Hay un grupo en el poder que desde el 2019 ha recurrido a la violencia política de género para deshacerse de sus enemigos. Recuérdese el caso del exalcalde de la Capital, Ulises Mejía Haro, a quien hicieron la vida imposible con tal de sacarlo del proceso electoral 2020-2021 y casi lo logran, de no ser por la imparcialidad de los tribunales federales.
Hoy, ese grupo nuevamente recurre a esta figura a través de la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, para abrir un nuevo frente contra el periodismo incómodo, ese que una y otra vez ha señalado con evidencias los presuntos actos de corrupción del actual régimen.
El pasado 4 de marzo, la delegada habría presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado la querella número 1889/2022, acusando ser víctima de violencia política de género por parte de un medio de comunicación local y diversos periodistas.
Sin embargo, el contenido de la querella abunda en errores y carece de sustancia (y sustento), al mostrar expresiones sueltas, sin referencias como fecha, lugar y medio donde se difundió la información y/o contenidos, además de no precisar quién firma como autor y/o autores ni cuál habría sido el agravio.
Un mes después, el pasado 11 de abril, Adriana Berenice Méndez Cortez, fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, habría dictado el acuerdo de medidas de protección número 905/2022.
Tales medidas, que tendrán vigencia durante 60 días, consisten en la “prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos”. Este acuerdo lo determinó la fiscal Méndez Cortez al considerar que “existe la necesidad de salvaguardar su integridad física e incluso su vida, derivado de la violencia física y psicológica que recibió”.
Sin embargo, el caso amerita hacer algunas precisiones. Por ejemplo: si el acuerdo de medidas de protección se dictó el pasado 11 de abril, cuando la delegada se encontraba en la Ciudad de México en reunión con delegados del Bienestar, ¿por qué dar a conocer el resolutivo 14 días después, justo en el llamado “Día Naranja”? Tal vez porque se atravesaba el Festival Cultural, pero entonces no habría el peligro inminente que determinó la fiscal, ¿cierto?
En segundo lugar, la fiscal consideró estas medidas por la “violencia física y psicológica que recibió” la víctima. No obstante, en ninguna parte de la querella se describe alguna agresión física de parte de los señalados.
En tercer lugar, desde que asumió el cargo como delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles no ha ejercido su derecho de réplica; por el contrario, recurre al acoso judicial contra el periodismo en una nueva forma de censura hacia la crítica y sigue sin aclarar las acusaciones de las que ha sido objeto. El silencio es cómplice y reza el dicho: “el que calla, otorga”.
Por supuesto que también preocupa el actuar de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que encabeza Martha Berenice Vázquez González, pues es la instancia encargada del Protocolo Homologado de Investigación por Delitos Relacionados con la Libertad de Expresión y a la fecha no ha resuelto sobre los casos de acoso y violencia contra periodistas (a pesar de presentar pruebas contundentes sobre los presuntos responsables), pero en un mes resuelve la querella presentada por una autoridad de carácter federal. Qué rápida es la justicia cuando se detenta el poder.
Pero por encima de todo, preocupa la violencia institucional y que a través de la Fiscalía haya todavía grupos en el poder que siguen utilizando los instrumentos de protección a mujeres víctimas de violencia de manera facciosa, pues eso demerita todo el trabajo impulsado durante décadas por feministas alrededor del mundo y que más recientemente vieron consolidados sus esfuerzos con el movimiento #MeToo.
Entre todo esto, lo más grave es que hubo quienes pretendiendo defender a la delegada Verónica Díaz Robles, calificaron a periodistas de ser “sicarios de la noticia”, como lo publicó en sus redes sociales Hermelio Camarillo Conde, director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART), acusación que sí podría ser constitutiva de un delito.
Al servidor público le hace falta un ejemplar del suplemento del Periódico Oficial del pasado 2 de abril, donde se publicó el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, y debería leer especialmente lo que se establece en los artículos 5 y 14 relativos al respeto a los derechos humanos y evitar “expresiones o actitudes de burla o tendientes a ignorar o menoscabar la ideología, pensamiento, opiniones o ideas de las personas”.
Lástima que el órgano interno de control requiera de una denuncia y no pueda investigar de oficio este tipo de conductas de los servidores públicos.
Pero volviendo a la querella de la delegada, la investigación aún está abierta y el caso no está concluido. Ojalá se dé oportunidad de aclarar algunas investigaciones que hemos publicado sobre su desempeño en el servicio público (y en las cuales tampoco ha ejercido su derecho de réplica):
https://lalalanews.com/2020/11/desvian-millones-en-la-superdelegacion/
https://lalalanews.com/2021/03/agandallan-candidaturas-servidores-de-la-nacion/
https://lalalanews.com/2021/03/corrupcion-en-cobro-de-pensiones-del-bienestar/
https://lalalanews.com/2021/05/programas-del-bienestar-no-llegan-a-los-que-menos-tienen/
https://lalalanews.com/2020/10/quedan-a-deber-con-programas-del-bienestar/
En líos por la transparencia
A cuatro días de que concluya el plazo para que los sujetos obligados carguen su información del primer trimestre del 2022 a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), es fecha que la nueva gobernanza sigue en la opacidad (convenientemente).
Ojalá de algo haya servido la plática que ofreció en días pasados la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, a coordinadores administrativos y directores de unidades de Transparencia, o las capacitaciones que ofreció el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).
Solo que la nueva gobernanza podría estar metida en un nuevo embrollo, pues como se recordará el pasado 26 de enero en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se publicó el “Acuerdo mediante el cual se deroga el uso y aplicación del Portal de Transparencia para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal”.
Es decir, se dejaría de publicar información en los portales de transparencia del Gobierno del Estado y se limitarían única y exclusivamente a la carga de archivos a la PNT.
Sin embargo, este sábado 23 de abril en el Periódico Oficial también se publicó un acuerdo del pleno del IZAI para la verificación de obligaciones en materia de transparencia, en la dimensión de portales de transparencia.
Entonces: ¿sirven o no sirven los portales de transparencia de los sujetos obligados?, ¿quién tiene la razón?
Por cierto, hablando de la Función Pública, se espera que hoy al mediodía Humbelina Elizabeth López Loera presente una nueva denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ). Ojalá que esta vez sí haya estado bien asesorada y no cometa los mismos errores que la denuncia interpuesta en contra de Benjamín “N” en lugar del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas. Luego por qué no prosperan las denuncias…
