Terminaron mosqueados los cientos de canapés que había llevado la Función Pública con motivo de la comparecencia de la titular, Humbelina Elizabeth López Loera, ante el pleno de la 64 Legislatura.
Alrededor de las 5:30 de la tarde, media hora después de la convocatoria a sesión, al pase de lista solo respondieron los diputados Xerardo Ramírez, Lorena Oliva, Ernesto González, Maribel Galván, Imelda Mauricio, Susana Barragán, José Luis Figueroa, Nieves Medellín, Sergio Ortega, Martha Elena Rodríguez, Zulema Santacruz y Marimar de Ávila. En su mayoría, vinculados con la secta y quienes al parecer responden únicamente al guión que les es remitido para su lectura ante el pleno.
Al haber únicamente 13 diputados en el recinto legislativo, el diputado Xerardo Ramírez (que un día acusa corrupción en la nueva gobernanza y al otro aplaude) solicitó al presidente de la Mesa Directiva se diera por cumplida la comparecencia. Y así lo hizo el diputado Ernesto González Romo.
La declaratoria desató fuertes aplausos de los cientos de trabajadores de la SFP que se dieron cita puntualmente para la comparecencia de López Loera y minutos después ya estaban en el pleno para tomarse una fotografía grupal.
Ni por un momento se pensó en reprogramar la comparecencia o declarar otro receso para reunir el quórum legal para sesionar. “Alguien” ya sabía que el resto de los diputados no volvería al recinto legislativo para la glosa.
Previamente, Ángel Manuel Muñoz Muro, quien fuera nombrado subsecretario de Control y luego corrigieran para nombrarlo subsecretario de Responsabilidades en la SFP, habría “operado” a través de la bancada oficial (dicen que mediante la diputada Violeta Cerrillo) una sesión muy poco tersa para la secretaria de la Función Pública llevando a la cancha del Legislativo un pleito entre dos bandos que se disputan posiciones en el Ejecutivo: los afines a la delegada Verónica Díaz Robles y los incondicionales de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
Pero las cosas no resultaron como se planeó. “Alguien” ya se había adelantado a “la trampa” de la secta y logró lo que la nueva gobernanza no ha podido en más de un año. Si ese “acuerdo” con diputados del “bloque plural ampliado” incluía o no la entrega de recursos es lo de menos.
Las ausencias a la comparecencia fueron notables desde el momento en que varios diputados enfrentan procedimientos en la SFP y reza el dicho que “más vale un buen acuerdo que un mal pleito”. Varios incluso “se hicieron del delito” desde el momento en que dejaron de contestar mensajes y llamadas una vez declarada por cumplida la comparecencia de López Loera. Pero, pues, cada quién…
Muy curioso que una de las principales banderas de la nueva gobernanza, desde el proceso de entrega recepción, haya sido el combate a la corrupción y que una y otra vez se haya valido del trabajo encabezado por Humbelina Elizabeth López Loera al frente de la SFP para justificar su campaña de las “herencias malditas”.
Sin embargo, “a la hora de la hora” se echa por la borda una de las comparecencias más relevantes para la glosa del primer informe de gobierno, por el peso que la propia nueva gobernanza había dado en su discurso al combate a la corrupción. Y todo indica que se debió a los intereses externos que mantienen en la parálisis a la actual administración.
En adelante, ¿cómo justificar en el discurso del gobernador David Monreal el pretendido combate a la corrupción? Porque lo ocurrido este lunes en el pleno de la 64 Legislatura da a entender que la SFP y su propia titular fueron utilizados para legitimar el arranque de un gobierno que se ha dedicado a destrozar a Zacatecas, mucho más que “reconstruirlo” (como reza su eslogan del primer informe).
Lo anterior no impidió que a través de las redes sociales de la Función Pública se informara a la población de lo realizado por esta dependencia en el último año. Y sí: destacan las 54 sentencias cacareadas desde hace ya algunos meses, así como los 273 años de inhabilitación, más el hecho de que el 97% de estas sentencias corresponden a funcionarios de primero y segundo nivel.
Interesante hubiera sido que ante el pleno se informara si dichas sentencias ya son definitivas y se revelara el nombre de los servidores públicos inhabilitados; en qué derivó el caso de Benjamín “N” y el manejo de los dineros de la FENAZA; en qué etapa va la investigación sobre los permisos experimentales; en qué derivó la investigación sobre la presunta “desaparición” del adelanto de participaciones al cierre del quinquenio de Alejandro Tello; o al menos qué ha pasado con la estafa alimentaria del SEDIF y los contratos con Dominus Messico.
También hubiera sido importante que la titular de la dependencia rindiera cuentas sobre los procesos de investigación en contra de funcionarios de la actual administración (y si existen procedimientos sancionatorios en curso o ya con sentencias de inhabilitación), la simulación de licitaciones, el reparto discrecional de la “nómina secreta” en la nueva gobernanza, los funcionarios de primer nivel que desempeñan doble o triple función (como el caso del secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios), entre muchas otras irregularidades detectadas.
Al final, queda claro que no importa la bancada ni las convicciones; entre los 30 diputados hay a quienes les mueve más la “vulgar ambición” y que más allá de pelear por “cargos y oficinas”, también hay otros intereses en juego. ¿Con qué cara exigirán que en la nueva gobernanza se combata la corrupción?
Previamente, durante la comparecencia del secretario de Salud, la mayoría de los diputados dio muestra de que no están en lo que deben estar y de que tampoco están desquitando su dieta que les pagan los zacatecanos.
En dos rondas de intervenciones, quedó claro una vez más que los legisladores se centran en lo obvio y no en lo importante; que retoman trascendidos en la prensa local o en declaraciones desafortunadas, pero no hay análisis al documento del informe de gobierno.
Tampoco hacen por estudiar los informes financieros o de avance de gestión, mucho menos el avance programático presupuestal ni los subejercicios (comprobables con la página de la SFP y la demora en los procesos de licitación).
Para unos cuantos, lo relevante fue insistir una y otra vez en la doble función de Uswaldo Pinedo como secretario de Salud de Zacatecas y como líder sindical, un tema que pretendía “mediatizar” el diputado Xerardo Ramírez al presentar un escrito a la Comisión Jurisdiccional que hoy encabeza el diputado Enrique Laviada a fin de iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa por esta doble función. ¿Por qué hacerlo hasta la glosa del informe, cuando tuvo tantos meses para solicitar este procedimiento?
Nadie preguntó por los beneficiarios de la licitación de alimentos solicitada por la SSZ (y cuyo fallo recientemente se publicó en el portal de la SFP). Tampoco estudiaron el convenio del programa IMSS-Bienestar ni la cláusula que especifica que no tendrá recursos federales, sino que se fondeará con recaudación propia de los estados (un tema crucial que debe integrarse en el Presupuesto de Egresos 2023).
Y qué decir de las adquisiciones con los mismos proveedores que la Delegación de Programas para el Desarrollo, entre muchos, muchos otros temas que no fueron de interés de los diputados porque, para ellos, lo importante era insistir en lo obvio e incluso reclamar al estado por temas que son competencia de la federación. ¡Pero qué manera de legislar!
