federación, atendiendo a las demandas puntuales que se expusieron.
Y mientras la Federación (y ahora el estado) sigan sin dar solución, las protestas van a continuar, incluso si eso implica manifestarse durante la 40 edición del Festival Cultural Zacatecas para hacerse escuchar. Hoy, más que nunca, urge que se demuestre en los hechos eso de que «el campo es solución y no problema». ¿O cómo decían el gobernador David Monreal y la senadora Verónica Díaz Robles?
