Si algo le ha faltado a la 65 Legislatura del Estado de Zacatecas es un poco de sazón y melodrama, pero lo de este miércoles francamente fue como la sobreactuación de una Laura Zapata, que da risa, pero no convence.
También en sede alterna (el auditorio del COZCYT), y también con retraso, se reanudó la sesión iniciada desde el pasado 2 de junio y que había sido suspendida en varias ocasiones ante el rompimiento reiterado del quórum.
El motivo era bien sabido: el punto 18 del orden del día, correspondiente a la segunda lectura, discusión y votación del dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de lenguaje inclusivo, o al menos así era en apariencia.
Porque escondida en el dictamen estaba una nueva disposición en materia electoral, por la que se cambiaba el plazo para que renunciaran al cargo secretarios y subsecretarios del gobierno estatal que aspiraran a una diputación local, disposición que pasaba de un año antes de la elección a sólo 90 días, igual que en los cargos para gubernatura y presidencias municipales.
Pero vayamos por partes. El inicio de todo este embrollo nos remonta a diciembre de 2025, cuando se presentaron tres iniciativas de reforma constitucional con diferentes objetivos, remitidas por los grupos parlamentarios de oposición, por el Ejecutivo estatal y por el diputado Jesús Padilla.
Ninguna de estas iniciativas incluía una reforma al artículo 53, particularmente para incorporar una fracción V-B entre los requisitos para ser diputado o diputada local que obligaba a secretarios y subsecretarios del gobierno estatal a renunciar al cargo un año antes de la elección. Esta disposición, más bien, se incluyó en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobado en enero de este año. Nadie dijo «esta boca es mía» para atribuirse la autoría de dicha fracción. Y así se aprobó.
Transcurrido el tiempo, y llegado el plazo para la renuncia de quienes encajaban en esta disposición (plazo que concluyó el pasado 6 de junio), llegó un nuevo dictamen que inicialmente respondía a compromisos realizados por la 65 Legislatura en marzo de este año, en el marco de una agenda legislativa que atendiera temas en favor de las mujeres, pero que en el fondo pretendía corregir el error de enero.
No es la primera ocasión que en la 65 Legislatura incluyen en los dictámenes de comisiones nuevas disposiciones que no iban contenidas en las iniciativas correspondientes leídas ante el Pleno, casi siempre con el argumento de que se buscaba agilizar procedimientos legislativos que impactaban en reformas a otras legislaciones que se discutían en otras comisiones.
Sin embargo, sí es la primera ocasión que se cuestiona en el Pleno la pertinencia o no de aprobar nuevas disposiciones así como así para agilizar procedimientos legislativos, sobre todo porque se trata de temas electorales, en la antesala de un proceso electoral que pinta para ser uno de los más polémicos y complejos en la historia de Zacatecas, y que ya de paso beneficia o perjudica a perfiles de la «nueva gobernanza» con aspiraciones políticas.
Más allá de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en varias ocasiones le ha corregido la plana a la 65 Legislatura, ha sido evidente el escaso conocimiento de la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo para acatar la normativa respecto a los procedimientos legislativos y la conducción de las sesiones. Pero es lo que hay.
Por eso no fue sorpresa la sesión de este miércoles y el embrollo en el que se metieron diputados de todas las bancadas. Primero, cuando cinco de los seis integrantes de la Comsión de Puntos Constitucionales remitieron a la Mesa Directiva un documento en el que solicitaban se retirara del orden del día el punto 18, relativo a la segunda lectura, discusión y votación del dictamen de reforma que hemos comentado.
El momento procesal adecuado era durante la discusión en lo general del dictamen, etapa en la que, ahora sí, la comisión dictaminadora podía solicitar que se sometiera a consideración del Pleno la posibilidad de retornar el dictamen para su análisis con mayor profundidad (eufemismo para limpiar el cagadero que hicieron).
Luego vino un segundo documento, de la diputada Dayanne Cruz, en el que solicitaba que se dejara sin efectos el primer documento argumentando violencia política en razón de género porque se le había excluído de la convocatoria a la sesión de la comisión en la que se acordó la primera solicitud (recordemos que iba firmada sólo por cinco de seis integrantes de la comisión). Y ahí se armó el embrollo.
Frente a acusaciones de cochinero, vulgar ambición y sabe qué tanto, el diputado Santos González aseguró que era falso de toda falsedad, porque veía a un gabinete unido al que no se le iba la vida buscando cargos (¿a alguien le recordó eso de que «no vamos por cargos ni oficinas» que alguna vez expresó la exdiputada Violeta Cerrillo?).
Y que la prueba estaba en que las y los secretarios del gabinete estatal no habían renunciado a su cargo porque estaban concentrados en sus actividades en territorio (¿de proselitismo mucho muy adelantado?, ¿o a qué se refería?).
Fueron casi tres horas de una veintena de intervenciones (la mayoría acaparadas por las diputadas Dayanne Cruz e Isadora Santiváñez) «para mociones» que rara vez fueron mociones y en caso ningún caso se especificó si fueron mociones de procedimiento, ilustrativas o de suspensión, lo que nuevamente deja en evidencia el desconocimiento de la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo.
Luego de una estéril discusión que no llevaba a ningún lado, el diputado Santos González, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Maritere López, dejar sin efectos la solicitud presentada y que siguiera le procedimiento legislativo ordinario: la segunda lectura, discusión y votación del polémico dictamen.
En esta etapa, las intervenciones por demás sobreactuadas y cargadas de melodrama tipo telenovela barata de Televisa ya eran repetitivas. Y la votación tampoco fue sorpresa: 20 votos a favor, de las bancadas de MORENA, PVEM, PT, MC y Nueva Alianza; y ocho votos en contra, de los diputados Jesús Badillo, Dayanne Cruz, Carlos Peña, Roberto Lamas, Isadora Santiváñez, Eleuterio Ramos, Pedro Martínez y Maritete López. Las únicas ausencias fueron la diputada Karla Estrada y el diputado David González.
Así pues, la siguiente etapa del proceso legislativo es someter la minuta correspondiente a la consideración de los Cabildos de los 58 Ayuntamientos, etapa que tampoco tendrá sorpresas y seguramente, concluido el plazo de 30 días, la minuta será aprobada por afirmativa ficta.
De esa manera se corrigió el error de enero. Las consecuencias, sin embargo, estarán por verse, como la infección ocular que desde hace semanas presenta el diputado Santos González, quién sabe si de las presiones para limpiar el cochinero de la Comisión de Puntos Constitucionales. Una pomadita no estaría de más.
Finalmente, la lección que deja la sesión de este miércoles es que, en adelante, cualquier dictamen que emita cualquier comisión legislativa tendrá que ser revisado con lupa. No vaya siendo que les metan gol con disposiciones no contempladas originalmente en las iniciativas. Pero, pues, cada quién…
