En sesión extraordinaria, diputados locales aprobaron una reforma a diversos artículos del Código Penal del estado para tipificar los crímenes de odio y así proteger a víctimas de este delito, como niñas, niños y adolescentes, mujeres y miembros de la comunidad LGBT+
A partir de ahora se elimina la prescripción en los delitos sexuales en contra de menores de edad, por lo que los agresores podrán ser investigados aunque la víctima inicie las acciones legales mucho después de los hechos.
También se incluye como ilícito en contra del desarrollo de niñas, niños y adolescentes el facilitarles armas y adiestrarlos en su uso.
De igual forma, los diputados tipificaron en el Código Penal los delitos de odio, incluyendo los crímenes por razones de preferencia u orientación sexual.
Se aprobaron modificaciones para fortalecer la persecución de los delitos contra la intimidad sexual, castigando también a quien produzca los materiales con contenido sexual o íntimo que se difundan sin la autorización o aprobación de quien aparece en ellos, además de que se aumentan las penas en esta conducta.
También se incrementaron las sanciones tanto de cárcel como económicas en el abandono de familiares, englobando a las personas que no proporcionen las pensiones alimenticias; en el acoso y hostigamiento sexual; en el feminicidio, en la evasión de reos; en la extorsión y en la tentativa de un delito.
Estas modificaciones provienen de varias iniciativas presentadas por los diputados María Isabel Trujillo Meza, Navidad Rayas Ochoa, Susana Rodríguez Márquez, Héctor Menchaca Medrano, José María González Nava, Pedro Martínez Flores, José Dolores Hernández Escareño y la legisladora federal Frida Alejandra Esparza Márquez.
Al respecto, también se sometió a discusión el dictamen de la reforma al artículo 22 de la Constitución Política del estado en materia de identidad de género. Esta modificación obtuvo el favor de la Asamblea por unanimidad, pero no se alcanzó la mayoría calificada que se requiere en las reformas constitucionales.
En la misma sesión también se aprobó una nueva Ley para la Solución de Conflictos Territoriales de los Municipios de Zacatecas para dar certeza jurídica y administrativa que ayude a resolver este tipo de conflictos, sobre todo en la delimitación de municipios que incide en la prestación de servicios básicos.
También se aprobó la Ley del Mezcal Zacatecano para promover esta actividad y detonar el desarrollo de los mezcaleros del estado; así como varias reformas a la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se incorpora como tipos de violencia la simbólica, además de que se crean los sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se amplían las órdenes de protección y se agilizan trámites para otorgarlas.
Por otra parte, los diputados aprobaron reformas a la Ley para la Atención de los Zacatecanos Migrantes, al incluir el principio de no discriminación de acceso a la atención y políticas públicas estatales a la hora de aplicar esta legislación.
Se reformó también la Ley de Turismo para combatir el abuso sexual infantil; a partir de ahora los establecimientos de hospedaje estarán obligados a comprobar la mayoría de edad de los huéspedes o su parentesco para evitar casos de abuso en contra de niñas, niños y adolescentes en estos espacios.
Asimismo, en sesión extraordinaria, los diputados aprobaron las cuentas públicas de 22 municipios y de ocho organismos operadores de agua potable y alcantarillado, con observaciones por presuntas irregularidades que ascienden a más de 92.7 millones de pesos.
Los ayuntamientos cuyas cuentas públicas fueron aprobadas son Trinidad García de la Cadena, Genaro Codina, Guadalupe, Jerez, Juan Aldama, Luis Moya, Loreto, Mazapil, Melchor Ocampo, Miguel Auza, Morelos, Pánuco, Pinos, Tabasco, Teúl de González Ortega, Tlaltenango, Trancoso, Vetagrande, Villa Hidalgo, Villanueva, Cañitas de Felipe Pescador y El Salvador.
Los organismos operadores incluidos en estos dictámenes fueron los de Enrique Estrada, Jerez, Juan Aldama, Luis Moya, Miguel Auza, Ojocaliente, Trancoso y Villanueva.
También se avaló la cuenta pública 2020 del Poder Legislativo, así como la revisión al informe de avance de gestión financiera de la 63 Legislatura de 2021 y su informe consolidado.
Finalmente, se eligió al periodista Ignacio Valenzuela para ser galardonado con la presea “Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche y Villareal” al mérito y trayectoria periodística del estado.
También se declaró la nulidad de varios acuerdos tomados por el Cabildo de Río Grande, por lo que los diputados demandaron la reincorporación en este ayuntamiento de ocho regidores.