¿Cómo vamos en gasto público?

En el preámbulo de cada informe de gobierno, siempre es pertinente realizar un balance sobre el ejercicio del presupuesto a mitad del ejercicio fiscal, pues permite monitorear la planeación y el cumplimiento de objetivos, según se planteó ante el Poder Legislativo para la aprobación del Presupuesto de Egresos de cada año.

Más allá del gasto natural programable en la nómina o en el pago de deuda pública, es importante revisar capítulos y partidas específicas que inciden en dinamizar diversos sectores económicos, como la construcción o las cadenas de proveeduría.

Si bien en el último año hubo un crecimiento en las proyecciones presupuestales, estos incrementos no se reflejaron de forma uniforme en todas las partidas, pues algunas tuvieron recortes, como el Capítulo 2000 realtivo a «Materiales y suministros», que entre 2025 y 2026 sufrió una disminución de unos 147 millones de pesos, quizás en sintonía con el discurso de la «austeridad republicana» para canalizar dichos recursos a otras obras, programas y acciones de impacto directo en la población.

Al menos ese sería el objetivo discursivo, ¿pero qué pasa cuando el dinero no se ejerce en tiempo, pese a los incrementos presupuestales?

Al revisar los informes financieros trimestrales que publica la Secretaría de Finanzas (SEFIN) se advierte que, al 30 de junio de este año, la «nueva gobernanza» ya había devengado el 27.21% de los recursos etiquetados para el Capítulo 2000, mientras el año pasado, a la misma fecha, se había devengado el 23.55% del presupuesto.

Sin embargo, en valores nominales, este año ese porcentaje representa unos 192.5 millones de pesos, mientras el año pasado significó 201.3 millones. Es decir, aunque en porcentajes parecería que hay mayor avance que en ejercicios fiscales anteriores, en la práctica se está gastando menos.

Por otra parte, si bien los proyectos de infraestructura están sujetos a otra programación, no hay que olvidar que el Capítulo 6000 relativo a inversión en obra pública es quizá de los que concentra la mayor parte del presupuesto estatal y que, indirectamente, incide en otros sectores de la economía. De ahí la relevancia en monitorear el gasto.

De acuerdo con los informes financieros trimestrales de la SEFIN, al 30 de junio de este año, se había devengado el 1.66% de la partida 6100 (Obra pública en bienes de dominio público), es decir, unos 19.18 millones de pesos de los más de 1 mil 153 millones programados. En el mismo periodo de 2025 el avance alcanzaba el 4.39% de recursos devengados en esta partida, es decir, 46.81 millones de pesos de los 913.6 millones programados.

¿O sea que hay más recursos para obra pública, pero no se están gastando en tiempo y forma? Habrá qué ver los rendimientos que está generando el tener estos recursos en cuentas bancarias ahí congelados.

No es muy diferente la situación de la partida 6200 relativa a Obra pública en bienes propios, pues al igual que el año pasado, para el 30 de junio se había devengado el 0% de los más de 402.1 millones de pesos programados (en 2025 el presupuesto fue de 183.7 millones en esta partida). Así que volvemos a la misma pregunta: ¿más recursos para obra pública, para no gastarlos en tiempo y forma?

Pero vayamos a otros gastos, particularmente los que pueden incidir en un proceso electoral. Por ejemplo, la partida 4300 relativa a Subsidios y subvenciones (como los polémicos subsidios para la vivienda), en la que al 30 de junio de este año se había devengado el 12.16% del presupuesto programado, mientras el año pasado el gasto alcanzó el 12.49 por ciento.

En cambio, es interesante el comportamiento en el ejercicio de la partida 4400, relativa a «Ayudas sociales», porque al 30 de junio de este año ya se había devengado el 21.02% del presupuesto programado (541.3 millones de pesos), mientras en el mismo periodo del año pasado (cuando no teníamos convocatoria para las coordinaciones estatales de sabe qué tanto) el avance apenas alcanzaba el 12.01% del gasto programado (es decir, 458.2 millones).

Ahora bien, se preguntará por qué es importante monitorear el comportamiento del gasto público, en especial las partidas a las que hemos hecho referencia. Pues verá: desde antes del periodo vacacional de verano, concretamente a mediados de julio de este año, las coordinaciones administrativas de todas las dependencias estatales se reunieron con la Coordinación Estatal de Planeación (COEPLA), reunión en la que se les instruyó planificar desde ahora todas sus adquisiciones y licitaciones porque, se les advirtió, el 31 de marzo cerrarán el gasto del último año de este sexenio.

Interesante advertencia en el llamado «Año de Hidalgo». Pero, pues, cada quién…