Gestión para el campo ¿tardía?

Luego de una sequía prolongada que apenas se empieza a paliar con las lluvias recientes, lo que en la ciudad se ve como estragos por encharcamientos e inundaciones (y en Zacatecas, montón de accidentes viales), en el campo representa motivo de júbilo porque es señal de esperanza para un buen ciclo agrícola.

Y aunque hasta hace unas semanas Zacatecas era de las entidades con mayor superficie sembrada, a estas alturas del ciclo agrícola quien sembró, sembró, y quien no, de hacerlo en las próximas semanas, también se arriesgaría a la pérdida de sus cosechas por heladas tempranas.

Claro que hay campesinos que no estuvieron en condiciones de sembrar y tal vez esta urgencia llevó al gobernador electo David Monreal a tocar las puertas ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) para la pronta entrega de los programas Kilo por Kilo y Semilla Certificada.

Con el primero, los productores recibirán su semilla de frijol y pagarían en especie; con el segundo, tendrán un subsidio del 50% en la adquisición de semillas para mejorar su producción, y pagarán 20 de los 40 pesos por kilo que se ofrece en el mercado.

La petición es pertinente y relevante, pero quizá hubiera sido más oportuna si se hubiera hecho en cuanto recibió su constancia de gobernador electo y no hasta un mes después, a estas alturas del ciclo agrícola.

Y en materia de seguridad, el silencio

Si bien el campo forma parte de uno de los cuatro “ejes tractores” del plan de gobierno de David Monreal, posiblemente no sea el tema más urgente y prioritario para Zacatecas en estos momentos.

La violencia y la inseguridad han ido en aumento en el último mes, con muestras de sanguinidad y crueldad cada vez más visibles, cotidianas, frecuentes, pero en medio de una pandemia que ha impactado durante más de un año en la economía de las familias, pocos pueden darse el lujo de permanecer en casa y no estar a expensas de algún nuevo hecho delictivo.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (por aquello de que hay que citar los “otros datos”), en los primeros cinco meses de este año ya van 461 homicidios dolosos registrados en Zacatecas, unos 195 más que los registrados en el mismo periodo del 2020. Y son los “otros datos” oficiales, esos que desde la burbuja de Palacio Nacional dicen que están mal, que la violencia y los homicidios están bajando.

Tal vez los policías colgados de los puentes, o los cuerpos encontrados en Valparaíso y Zacatecas últimamente no han sido suficientes para que el gobernador electo busque a las autoridades federales de seguridad y “gestione” la presencia de la Guardia Nacional o del Ejército para atender esta grave crisis. La inseguridad, desde que es gobernador electo, solo ha merecido silencio de parte de David Monreal.

SCJN avala el aborto en caso de violación

Vaya chimba la que armaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en sesión de la Primera Sala aprobaron por unanimidad conceder amparo a una persona con parálisis severa y en condiciones de pobreza y marginación que fue víctima de violación sexual cuando era menor de edad y a quien le negaron la posibilidad de interrumpir el embarazo.

Y es que, a juicio de los ministros, no fue correcta la valoración del Director del Hospital General de Tapachula, Chiapas, quien negó esta posibilidad a la menor por encontrarse fuera del plazo de 90 días después de la concepción, establecido en el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas.

A su parecer, la limitación temporal para la interrupción legal del embarazo producto de una violación “constituye un acto de violencia contra la mujer que atenta contra sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental”, por lo que consideraron que no se valoró en su justa dimensión las particularidades de la víctima, se omitieron las directrices con perspectiva de género y, lo más grave, ni siquiera consideraron que la víctima era menor de edad.

Se trata de un embarazo que no es producto de una decisión libre y consentida, sino resultado de conductas arbitrarias y violentas, esas sí, tipificadas penalmente.

Con este antecedente y la declaración de inconstitucionalidad al artículo 181 del Código Penal de Chiapas, se sienta un precedente en casos de violación, donde las víctimas podrán interrumpir legalmente el embarazo sin importar la limitación temporal.

Zacatecas y las buenas conciencias

Hablando del tema del aborto, Zacatecas anda muy rezagado en la despenalización y la interrupción legal del embarazo, y el asunto no es cosa menor, considerando que también según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2015 a la fecha van 16 denuncias por aborto en Zacatecas. De esa magnitud es el tema en nuestra entidad.

Y el problema va más allá, pues las denuncias son hechas principalmente por instituciones de salud. Y aunque el Código Penal del Estado de Zacatecas sí exime de penalidad en caso de que un aborto sea como consecuencia de una violación, aún incluye apartados con términos decimonónicos que nos hacen ver qué tipo de sociedad es la zacatecana.

Basta ver el Artículo 311 del Código Penal, que establece una pena de cuatro meses a 1 año de prisión a “la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar” si hubiera cuatro circunstancias: “que la mujer no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo, que este sea fruto de una unión ilegítima y que el aborto se efectúe en los primeros 5 meses de embarazo”. Si no se cumplen las cuatro circunstancias, la pena podría ser incrementada.

De las miles de denuncias por violación en Zacatecas, ¿cuántos casos derivarían en embarazos no deseados?, ¿cuántos en abortos clandestinos?, ¿cuántas mujeres habrán perdido la vida por un aborto mal practicado? Porque el tema también se trata de salud pública y de conciencia de clase. ¿Hasta cuándo?