Si bien el oficialismo cuenta con mayoría en la 65 Legislatura de Zacatecas, para aprobar reformas constitucionales requiere sentarse a generar acuerdos con la oposición (que tampoco es que sea muy difícil de comprar) a fin de reunir la mayoría calificada (20 votos) para que estas reformas procedan.
El siguiente paso es mero trámite: la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos. Porque no ha sido un solo caso en el que las minutas correspondientes son aprobadas por afirmativa ficta ante la falta de interés (y respuesta) de parte de los Cabildos, una dinámica que no ha sido exclusiva de las actuales administraciones municipales.
Esto viene a colación por el rompimiento del quórum en la sesión legislativa de este martes, en sede alterna (así sucede cuando les conviene), cuando estaban a punto de iniciar con la presentación de iniciativas.
Y es que, como penúltimo punto, antes de los asuntos mucho muy importantes (o sea, Asuntos Generales), se contemplaba en el orden del día aprobado la segunda lectura, discusión y votación de un dictamen con diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, dictamen al que mañosamente denominaron «en materia de lenguaje inclusivo«.
Camuflado entre cambios que sí encajaban en esa descripción del dictamen también se encontraba una reforma al artículo 53, en particular a una fracción por la que se establecía que para ser diputado o diputada no había que ser titular de secretarías y subsecretarías del gobierno estatal durante el año previo a la elección, una disposición que no se incluyó para la gubernatura o para las presidencias municipales.
No hay antedentes de que alguno de las y los 30 diputados de la 65 Legislatura haya presentado una iniciativa en ese sentido; lo más cercano fue la iniciativa remitida por el Ejecutivo estatal el pasado 26 de diciembre de 2025, que si bien incluía cambios en dicho artículo, no tocaba la fracción en comento.
Esa nueva disposición restrictiva apareció de la nada en el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, camuflada entre los cambios propuestos mediante tres iniciativas propuestas por la oposición, por el Ejecutivo estatal y por el diputado Jesús Padilla.
De dicho dictamen no se pueden desentender quienes integran la comisión: no sólo su presidente Santos González, sino también Ana María Romo, Lyndi Bugarín, Dayanne Cruz, Karla Rivera y Alfredo Femat, que por ausencia o con su voto avalaron un dictamen en esos términos para ser sometido a consideración del Pleno en sesión del 14 de enero de este 2026.
Y así, de la nada, ahora se pretende corregir esa fracción en particular, también camuflada entre otros cambios a la constitución, porque el dictamen al que se dará lectura para ser sometido a discusión y votación cuando se reanude la sesión de este martes (si es que la comisión dictaminadora no decide retirar el punto del orden del día) establece nuevas disposiciones en los plazos.
Quienes aspiren a una diputación local y sean titulares de secretarías o subsecretarías ya no tendrían que separarse del cargo un año antes de la elección, sino sólo 90 días antes.
Con la disposición tal cual se encuentra actualmente en la Constitución, este plazo queda ambiguo en la redacción de la dichosa fracción del artículo 53, pues no está claro si el plazo abarca un año antes del día de la elección (o sea, el 6 de junio de este año) o si abarca todo el ejercicio fiscal previo.
La nueva disposición propuesta en el dictamen de la sesión de este martes implicaría que el plazo para renunciar fuera a más tardar el 8 de marzo (vaya fecha tan significativa) de 2027. Ojo: sólo para titulares de secretarías y subsecretarías, y sólo como requisito para una diputación local.
Pero para que estos cambios se aprueben y entren en vigor los calendarios son diferentes, pues el plazo sería 90 días antes del inicio del proceso electoral local, el 20 de noviembre. Eso significaría que el plazo máximo para la entrada en vigor de reformas electorales tendría que ser a más tardar el 22 de agosto de este año.
Para ello, considerando una reforma constitucional en la materia (como la que propone el dictamen de la sesión de este martes), los cambios en materia electoral deberían aprobarse a más tardar el 23 de julio, con todo y la aprobación de los Cabildos (incluso por afirmativa ficta).
Así que el oficialismo al que se le hace bolas el engrudo muy seguido todavía tiene tiempo para sentarse con la oposición y negociar los cuatro votos que le hacen falta para que el dictamen proceda en el Pleno de la 65 Legislatura. Básicamente, un mes y medio para estar dentro de los plazos.
Más allá del embarradero en este tema, en el fondo se advierten fallas en los dictámenes aprobados por el Poder Legislativo si se consideran las varias resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para corregirle la plana a Zacatecas. ¿Son errores atribuibles a una sola persona o bancada? Más bien a quienes votaron a favor o con su ausencia favorecieron la aprobación de dictámenes.
Ya eso del ausentismo mientras les pagan una dieta superior a los 100 mil pesos mensuales, eso ya es avaricia, una avaricia que no terminará incluso si se manda llamar a sus suplentes. Pero, pues, cada quién…
