El 2021 y el reto de la participación política de la mujer

A unos días de que arranque el proceso electoral 2020-2021, aún se tienen importantes retos para lograr la igualdad sustantiva y garantizar la participación activa de las mujeres en la vida política de Zacatecas y el país.

Así lo afirmaron diversos figuras públicas en un sondeo realizado por Lalalá News, como Noemí Berenice Luna Ayala, dirigente estatal del PAN; Isadora Santiváñez, exdiputada local por el PRI; Adriana Rivero Garza, titular de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJER); la magistrada Martha Elena Berumen Navarro y María Luisa Sosa, presidenta de la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges.

Y es que grandes lecciones dejó el pasado proceso electoral cuyo aprendizaje deberá demostrarse en el 2021. Tan solo en Zacatecas, de los 58 ayuntamientos, 15 están encabezados por una mujer: 8 del PRI; 6 de la alianza PAN-PRD-MC y 1 de la alianza PT-MORENA-PES.

El escenario es similar cuando se trata del Poder Legislativo. De los 18 distritos de mayoría relativa, 5 son ocupados por mujeres, y de las diputaciones de representación proporcional (las llamadas plurinominales), 3 de cada 4 son ocupadas por mujeres.

A raíz de este sondeo, varias son las coincidencias respecto a las limitantes para garantizar la participación activa de las mujeres en la vida pública y política de Zacatecas, principalmente una cultura machista muy arraigada donde se imponen roles de género que aún restringen su participación a la esfera privada y en caso de trascender a la esfera pública, se les exige sacrificar su vida personal o asumir una doble o triple carga que limita su crecimiento.

Al respecto, destaca el caso del Poder Judicial, donde según la magistrada Martha Elena Berumen Navarro, se ha respetado e incluso incentivado la participación de la mujer: “en la actualidad, siete de 14 magistrados somos mujeres, aconteciendo esa igualdad en los jueces de Primera Instancia, dentro de los que el desempeño laboral de la juzgadora no se ve mermado por cualquier otra faceta que la misma realice a la par”.

Consideró que tal vez el mayor avance de la participación de la mujer en la vida pública ha sido en el ámbito laboral, “eso nos ha permitido contribuir a tener una sociedad más abierta e igualitaria, en la que tanto hombres como mujeres tenemos la misma oportunidad para acceder a la administración pública”.

Sin embargo, según otras voces entrevistadas, esta participación aún sigue siendo baja en otros sectores de la vida pública, como en las administraciones de los tres niveles de gobierno o en cargos de elección popular, donde se involucra a la mujer más por la obligación de cumplir con cuotas de género que por incentivar de manera efectiva su participación en igualdad de condiciones.

A decir de Isadora Santiváñez, “el crecimiento de la mujer se basa en el tema de cuotas y de posiciones obligadas, entonces se ve algo como obligado, que se tiene que hacer, no para generar condiciones de igualdad, sino por el sentido o la posición de tratar de cumplir con determinado número de cuotas en los municipios, localidades o distritos que se consideren perdidos”.

Con ella coincidió Adriana Rivero, quien aseguró que “las limitantes están en la práctica o el ejercicio de esos derechos; todavía vivimos en esta cultura que hace una separación entre el espacio público y privado, y todavía sigue asignando a los varones el espacio publico y a las mujeres el espacio privado”.

En tanto, Noemí Luna consideró que la vida pública para las mujeres ha estado limitada principalmente por la imposición de roles de género y una cultura machista que relegan a las mujeres a la esfera privada de la sociedad y aunque se tienen grandes avances en materia legislativa para garantizar la paridad de género en la vida pública y política del estado, aún falta capacitar a hombres y mujeres sobre las nuevas masculinidades y en la construcción de un ambiente más propicio para una cultura de la igualdad.

María Luisa Sosa indicó que aún hay problemas estructurales que incluyen la distribución inequitativa de recursos, pues solo se destina el 5% del financiamiento para el liderazgo de las mujeres y el 95% se destina a aparentes actividades neutras cuyos beneficiarios son hombres, además de que no hay reglamentación para la distribución equitativa del financiamiento a campañas o de los tiempos oficiales, en los que se sigue privilegiando a los hombres.

¿Qué avances hay?

El principal es el reconocimiento de los derechos político electorales de la mujer desde la Constitución, donde incluso se reconoce el principio de paridad como un derecho, “no es una cuota, no es una acción afirmativa, es un principio constitucional que debe cumplirse en los tres poderes y los tres niveles de gobierno, además de los órganos autónomos y no están excluidos los partidos políticos”, afirmó Adriana Rivero.

Isadora Santiváñez indicó que entre estos avances también está el contar con un presupuesto transversal y participativo, además de las últimas reformas a leyes importantes, como la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el Estado y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como un mayor porcentaje de mujeres que participan en la administración pública y la creciente sororidad y solidaridad entre las zacatecanas para seguir avanzando.

¿Qué falta por hacer?

¿Y qué hay que hacer para garantizar esa participación de la mujer en la vida pública y política de Zacatecas? Que se respete el marco legal que ya existe, en el que Zacatecas ha estado a la vanguardia, y que gobiernos y partidos políticos no se valgan de argucias únicamente para cumplir con un tema de cuotas, sino que trabajen efectivamente en lograr una representatividad y representación de este sector.

“Lo que tenemos que atacar es las violencias que viven las mujeres en los procesos electorales y cuando ya ejercen un cargo de toma de decisiones o de elección popular, porque muchas vivimos violencia política y eso muchas veces nos orilla a renunciar a nuestros cargos o no ejercer plenamente nuestros derechos”, aseguró Adriana Rivero.

Isadora Santiváñez indicó que hace falta “llevar a la realidad y a la práctica todos los derechos adquiridos por la mujer para de esta manera tener un ejercicio pleno de los derechos; si se llevaran a la práctica estaríamos en un escenario favorable y más positivo”.