En el preámbulo de lo que sería el «2024, Año de la Paz», Cristian Paul Camacho Osnaya fue designado fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), luego de la polémica renuncia de su antecesor Francisco Murillo Ruiseco ante presiones por el incremento en delitos de alto impacto.
No es fortuita la comparación estadística que ofreciera en su tercer informe de actividades el actual fiscal, al evaluar los resultados de 2025 frente a las cifras reportadas durante el 2023 (recuérdese que su llegada a la Fiscalía ocurrió prácticamente al cierre de ese año).
Durante su comparecencia ante la 65 Legislatura, Camacho Osnaya expuso los principales avances logrados en materia de seguridad y procuración de justicia desde su llegada al cargo y hasta la fecha, resultados que no sólo reflejan una mayor eficiencia de la institución, sino (quizá lo más importante) la coordinación interinstitucional, la optimización presupuestal y la búsqueda de alternativas para garantizar la procuración de justicia.
El principal indicador de los últimos años probablemente ha sido el de homicidios dolosos, que de 2021 a 2025 pasaron de 1 mil 741 a sólo 149, lo que representa una disminución del 91%, aunque este indicador por sí solo no representa el escenario completo respecto a las acciones en materia de seguridad y procuración de justicia.
Las cifras oficiales indican que se ha logrado la detención de 1 mil 136 personas relacionadas con delitos de alto impacto, como homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, desaparición de personas y narcomenudeo, y se lograron más de 7 mil años de prisión en sentencias dictadas contra responsables de estos delitos.
En materia de extorsión, se abrieron 356 carpetas de investigación que derivaron en la cancelación de 614 líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito.
Respecto al secuestro, se documentó una disminución del 80% en la incidencia, así como la detención 42 personas y sentencias que superan los 2 mil 300 años de prisión.
En lo relativo al narcomenudeo, se logró la detención de 820 personas, un 40% más que en 2024 y un 170% más que en 2023.
Las mismas cifras oficiales indican que, en materia de violencia de género, hubo un incremento de 340% en la judicialización de casos, con más de 2 mil 100 asuntos llevados ante tribunales, así como una disminución del 12% en feminicidios.
Por último, en lo relativo a la desaparición de personas, hubo una reducción del 35% en los reportes y un aumento de 542% en las acciones de búsqueda, aunado a la identificación de 305 personas que permanecían en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).
En resumen: se logró la judicialización de más de 10 mil 200 carpetas de investigación y más de 4 mil vinculaciones a proceso. En otras palabras, Camacho Osnaya abate el rezago que le fue heredado. Es un avance, pero no suficiente aún.
Lo expuso en su intervención la diputada Renata Ávila al hablar de la brecha entre las cifras oficiales y lo que vive la gente en su día a día, pues si bien el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hoy refiere una disminución notable en la percepción de inseguridad en ciudades como Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, en la fórmula no se está considerando la cifra negra de delitos que no se denuncian ni los motivos que llevan a las víctimas de un delito a no denunciar, como el temor a la revictimización o a que sus casos no avancen en la procuración e impartición de justicia.
No abona el hecho de arrastrar casos que siguen en espera de justicia, pese a haber sido cometidos hace varios años, como los homicidios del abogado Raúl Calderón Samaniego (por el cual nadie cuestionó en la comparecencia) o del activista social Francisco Zapata «Zapatita« (al que aludió en su intervención la diputada Ávila Valadez). ¿La justicia está llegando a quien debe llegar?
Más allá de las cifras oficiales, o de los razonables cuestionamientos durante la comparecencia (que, hay que decirlo, fueron escasísimos incluso entre la oposición), Camacho Osnaya también fue hábil para sentar a quien pretendía cosechar aplausos valiéndose de la demagogia.
Porque entre reconocimientos de las diferentes bancadas a los resultados reportados durante la comparecencia, hubo quienes en su populismo hasta ofrecían un incremento presupuestal a la FGJEZ para la dignificación salarial de las y los trabajadores. En respuesta, el fiscal se limitó a cuestionar: «¿y cuándo se han acercado a la Fiscalía para ver qué necesitamos?«.
Porque no todo se resume en mejoras salariales (que nunca están de más), la Fiscalía requiere presupuesto para mejoras en infraestructura, para equipamiento, para materiales y suministros, para capacitaciones y certificaciones, para vehículos y mobiliario, entre muchas, muchas otras otras cosas más que requieren presupuesto. Y en la Fiscalía que encabeza Camacho Osnaya se ha hecho más con lo mismo.
Un ejemplo es el avance en la identificación de cuerpos resguardados en el SEMEFO, gracias a convenios con instituciones internacionales como en Alemania, o federales como el Instituto Nacional Electoral (INE), acciones que no requerían los grandes presupuestos en tiempos de Murillo Ruiseco (a quien correspondió la escalada de casos de personas desaparecidas) y sí mucha colaboración, como insistió en varios momentos Camacho Osnaya respecto a los resultados obtenidos por la coordinación interinstitucional en la llamada Mesa Estatal de Construcción de Paz, que dejó de ser la mesa del café y galletas por una mesa donde realmente haya estrategia entre los tres niveles de gobierno.
Ciertamente, no hemos llegado a un Zacatecas en paz y con garantías de justicia para todas y todos, pero ya es un avance que no tengamos episodios como aquel 6 de enero de 2022 y el macabro regalo de Reyes en Plaza de Armas.
Los retos para Camacho Osnaya y la FGJEZ aún son importantes en lo que representan en la cadena de seguridad, procuración e impartición de justicia. Sin embargo, mientras continúe la visión de una institución humana y sensible con las víctimas (recuérdese la indolencia reiterada de Murillo Ruiseco con colectivos de búsqueda), aún hay esperanza en que la justicia sí llegue para todas y todos, y sí llegue a quien debe llegar. ¿Cómo y cuándo? Eso también es responsabilidad de los tres Poderes del Estado.
