Ángel Román Gutiérrez sabía a lo que se enfrentaba cuando decidió postularse para contender por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y el reto no cambió una vez que ganó en la pasada contienda frente a la entonces líder del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), Jenny González Arenas.
Pero le pasó lo mismo que le ocurre a quienes llegan a la gubernatura: en el discurso es fácil persuadir, y una vez en el cargo se den cuenta de que en la práctica, en los hechos, convertir la demagogia en resultados (sobre todo a corto plazo) es bastante diferente.
La asamblea extraordinaria del SPAUAZ realizada este miércoles expuso ese difícil panorama: un déficit de 715 millones de pesos para cerrar este 2026, que obligaría a suspender el pago de la prima de antigüedad y otras prestaciones a fin de garantizar el pago de salarios al personal docente y trabajadores universitarios.
Ante tal escenario, se vio muy tierno el secretario de Planeación (y exrector interino), Armando Flores de la Torre, cuando expuso su informe sobre los mecanismos de austeridad que implementan y la proyección de ahorros esperados, que apenas alcanzarían unos 11.2 millones de pesos en los siguientes dos años.
Recordemos que tanto a nivel federal como estatal se ha insistido en que la Máxima Casa de Estudios requiere presentar un plan de austeridad para analizar la posibilidad de ayudarle… o no. Y el informe presentado este miércoles en la asamblea extraordinaria del SPAUAZ ya dice mucho al respecto.
Qusiéramos pensar que, con las medidas tomadas, Román Gutiérrez es consciente de que podría enfrentarse a demandas por incumplimiento en el pago de prestaciones, con resoluciones seguramente favorables para la parte demandante, pese a la insuficiencia presupuestal. Igualito que pasa con el Issstezac.
Cierto es que la Cuarta Transformación no ha hecho justicia a las universidades públicas ni a centros de investigación. En aras de quién sabe qué (austeridad republicana, le llamaron), desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo más bien ha habido visos de querer asfixiar a las instituciones de educación superior públicas.
Porque, por un lado, se ve maravillosa la política de las becas de educación superior (que no llegan a todos ni a todas), o la creación de las Universidades del Bienestar y, más recientemente, de las Universidades Rosario Castellanos (enfocadas en el estudio de las humanidades y ciencias sociales).
Sin embargo, por otro lado, se descobija a las instituciones ya existentes para hacerlas poco funcionales, por no decir dejarlas en la inoperancia. Y no es como que la UAZ sea la única institución de este tipo que enfrente una crisis financiera (para el caso, rondando los 4 mil millones de pesos), pero al ser crisis anteriores a la 4T, tampoco parece haber visos de algún rescate.
Pero veamos otros ángulos del problema, por ejemplo, según los informes financieros trimestrales de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), para este año se proyectaba una recaudación de 311 millones 849 mil 327 pesos de Impuesto para la UAZ y al 30 de junio ya se habían recaudado unos 238 millones 266 mil 125 pesos.
Además, en el primer semestre de este año se modificó a la alza la proyección inicial para alcanzar unos 426 millones 142 mil 753 pesos de recursos fiscales destinados a la Máxima Casa de Estudios, y al 30 de junio ya se habían ministrado a la Universidad unos 252.5 millones de pesos.
Lo anterior es independiente a las transferencias de recursos federales para la UAZ, pero estos números reflejan fondos insuficientes para cubrir el déficit que enfrenta la Máxima Casa de Estudios para cerrar el año, una situación que ya se había advertido desde antes de la renovación de la Rectoría y eso lo sabía muy bien Ángel Román.
En contraparte, tenemos al menos cuatro licitaciones en este ejercicio fiscal relacionadas con obras realizadas por el Institutto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (INZACE) para la edificación de lo que será la Universidad Rosario Castellanos en Zacatecas, y que en conjunto sumarían una inversión por 116 millones 809 mil 385.38 pesos; es decir, 46.26% de los recursos fiscales que se ministraron a la UAZ en los primeros seis meses del año.
Claro que la UAZ atiende a cerca de 40 mil universitarios (entre alumnos, docentes y trabajadores), mientras la Universidad Rosario Castellanos apenas se va a poner en marcha. Y tampoco es como que en 2027 vaya a contar con un gran presupuesto: apenas 1 mil 598.9 millones de pesos para todo el país (poco menos de la mitad del presupuesto asignado a la UAZ), de los cuales poco más de 400 millones de pesos serán únicamente para Capítulo 1000.
De aquí surgen varias preguntas: ¿han funcionado las Universidades del Bienestar (o como les hallan llamado a esas instituciones puestas en marcha durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador?, ¿hay mercado laboral para futuros egresados de las carreras que se ofertarán en la Universidad Rosario Castellanos?, ¿se trata de una oferta académica novedosa o las actuales instituciones públicas de educación superior ya cubren esa demanda?
Son preguntas que se dejaron entrever este miércoles durante la comparecencia del secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
Ciertamente, la estadística de empleos formales no ha sido la mejor durante la «nueva gobernanza», en particular durante la gestión de Rodrigo Castañeda Miranda, pero Jorge Miranda puede llevarse el mérito de haber contenido la caída sostenida en el empleo formal en los primeros tres años de la actual administración.
No obstante, más allá del crecimiento en el Producto Interno Bruto, las becas de capacitación, la solventación de observaciones al Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina, la reducción de la pobreza laboral en los últimos cinco años (aunque todavía alcanza a más del 40% de la población ocupada), o la limitada atracción de inversiones, el reto sigue siendo la informalidad laboral (superior al 60% de la población ocupada) y las condiciones de empleabilidad para profesionistas.
Esto último, hay que decirlo, ha sido una tendencia global y mucho responde a las exigencias de la iniciativa privada, lo que deja al estudiantado en una disyuntiva: estudiar lo que a uno le gusta, aunque no haya mercado laboral, o estudiar lo que exige la iniciativa privada (aunque no guste al estudiantado), porque es donde hay condiciones de empleabilidad, más allá de la precariedad de los salarios o la negativa en tiempos de la 4T para aprobar sí o sí la jornada laboral de 40 horas.
Ya ni hablar de los sistemas de pensiones, o de la paulatina pérdida del bono demográfico (como sugiere la reciente estadística del INEGI con la Encuesta Intercensal 2025) que pondrá en aprietos el mantenimiento de dichos sistemas en la próxima década.
Todo lo anterior nos lleva de vuelta a la situación que hoy enfrenta la UAZ. Ni la 4T es totalmente responsable de su debacle, ni tampoco ha sido toda la culpa del Gobierno del Estado, mucho menos los errores de administraciones anteriores de la Máxima Casa de Estudios. Es todo junto.
Pero mientras cada parte camine por sendas diferentes, con objetivos diferentes, e intereses también diferentes, la Máxima Casa de Estudios y la comunidad universitaria seguirán año con año bailando en un tacón. Pero, pues, cada quién…
