Mucho antes de ser postulado como candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, David Monreal Ávila pudo haberse beneficiado en sus aspiraciones personales con recursos de programas federales.
Así lo demuestran los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al menos en la revisión al programa de Pensiones para el Bienestar de los Adultos Mayores. Sin embargo, entre las cifras dadas a conocer por la autoridad federal y por la delegación de Programas para el Desarrollo se detectaron algunas inconsistencias, como ya había ocurrido con la nómina de Servidores de la Nación.
Lo más grave es que hay evidencia institucional de que los programas federales, al menos en el caso de Zacatecas, no están llegando a los que menos tienen y la opacidad en los padrones de beneficiarios poco contribuye a clarificar quienes se han visto beneficiados con esos recursos.
Programas federales, ¿para compra del voto?
De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento: 2019-0-20100-19-0246-2020, 246-DS, correspondiente a la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión a de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría del Bienestar tendrá que aclarar un monto de 992 millones 680 mil 415 pesos correspondientes al Programa de Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores.
De ese monto, 70 millones 606 mil 700 pesos corresponden a la Delegación de Programas para el Desarrollo de Zacatecas, que dirige la delegada Verónica Díaz Robles, aunque no en todos los casos implica un posible daño al erario.
Según el dictamen, las irregularidades se debieron principalmente a la falta de supervisión en la administración y seguimiento del ejercicio de los recursos del programa, lo que derivó en 6 recomendaciones, 2 solicitudes de aclaración, 1 promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 pliegos de observaciones.
Entre las irregularidades destaca el pago a beneficiarios sin Clave Única de Registro de Población (CURP), duplicidad en el pago de pensiones, pago del programa para ejercicios anteriores, pago a beneficiarios que ya habían fallecido, entre otras.
Las inconsistencias
De acuerdo con el informe de la auditoría, durante el 2019 se tuvieron 190 mil 450 casos de beneficiarios de este programa sin tener su CURP, lo que implicaba una posible afectación por 2 mil 660 millones 800 mil 800 pesos; en el caso de Zacatecas, fueron 12 mil 65 casos y 170 millones 73 mil 900 pesos de posible daño al erario. Se trata de la quinta entidad con mayor número de casos en esta situación.
La ASF también encontró que durante el ejercicio fiscal 2019 hubo 952 beneficiarios y 1 mil 906 casos de duplicidad en el pago de Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, de los cuales 34 beneficiarios y 69 casos en duplicidad corresponden al estado de Zacatecas, uno de los dos estados que presentó hasta triple registro de beneficiarios.
Luego del proceso de solventación se determinó que Zacatecas no presentó la documentación requerida para aclarar las observaciones, por lo que se mantuvo en 34 beneficiarios y 69 casos en duplicidad, que implicaron un probable daño a la hacienda pública federal por 433 mil pesos.
Además, según la revisión de la ASF, se encontraron 13 mil 148 casos de pagos de pensión distinta a la autorizada en 2019, lo que implicó un monto de 15 millones 700 mil pesos. En Zacatecas, las observaciones fueron por 533 casos y un monto de 618 mil 300 pesos.
Respecto al concepto “Pago de Marcha”, el cual dispone de un apoyo económico por 1 mil 275 pesos por única ocasión a representantes o adultos auxiliares de los beneficiarios por fallecimiento, previa presentación de la solicitud de pago y acreditación del deceso, en el caso de Zacatecas, durante el proceso de auditoría no solventó observaciones, por lo que aún tendría pendiente por aclarar el apoyo a 673 beneficiarios sin acreditar la procedencia del apoyo, que implicaría un probable daño al erario por 858 mil pesos.
Al cotejar el Padrón de beneficiarios del programa que recibieron apoyos económicos en efectivo durante el ejercicio 2019 mediante el Banco del Bienestar, contra los registros de baja de la Clave Única de Registro de Población por defunción del Registro Nacional de Población, la ASF identificó en Zacatecas 20 beneficiarios que ya habían fallecido, lo que implica un monto de 87 mil 900 pesos, el 10% de lo observado a nivel nacional.
Una muestra de que se habrían estado desviando recursos de los Programas del Bienestar en Zacatecas la ofreció el propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020.
Para el caso de Zacatecas, en los 10 municipios con los porcentajes más altos de pobreza se evidencia una baja cobertura de los Programas para el Bienestar, lo que indicaría que los recursos federales no están llegando precisamente a la población objetivo.
