Una vez concluido el periodo de campañas del proceso electoral 2020-2021, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene un balance positivo de parte de la administración pública estatal, aseguró la titular Gabriela Rodríguez Rodríguez.
Indicó que siguiendo con la indicación del gobernador Alejandro Tello Cristerna, la administración pública estatal tuvo una estrategia preventiva para que los servidores públicos conocieran sus obligaciones y posibilidades, además de la parte correctiva durante el periodo de campañas.
Expuso que durante este proceso “logramos que todos los entes y dependencias que operan programas sociales estuvieran debidamente capacitados para atender una situación de esta naturaleza, con todas sus reglas y operación y proceso en orden”.
En ese sentido, Gabriela Rodríguez refirió que la SFP recibió alrededor de ocho denuncias a través de la plataforma y un par más en redes sociales; sin embargo, la mayoría estaban relacionadas con servidores públicos municipales, además de quejas específicas contra algunos candidatos, por lo que fueron canalizadas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado y a las Contralorías municipales.
“Tuvimos otras quejas relacionadas con dos personas que sí eran servidores públicos, pero no se acreditó tal falta porque estaban en el ejercicio de sus funciones”, en referencia a que en horas laborales se estaban haciendo ejercicio proselitistas.
Sin embargo, precisó que “en la investigación en términos reales no estaban haciendo actos proselitistas, sino que estaban haciendo entregas de programas sociales que tenían reglas de operación, sus procesos de manera correcta y su calendario de ejecución sí coincidía”.
La titular de la SFP también comentó que “desafortunadamente en la plataforma a veces nos llegan denuncias escuetas, con fotografías que no necesariamente cuentan con ubicación exacta o domicilio, pero de todos modos tenemos el trabajo de rastrear hasta donde podamos cuál es la conducta que se está denunciando”.
Gabriela Rodríguez, no obstante, enfatizó que “veo un saldo favorable para la administración pública estatal, una administración bastante disciplinada; y adicionalmente, la Secretaría de la Función Pública colaboró con los municipios, acercándoles la Guía del Servidor Público, capacitamos a los contralores y otros servidores públicos para un manejo del blindaje electoral de manera correcta”.
Cumplen con declaración patrimonial
Por otra parte, la funcionaria refirió que el 31 de mayo venció el plazo para que todos los servidores públicos presentaran su declaración patrimonial y de intereses, una obligación que cumplió el 95% de los servidores públicos.
“Este año ha sido atípico porque es el primer año en la historia de la administración pública que presentamos la declaración todos los servidores públicos, como lo ordena la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, de ahí que todos los trabajadores, independientemente de su categoría, tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
En ese sentido, expuso que “estamos contentos de que en este ejercicio de esta magnitud, con este número de servidores públicos que casi alcanza los 47 mil del Poder Ejecutivo, logramos cumplir con el 95% de quienes sí presentaron su declaración a más tardar el 31 de mayo”, en formatos aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción.
Gabriela Rodríguez puntualizó que el 5% restante que no cumplió en tiempo y forma con su declaración se trata de personal educativo, médico, de seguridad pública y en menor medida, de servidores públicos administrativos.
“En el diagnóstico que tenemos de omisiones, está sobre todo que son maestros, personal médico, de seguridad, que tienen su sede o domicilio alejados de zonas urbanas”, lo que dificultaría la conectividad a medios electrónicos para presentar su declaración en la plataforma digital.
Sin embargo, la titular de la SFP explicó que “la Ley General de Responsabilidades Administrativas es clara, si existe una causa justificada, el órgano interno de control no puede sancionar de manera directa; ya que detectamos estas faltas justificadas, nos toca acercar todavía más la posibilidad del cumplimiento de las declaraciones de estas personas que ya ubicamos que la omisión no obedece a un acto voluntario, sino a una imposibilidad de carácter tecnológico”.
En ese sentido, afirmó que a través de los órganos internos de control se aportan facilidades para ubicar a las personas que no han presentado su declaración e identificar la mejor alternativa para presentarlas, incluso de manera escrita.
“Pero en aquellos servidores que no enfrentan esta situación, que son los menos, al no existir una causa justificada, ellos entrarían en un procedimiento de investigación que seguramente culminará en una sanción”.
Gabriela Rodríguez expresó que “fue un proceso que nos llevó tiempo, desde la Función Pública desplegamos una estrategia que nos ayudara a hacer mucho más fácil y muy accesible este proceso y que todos pudiéramos cumplir, por eso nos sentimos orgullosos del trabajo realizado por la Dirección de Evolución Patrimonial, por el área de Innovación Tecnológica, por los órganos internos de control, las coordinaciones administrativas y también hubo actores importantes como los sindicatos de salud y de educación”.
Agregó que la SFP, “más que estar enfocada en andar sancionando, estamos insistiendo en que el cumplimiento se dé, ahora entramos a una segunda parte de la estrategia para que podamos acercar a través de diversos medios a los servidores públicos que faltaron estas posibilidades y que nadie se quede sin presentar su declaración patrimonial y de intereses”.