Obstáculos en la Secretaría de Finanzas

A propósito de percepción, no es casualidad que la ciudadanía perciba pocos resultados de la nueva gobernanza. Algo pasa en la Secretaría de Finanzas (SEFIN) que los recursos no parecen fluir hacia las dependencias encargadas de ejecutar los proyectos, programas y acciones que atiendan las necesidades de la población.

No son pocos los coordinadores administrativos de distintas dependencias que han expresado su molestia porque a pesar de contar con dictámenes de suficiencia presupuestal, desde la Subsecretaría de Egresos que encabeza Silvia Saavedra Juárez no parecen radicar los recursos correspondientes para ser ejecutados, sin justificación aparente, lo que les obliga a detener su programación anual.

Recuérdese el año pasado la cancelación de la primera licitación para las dichosas placas vehiculares debido a “insuficiencia presupuestal”, pese a una cacareada recaudación superior a los 300 millones de pesos por ese concepto.

Lo anterior también se ha visto reflejado en el ejercicio presupuestal de este año, pues según los informes financieros de la SEFIN, al cierre del primer trimestre del 2022 se tenían más de 2 mil millones de pesos ahí detenidos y sin ser aplicados; sin embargo, había más de 300 millones de pesos pendientes por pagar respecto al presupuesto devengado.

Véase el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, que durante el primer trimestre del año había devengado más de 13 millones de pesos en el Capítulo 2000 (donde se incluye el combustible) y más de 40 millones de pesos en el Capítulo 3000 (relativo a diferentes servicios), pero solo se habían pagado 7.9 millones en el primer caso y apenas 17.7 millones en el segundo caso.

Y ni hablar del Capítulo 1000, de donde se paga la nómina, pues en los primeros tres meses se habrían devengado unos 221.3 millones de pesos, pero aún quedarían pendientes de pagar más de 11.3 millones de pesos. ¿Cuántos policías se habrían quedado sin pago durante ese periodo?

Sería muy arriesgado pensar que por una irresponsabilidad de la Subsecretaría de Egresos al no pagar estos conceptos haya retrocesos en la estrategia de seguridad, si se considera que las corporaciones no cuentan con los insumos básicos e indispensables para cumplir con su labor.

También sería muy malo pensar que por la misma irresponsabilidad de la Subsecretaría de Egresos se hayan pagado solo 463 mil pesos en servicios generales de la Secretaría de Educación, cuando esta dependencia habría devengado más de 6.8 millones de pesos en ese concepto y que posiblemente sea la razón de que en varios departamentos no cuenten con recursos para el pago de la luz, el agua, los servicios telefónicos, vigilancia, campañas de publicidad (como la necesaria para el periodo de preinscripciones), servicios de mantenimiento, entre muchos otros conceptos.

Pero de plano ya sería el colmo atribuir a una irresponsabilidad de la Subsecretaría de Egresos el hecho de que la Secretaría del Campo haya devengado más de 15 millones de pesos en el capítulo 4000 para poner en marcha sus programas y que a la fecha no se haya pagado un solo peso.

Tampoco se quisiera pensar que todo este retraso en la ministración de recursos se trate de una estrategia para justificar el discurso del “no hay, no hay, no hay”, en la nueva gobernanza.

Bien raro que en el primer trimestre del año la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) tuvo una ampliación presupuestal superior a los 15 millones de pesos y, “mágicamente”, actuó con celeridad en el caso de la querella interpuesta por la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, por presunta violencia política de género.

¿Será que la subsecretaria Silvia Saavedra pueda explicar qué criterios utiliza para radicar o retrasar los recursos a las dependencias, pese a los recursos disponibles?, ¿será que también pueda explicar por qué las cifras del Presupuesto de Egresos 2022 que fue aprobado por la 64 Legislatura difiere de las cifras etiquetadas por el Gobierno de México en su Presupuesto de Egresos de la Federación?

Reclamos en el Día del Trabajo

Ante la inminencia por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el pasado 25 de abril el gobernador David Monreal y el secretario general del SUTSEMOP, Israel Chávez Leandro, pactaron un incremento salarial del 3% al 5% para la base trabajadora, así como otros bonos y estímulos.

Con este acuerdo con el que culmina la negociación del pliego petitorio 2022, la nueva gobernanza esperaba evitar manifestaciones de descontento en la marcha conmemorativa del 1 de Mayo. Sin embargo, no fue así.

Entre los miles de sindicalizados que marcharon por las calles del Centro Histórico de Zacatecas, nadie pudo evitar que surgieran en los contingentes diversas pancartas con reclamos hacia la nueva gobernanza, entre mejores condiciones de trabajo, un cese al terrorismo laboral, salarios dignos e incluso medicamentos para atender a los pacientes en el sector público. Pero todas las consignas coincidían en un mismo punto: exigir al gobernador que se ponga a trabajar, que deje de culpar al pasado y que asuma su responsabilidad.

Como era de esperarse, la mayoría de los contingentes agremiados al SUTSEMOP marcharon en silencio, sin protestar (no sea que se enojará quien dice representarlos), pero las consignas se dejaron escuchar muy fuerte entre los sindicatos independientes, del magisterio y los del sector salud.

Y los reclamos no eran para menos, incluso entre quienes marcharon en silencio agremiados al SUTSEMOP, pues aunque el incremento salarial rondará entre el 3% y el 5%, ese aumento no compensa la inflación que hoy se ubica en 7.36 por ciento.

Por si fuera poco, durante el primer trimestre del año hubo una ampliación presupuestal de solo 1.9% en el Capítulo 1000, donde se paga la nómina de la burocracia, pero es un porcentaje menor al prometido en el pliego petitorio. ¿Será que al final les darán (otra vez) “atole con el dedo”? Sobre aviso no hay engaño…

Por cierto: en la marcha no se vio a Uswaldo Pinedo Barrios, quien dice ser (todavía) líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. El que a dos amos sirve…

Apuntados para la presidencia de la CDHEZ

Una vez que el pleno de la 64 Legislatura aprobó la convocatoria para elegir a quien sucederá a Ma. de la Luz Domínguez Campos, ya hay varios apuntados para participar en el proceso de designación de la próxima presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Hasta donde se sabe, en la lista ya se habrían apuntado María Eugenia del Río Venegas, Kent Contreras, María Elena Ortega, Rafael Candelas y Salvador Estrada. Y como el plazo de registro aún está abierto, no se descarta que en los próximos días haya más apuntados en la lista.

Habrá que ver si el reacomodo de fuerzas al interior de la 64 Legislatura, luego del cambio de bancada de las diputadas Priscila Benítez e Imelda Mauricio, se traduce en decisiones más objetivas en el pleno. A menos que las decisiones sigan respondiendo a manos externas que aún intervienen en la autonomía de poderes.