Por ejemplo, del Programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Florencia de Benito Juárez registró un mayor porcentaje de beneficiarios, y apenas llegó al 1.6% de la población en situación en pobreza.
En Jóvenes Construyendo el Futuro, el municipio Mezquital del Oro fue el mayor beneficiario de este programa, con el 4.7 por ciento. De las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Jiménez del Teul y El Salvador fueron los más beneficiados, con 2.2 y 1.9 por ciento.
El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad benefició al 3.4% de la población con discapacidad y en situación de pobreza del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro. De la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, solo se tiene información de Jiménez del Teul y El Salvador, con 0.1 y 0.3 por ciento.
También destaca el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PPBAM), pues si bien desde el 8 de mayo de 2020 fue elevado a rango constitucional y su acceso es considerado un derecho irrestricto para todas las personas a partir de la edad definida por el programa, la población en situación de pobreza en este rango de edad beneficiada fue entre el 0.5 al 0.7 por ciento en los 10 municipios con mayor proporción de población en pobreza.
El gabinete
Una muestra de que David Monreal no cuenta con los mejores perfiles para integrar su gabinete son al menos dos de los primeros nombres que están considerados para la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de las Mujeres.
En el caso de la primera, se propondría a Julio César Chávez Padilla, alcalde con licencia de Guadalupe y quien hoy aspira a la reelección por las siglas de MORENA.
Sin embargo, podría estar vinculado en evasión fiscal y lavado de dinero al estar relacionado con un consorcio empresarial que figura en la investigación “Los Papeles de Panamá” (Panama Papers), investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dada a conocer en el 2016.
De acuerdo con su última declaración de intereses, presentada en julio del 2018 de manera pública (en pleno periodo electoral), Julio César Chávez Padilla era accionista de la empresa Piero Sutti S.A. de C.V., donde a la fecha de la presentación de la declaración llevaba 10 años como accionista, con el 1.5% de participación.
Como reportó en su momento La Jornada Zacatecas, dicha empresa es una de las 16 identificadas con el mismo domicilio en el municipio de Guadalupe: Paseo de Bernárdez 59, mismo domicilio que reporta la empresa Sterling Mining de México S.A. de C.V. y Sutti Mining S.L., ambas figurando en la base de datos sobre los Panama Papers donde se enlistan las empresas y particulares que utilizaron compañías para evadir al fisco o blanquear dinero de procedencia ilícita.
De las 16 empresas vinculadas en esta red con el mismo domicilio (y que incluso tienen el mismo número telefónico), 17 están relacionadas con el sector de la minería y una con aparente actividad deportiva (un club de futbol), empresas que actualmente son representadas por Víctor García Collado y Gilberto Zapata Castañeda en su mayoría, así como José de Jesús Parga.
Aunque hace unos años, cuando se dio a conocer el listado de estas empresas en el trabajo periodístico de los Panama Papers, se encontraban vinculadas con la empresa Dale Capital Group Limited, registrada en Islas Vírgenes Británicas (paraíso fiscal), actualmente están ligadas con Operezmo Limited, registrada en Malta y con operaciones recientes, por lo que se presume que continúan actividades sospechosas de evasión fiscal y lavado de dinero.
Por otra parte, el alcalde con licencia ha tenido una administración marcada por el nepotismo, conflicto de intereses y hasta posible evasión fiscal.
Durante su administración, Gilberto Zapata Castañeda fungía como asesor personal de Julio César Chávez Padilla al menos hasta el primer trimestre de este 2020, periodo en el que presentó su última declaración patrimonial como conclusión de su encargo, por el cual recibía una remuneración de hasta 56 mil pesos mensuales, como consta en la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Además, Gilberto Zapata es hermano del extesorero del municipio, José Alejandro Zapata Castañeda, quien hoy integra la planilla de Chávez Padilla para la reelección, por lo que se pudo incurrir en posible conflicto de interés y nepotismo en esta contratación.
También existe evidencia en gastos por comisiones oficiales en el municipio donde al parecer Gilberto Zapata era el responsable de llevar las diligencias en la controversia contra Pounce Consulting S.A. de C.V., la empresa que ganó la licitación pública nacional para el proyecto de cambio de luminarias iniciado en la administración anterior.
