De las pocas cosas rescatables del Quinto Informe de Gobierno merece una mención especial la disminución de la deuda pública correspondiente a las obligaciones financieras de largo plazo del gobierno del estado y sus entes públicos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de los 8 mil 424 millones 578 mil 334 pesos contratados en 2016, en una década este saldo ha bajado hasta los 6 mil 284 millones 181 mil 609.50 pesos; es decir, una reducción de 2 mil 140 millones 396 mil 724.50 pesos en diez años, equivalentes a apenas el 25.41% del saldo inicial.
En esa década (2016-2026) se han erogado 1 mil 498 millones 162 mil 928.03 pesos en amortizaciones, pero también 6 mil 387 millones 918 mil 118.54 pesos en pago de intereses y 87 millones 221 mil 444 pesos en comisiones (sólo en 2016 y 2017).
Lo anterior significa que, en una década, el pago de intereses equivale al 426% de lo que se ha abonado al pago de capital. Y no sólo eso: en todo ese lapso Zacatecas ha tenido la tasa de interés más alta en todo el país: del 7.7%, cuando el promedio nacional ronda el 7.2 por ciento.
Durante la administración del gobernador David Monreal se han erogado 742 millones 26 mil 411.32 pesos en amortizaciones (que equivalen al 49.53% de lo abonado en una década) y 3 mil 215 millones 576 mil 87.94 pesos en pago de intereses (más o menos 50.34% del total en los últimos diez años).
Es decir: en cinco años de administración se han pagado en intereses casi lo equivalente a costear un Viaducto elevado que nadie pidió (recordemos que la estimación inicial superaba los 3 mil 650 millones de pesos); pero con ese dinero también su pudo haber perforado y equipado unos 240 pozos para abastecer de agua potable a la población (un comparativo pertinente a propósito de la suspensión definitiva a la Presa Milpillas), o se pudieron habilitar hasta dos rellenos sanitarios en cada municipio, o instalar hasta 30 plantas recicladoras en el estado para aprovechamiento de residuos sólidos, o darle mantenimiento a más de la mitad de la red carretera estatal.
Lo más grave, quizá, no es tanto lo que ya se ha erogado en una década y que puede considerarse como dinero tirado a la basura. No, lo más grave es que a Zacatecas aún le restan unos 11 años para terminar de pagar su deuda pública de largo plazo. Lo que significa que faltarían todavía dos administraciones estatales para saldar estas obligaciones financieras. Y eso únicamente si no se vuelve a contratar deuda de largo plazo.
Más allá de narrativas que no convencen, a la «nueva gobernanza» le ha faltado comunicar de manera asertiva la dimensión de lo que implica esa deuda pública heredada, cómo se ha administrado y cómo se va a legar, lo que se dejó de hacer y lo que pudo haberse hecho con ese recurso.
Eso nos lleva a la importancia no sólo del nuevo marco normativo ya aprobado por el Poder Legislativo para evitar el quebranto de las finanzas y regular la contratación de nueva deuda; sin embargo, habrá que tomar en consideración el anuncio que hiciera el gobernador David Monreal en su Quinto Informe de Gobierno para remitir al Legislativo una nueva ley que nos equipare al estado de Tlaxcala, único en el país sin deuda pública gracias a una legislación muy estricta que prácticamente prohíbe comprometer las finanzas públicas.
Ese tal vez vaya a ser el principal legado de la actual administración. Y no lo han dimensionado. Pero, pues, cada quién…
Un árbitro ¿imparcial?
Polémico fue el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027 ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), entre dirigentes partidistas dando línea a medios de comunicación para atacar a otros dirigentes partidistas, acusaciones, buenas intenciones y mucha crítica.
En medio del show que ocurrió en la sesión extraordinaria del Consejo General, importante fue la intervención del consejero Arturo Castillo Loza, quien advirtió que el órgano electoral ha claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones, pues ante evidentes campañas anticipadas no ha intervenido, lo que sin duda afectaría la equidad en la elección de 2027.
El consejero electoral incluso acusó que había actores políticos que se preciaban de llevar 75 días en campaña, incluso sin haber iniciado oficialmente el proceso electoral, sin que la autoridad electoral corrigiera este tipo de conductas.
Que se aprobara como válida la votación en las llamadas boletas planchadas fue quizá lo más cuestionado durante la sesión extraordinaria de este jueves, pues la mayoría coincidió en que esto podría fomentar irregularidades en las votaciones.
A la lista de quejas también se sumó el recorte de plazas y la reducción presupuestal que casi deja en la inoperancia al órgano electoral. Y aún falta ver el impacto que tendrá en los organismos públicos locales electorales, particularmente en las 17 entidades que renovarán sus gubernaturas en 2027, como Zacatecas.
Mal inicia este proceso electoral federal 2026-2027 cuando el órgano electoral deja dudas respecto a su imparcialidad para la próxima contienda, y poco abona a dar certeza al electorado. Pero, pues, cada quién…
