Luego de que no fuera aprobada la Ley de Identidad de Género, la Asociación Civil Transformando Vidas, activistas y colectivos de la diversidad sexual en Zacatecas exigieron a la 63 Legislatura sancionar la conducta de los diputados locales José Guadalupe Correa Valdez y Susana Rodríguez Márquez, en términos de los establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículos 35, 36, 37 y 39.
En conferencia de prensa, Fernanda Delgado, fundadora de la Asociación Transformando Vidas, recordó que el pasado miércoles 25 de agosto se realizó sesión extraordinaria de la Legislatura local donde, entre otros puntos, se buscaba aprobar un dictamen de reforma al artículo 22 constitucional para reconocer la identidad de género en el estado y dar certeza jurídica a la comunidad trans.
Al ser una reforma constitucional, para su aprobación se requería del voto de al menos dos terceras partes de la Legislatura, es decir, 20 votos a favor. La activista exhibió que durante la sesión se contaba con al menos 21 diputados presentes; sin embargo, al momento de votar el dictamen, se retiraron del pleno los diputados José Guadalupe Correa Valdez (PAN) y Susana Rodríguez Márquez (PVEM), en consecuencia, “con solo 19 votos, todos a favor del dictamen, no se alcanzaron los votos requeridos para que la reforma procediera”.
Bruno Gael, presidente de Transformando Vidas, exigió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervengan y se garanticen todos los derechos para todas las personas, pues en este caso se vulnera el derecho constitucional a la identidad de las personas.
Señaló que con el respaldo de los colectivos de la comunidad LGBT+, demandan que además de la Legislatura, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del PVEM proceda a la expulsión del partido de la diputada local Susana Rodríguez Márquez, por contravenir lo dispuesto en la Declaración de Principios del Partido Verde Ecologista de México.
Detallaron que la diputada subvierte los principios de su partido, como lo son la “tolerancia, respeto a la diversidad y a la diferencia, son otras tantas normas que guían la práctica del PVEM en sus relaciones políticas con la sociedad y la esfera pública”.
Fernanda Delgado señaló que la diputada violenta la libertad como principio que otorga al PVEM, en “amplitud y precisión en sus planes, acciones y objetivos. Apoyamos que cada persona, grupo, sociedad o país, puedan escoger su destino sin ser limitados por presiones o conveniencias ajenas”, además de que sostienen en sus principios que “nadie tiene derecho a privar de su autodeterminación a otro ser por diversión, capricho o conveniencia”.
La también activista María Elena Ortega señaló que debe sancionarse a ambos diputados al interior del Poder Legislativo, ya que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece en su Artículo 29, Fracc. VI que “los diputados tienen entre sus obligaciones, permanecer en el recinto oficial de la Legislatura durante el desarrollo de las sesiones. Queda prohibido a los diputados abandonar dicho recinto sin el permiso previo de la presidencia de la Mesa Directiva”.
Enfatizó que los diputados señalados se ausentaron del pleno mientras se realizaba la votación del dictamen, sin haber solicitado permiso a la presidencia de la Mesa Directiva y así consta en el Diario de los Debates.
También consideró que debe aplicarse el artículo 76, que señala que “ningún diputado puede salir de la sesión o solicitar el registro de asistencia, mientras se efectúa la votación”.
Los colectivos recordaron que en el caso de la diputada Susana Rodríguez, ha sido una conducta reiterada el ir en contra de iniciativas que favorezcan a la comunidad LGBT+, ya que cuando fue presidenta de la Mesa Directiva y en la sesión donde pretendía votarse el dictamen de reforma al Código Familiar para aprobar el matrimonio civil igualitario, cambió varias veces de sede y obstaculizó la labor legislativa, coaccionando el sentido del voto de sus homólogos con la presión de grupos provida, contrarios a los derechos humanos.
Bruno Gael reprochó que todo a todo lo anterior “hay que sumar que este tipo de conductas van en contra no solo de la coalición Juntos Haremos Historia, de la que ha formado parte desde el 2018 y que está comprometida con las causas progresistas para garantizar todos los derechos para todas las personas”.