Tras la última reforma a la Ley del Issstezac, con la que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corrigió la plana a Zacatecas, el Instituto prácticamente se encuentra en la lona, pero incapacitado para declararse en quiebra técnica.
Al problema de la descapitalización y negocios que dejaron de ser redituables (en términos de ingresos y rendimientos) se sumó la presión financiera que implicó el pago de aguinaldos a jubilados y pensionados, en parte producto de una serie de amparos promovidos en su mayoría por el equipo de abogados de Jorge Rada.
Y si en algún momento se pensó en declarar la quiebra de la institución, considerando un artículo de la nueva Ley del Issstezac, o incluso la negativa al pago de derechos y prestaciones sujetos a la disponibilidad presupuestal, la Corte descartó esa posibilidad. Alguien tenía que hacerse cargo, sin importar de dónde salieran los recursos.
Para Ignacio Sánchez, actual director del Issstezac y a quien no precisamente ha caracterizado la sensibilidad y empatía con pensionados y jubilados, no ha sido fácil sortear los números rojos de la institución.
En promedio cada mes se deben erogar unos 127 millones de pesos en el pago de pensiones para unas 6 mil 500 personas jubiladas, personas que hoy también tendrían derecho al pago de un aguinaldo, o el incremento proporcional a la inflación.
A lo anterior se suma el problema que ha representado la solicitud de trabajadores para desincorporarse del Instituto de manera individual (no colectiva, como el tremendo error del alcalde capitalino, Miguel Varela) o la consecuente devolución de cuotas.
Porque la desincorporación implica que se dejarán de recibir ingresos por cuotas obrero patronales que alimenten el fondo solidario del que se pagan mes a mes las pensiones del Issstezac.
Por otra parte, la devolución de cuotas agudiza la descapitalización del Instituto y, en consecuencia, también en los recursos disponibles en el fondo solidario para el pago de pensiones.
Esta crisis no es cosa menor. De acuerdo con Ignacio Sánchez, en entrevista para la periodista Cristina Velasco de Estéreo Plata, actualmente hay unos 200 trámites de pensión que están detenidos no sólo porque no ha podido sesionar la Junta Directiva, sino también porque no hay de dónde financiarlas, pues incrementarían en 3 millones de pesos la presión mensual para el pago de pensiones.
Además, existen más de mil personas que hoy están solicitando su devolución de cuotas, lo que representaría el pago de unos 150 millones de pesos, es decir, cerca de 20 millones de pesos más que el pago mensual destinado al pago de pensiones.
¿Que están en su derecho? Sí, la ley así lo permite, aunque se trataría de una ley con un «absurdo legal», según Ignacio Sánchez. Porque mientras las pensiones se pagan de un fondo solidario al que van todas las cuotas de las y los derechohabientes, el derecho a la devolución de cuotas es como si se considerara un esquema de cuentas individuales, esas por las que ha protestado el magisterio en todo el país exigiendo la derogación de la Ley del ISSSTE.
Y no es como que el Issstezac se pueda desentender ni de las pensiones ni de la devolución de cuotas. Ya los jueces de distrito han dado sentencias específicas que obligan a ambas cosas, apretando la soga aún más para el Instituto, que no puede declararse tampoco en quiebra técnica.
Así pues, ¿de dónde echar mano para cumplir con todas estas obligaciones (olvídese de que el Ejecutivo estatal entre al quite como aval solidario)? Pues de la venta de bienes, que al mismo tiempo agudizará a la larga la descapitalización del Issstezac.
El tema viene a colación porque en próximos días (incluso podría ser en sesión de este jueves) será remitida a la 65 Legislatura una solicitud para la enajenación y desincorporación del Hotel Parador.
El trámite no será de un día para otro. Recuérdese que el próximo 30 de junio concluye el segundo periodo ordinario del segundo año constitucional de la 65 Legislatura, y la solicitud, una vez leída en la síntesis de la correspondencia, deberá presentarse al Pleno para luego ser turnada a comisiones para su estudio y dictamen, donde probablemente se vean obligados a abrir la discusión a foros de parlamento abierto mucho antes de someter un dictamen a consideración del Pleno para su discusión y votación.
Dicho proceso, según el Reglamento del Poder Legislativo, podría implicar mínimo unos 40 días, que bien podrían prolongarse si persisten las manifestaciones que no han faltado en Zacatecas con la toma de diversos espacios públicos.
Suponiendo que el proceso demorara unos dos meses, aún haría falta considerar el tiempo que ocupará la venta (¿o subasta?) del bien inmueble, e incluso no descartar la posibilidad de que no existan compradores. ¿Tiene la capacidad el Issstezac para mantenerse a flote mientras eso ocurre?
Por último, no hay que subestimar la capacidad de algunas y algunos diputados de la 65 Legislatura para demorar la discusión y votación (o aprobación) de dictámenes de especial interés a cambio de prebendas, lo que implica más tiempo para resolver. Pero, pues, cada quién con sus reformas…
