Ante la crisis financiera por la que atraviesa el estado, y a 13 días de iniciadas las protestas de maestros, burócratas y jubilados del ISSSTEZAC por la falta de pago de su quincena o pensión, el gobernador David Monreal inició una gira de gestiones en la Ciudad de México para atraer los recursos necesarios para Zacatecas.
La gira comenzó este lunes con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien recibió el mandatario estatal para conocer de la problemática que enfrenta el estado.
De acuerdo con el comunicado de prensa del Gobierno del Estado, el secretario de Gobernación ofreció ayuda para resolver de fondo el tema de la nómina magisterial.
También se indicó que el gobernador “refrendó su compromiso con el magisterio, en el acompañamiento en su lucha por recursos financieros y soluciones de fondo al problema que se padece a causa de malas administraciones”.
El comunicado señala que David Monreal ofreció al funcionario federal alternativas para resolver el tema de la nómina magisterial y calificó la reunión de “productiva”.
Además, se explicó que López Hernández “atendió la petición de dar certeza jurídica y laboral a las y los maestros de Zacatecas, y ofreció que ayudará a encontrar una solución de fondo”, y se le planteó que en el 2022 esté contemplado el respaldo presupuestal en el tema.
La gira de gestiones continuará este martes, cuando el gobernador buscará reunirse con más secretarios de Estado en la Ciudad de México, “como una muestra de gestión permanente para resolver las problemáticas que se padecen en la entidad, tanto económica como estructural y social”.
A través del comunicado, se informó que el mandatario instruyó que con lo que se recaude de participaciones federales se empezará a pagar a jubilados y a pensionados, “de abajo hacia arriba”, desde las pensiones más modestas hasta las de mayor compromiso económico, según la disponibilidad del recurso.
La gira también contempla una reunión con el director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Germán Arturo Martínez Santoyo, para hacer una revisión puntual de las presas del estado y prevenir cualquier contingencia, además de solicitar respaldo para la construcción de la presa derribada en Genaro Codina, cuyo costo asciende a 300 millones de pesos.