Durante su informe de labores 2020, Francisco José Murillo Rusieco, fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, insistió que para lograr la autonomía plena de este organismo aún se requiere la extinción de la Procuraduría General de Justicia del Estado para disponer del recurso necesario y fortalecer las acciones de procuración de justicia.
También recordó que hasta en cuatro ocasiones se ha solicitado el registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin tener una respuesta, lo que complica asumir la totalidad de las funciones administrativas que al día de hoy se realizan a través del Gobierno del Estado.
Ante diputados de la 63 Legislatura, Murillo Ruiseco expuso los principales resultados de la Fiscalía durante el 2020 divididos en nueve apartados.
En general destacó que se implementaron 113 acciones para preservar la salud del personal sin descuidar la labor de procuración de justicia. Aquí reconoció el esfuerzo del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, encabezado por el magistrado presidente Arturo Nahle García, para implementar la atención a distancia en audiencias, órdenes de aprehensión y de cateo, entre otras medidas.
Además, destacó que durante el año pasado se atendió a más de 32 mil personas en los módulos de atención temprana, de las cuales el 15% de los asuntos pudieron ser resueltos por la vía abreviada.
También se obtuvieron 13 mil denuncias, de las cuales 1 mil 265 fueron judicializadas, 544 avanzaron a audiencias de control, 530 derivaron en órdenes de aprehensión y se lograron 1 mil 510 vinculaciones a proceso, sin olvidar 200 resoluciones condenatorias por varios delitos y lograr la detención de 2 mil 989 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
Murillo Ruiseco explicó que uno de los principales delitos con mayor incidencia durante el 2020 fue la violencia familiar, en gran parte como consecuencia de las medidas de confinamiento por la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, pidió a los diputados agravar la punibilidad de este delito, que el año pasado implicó 740 detenciones y hoy representa el principal delito del fuero común en Zacatecas.
Respecto al trabajo de las fiscalías especializadas, destacó que se tuvieron 1 mil 944 carpetas de investigación por delitos de género, de las cuales 261 fueron judicializadas y 91 derivaron en órdenes de aprehensión.
Finalmente, indicó que durante el 2020 se logró la detención de 20 grupos delictivos dedicados al secuestro y reiteró el compromiso de continuar con el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer las tareas de seguridad.
Postura de los diputados
Javier Calzada, como diputado independiente, hizo un recuento de cifras oficiales de diversas instituciones que dan cuenta del incremento de delitos del fuero común y federal en la entidad y enfatizó que “en Zacatecas no habrá paz sin bienestar y no habrá bienestar sin desarrollo”.
La diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo, de Partido Nueva Alianza (PANAL), reconoció como acierto la creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Fresnillo, además de plantear la revisión de las políticas públicas y reafirmó el compromiso de trabajar en coordinación desde el Poder Legislativo para conservar el Estad de Derecho y la procuración de justicia.
La diputada Emma Lisseth López Murillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuestionó el abandono de las corporaciones municipales en el combate a la delincuencia, asegurando que “tenemos que hacer un esfuerzo con lo que se tenga”. También refrendó su apoyo al gobernador Alejandro Tello en esta materia, aunque cuestionó que el informe carezca de una relación sobre las carpetas de investigación detenidas o la poca actuación en temas de corrupción.
La diputada Gabriela Pinedo Morales, del Partido del Trabajo (PT), señaló que en Zacatecas se vive una grave crisis de inseguridad y la procuración de justicia sigue siendo una deuda pendiente por gobiernos estatales ineficaces que no atendieron las causas que generaron dicha situación. Hizo un llamado a trabajar en abatir los índices de impunidad y castigar los delitos.
El diputado José Juan Mendoza Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), insistió en la importancia de firmar un convenio de coordinación con el Gobierno de México para que la Guardia Nacional asuma las funciones de seguridad pública, especialmente en los municipios limítrofes con otros estados.
El diputado Luis Magallanes Salinas, del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció que hay quejas y deficiencias en materia de seguridad, pero abogó por una mejoría, especialmente si se evita la burocracia en la procuración de justicia.
La diputada Perla Martínez Delgado, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfatizó en la falta de apoyo de la Federación para atender la inseguridad, además de recordar que hay homicidios recientes que siguen sin recibir castigo: “Zacatecas sufre las consecuencias de políticas erráticas desde la federación”.
En tanto, la diputada Roxana Muñoz, de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), señaló que hay quienes pretenden desvirtuar la situación de inseguriad y atribuir a la Federación lo que ha sido responsabilidad local.