Hasta donde se sabe, la controversia sigue en los tribunales, concretamente en la Sala Regional de Guadalajara, y ha permanecido estancada debido a una presunta extorsión de Gilberto Zapata para pedir diezmo a la empresa a cambio de llegar a los mejores términos en esta controversia, sin que hasta el momento se haya comprobado.
También hay varias denuncias ciudadanas, como las recibidas por este medio, en las que se señala a Gilberto Zapata como presunto accionista de la empresa Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos S.A. de C.V., originaria del estado de Durango y sobre la cual pesan algunas irregularidades en aquel estado en relación con sus socios, aunque no se han encontrado documentos oficiales que confirmen tal vínculo.
Por si esto no fuera suficiente, la esposa de Gilberto Zapata Castañeda, Mariana Yamile Chávez Alvarado, también está en la nómina del Ayuntamiento de Guadalupe, adscrita al Instituto Municipal de la Mujer Guadalupense como asesora, percibiendo un salario incluso superior al de la propia titular del instituto, Diana Guadalupe Saucedo Nava, pero también es suplente de la regidora Lorena Oliva Benítez.
No es la única familiar en la nómina, pues también se encuentra la cuñada Lucía Paulina de León Alonso, hermana de María Fernanda de León Alonso, la esposa del tesorero José Alejandro Zapata Castañeda. Ella se encuentra adscrita a la Secretaría de Gobierno municipal percibiendo un sueldo mensual de 11 mil 250.30 pesos.
El caso Panama Papers
Ante estas y otras inconsistencias en la administración que encabeza el alcalde Julio César Chávez Padilla, hubo varias denuncias ciudadanas señalando como cómplice al actual contralor Julio César Nava de la Riva, al indicar que presuntamente los recursos correspondientes al proyecto Guadalupe TV en realidad se estarían desviando al proyecto del contralor denominado Radio TV Cosas Buenas.
Tan solo en el primer trimestre de este 2020 se destinaron 346 mil 9.72 pesos para la adquisición de diferentes insumos y materiales que, en teoría, serían para el proyecto Guadalupe TV.
Sin embargo, incluso en las adquisiciones se advierten algunas irregularidades, pues todas fueron realizadas con la empresa Grupo Consultor Yáñez S.A. de C.V., representada por José Carlos Yáñez Lozano y dedicada al giro de la construcción y a la comercialización de equipos eléctricos, maquinaria y refacciones, aunque la adquisición no consta en los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la contratación de obras, bienes y servicios del primer semestre del 2020.
Además, en algunos casos hay evidente sobreprecio, como una MacBook Pro 13″ adquirida en 55 mil 999 pesos cuando su precio en el mercado, para febrero de este año en que fue adquirida, oscilaba en 25 mil pesos. Mismo caso que la adquisición de una cámara Canon XA11 cuyo precio en el mercado no supera los 40 mil pesos y sin embargo fue adquirida en 75 mil 477.72 pesos.
Ruth Calderón Babún, a la SEMUJER
Un área fundamental en la próxima administración pública tendría que ser la Secretaría de las Mujeres (SEMUJER), debido a que ha sido el sector más afectado por la pandemia del COVID-19 en diferentes niveles.
Sin embargo, David Monreal ha considerado a un perfil aún cuestionable para encabezar esta dependencia: Ruth Calderón Babún, actual síndico del Ayuntamiento de Zacatecas y quien busca la reelección en la planilla que encabeza Jorge Miranda Castro como candidato a la alcaldía capitalina por la coalición Juntos Haremos Historia.
De acuerdo con su currículum vitae publicado en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Zacatecas, ella es Técnica en Administración Empresarial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Zacatecas.
Ha sido jefa del Departamento de Difusión, en la Dirección de Servicios Turísticos del ISSSTEZAC; gerente del Centro Recreativo Plaza ISSSTEZAC; jefa de Administración y Capacitación en la Dirección de Filiales del ISSSTEZAC; gerente general del Hotel Paraíso Caxcán; gerente general del Hotel María Benita; así como jefa de Crítica Codificación de la ENIGH del INEGI en Zacatecas.
Entre sus cursos, seminarios y capacitaciones, la mayoría se concentra en el ámbito de la administración empresarial.
Recientemente ha sido conocida por promover varios juicios por violencia política en razón de género en los últimos nueve meses, que motivaron sanciones contra algunos candidatos a un cargo de elección popular en este proceso, así como medios de comunicación.