Al cierre del segundo trimestre de este año, el Gobierno del Estado reportó pasivos por más de 2 mil 342 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por concepto de obligaciones a corto plazo con proveedores y contratistas, entre otros conceptos; monto que se habría heredado a la administración que hoy encabeza el gobernador David Monreal Ávila.
A ese monto habría que agregar un remanente de 323 millones 214 mil 285.72 pesos correspondientes a compromisos de corto plazo en créditos bancarios y que para el segundo trimestre del año el Gobierno del Estado no reportó ante la SHCP saldos o montos devengados.
Dichas cifras contrastan con lo que denunció en sus redes sociales este fin de semana la senadora Soledad Luévano, quien indicó que “el nuevo gobierno recibió pasivos por $1,600 millones de pesos, entre nómina, deudas a proveedores y adeudos con la SHCP que son los primeros en pagarse porque en Hacienda se cobran a los chino (sic), tomando el dinero de las participaciones federales de Zacatecas”.
Sin embargo, no es la única vía con la que se pueden afectar las participaciones del estado. Como se recordará, en diciembre del 2016 el Poder Legislativo autorizó al Gobierno del Estado el refinanciamiento de la deuda pública, lo que derivó en la celebración de un contrato con Banorte para tal efecto, mediante el cual se establece, entre otras cláusulas, afectar los ingresos que deriven del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), una cláusula que también se replica en el decreto de autorización de la 62 Legislatura.
En consecuencia, si no se registraron saldos o montos devengados en el segundo trimestre de este año respecto a los compromisos de corto plazo en los créditos bancarios, es probable que la institución bancaria hubiera recurrido a la afectación de recursos del FAFEF.
Esta versión contradiría lo dicho por el gobernador David Monreal en días pasados, cuando afirmó que “por omisiones administrativas en el pago del ISR del mes de agosto y adelantos de recursos al gobierno anterior, la Secretaría de Hacienda retuvo más de la mitad de la participación federal mensual, que debió ser de 347 millones de pesos, pero que solo fue de 75”.
Sin embargo, en el reporte de la deuda pública ante la SHCP, el Gobierno del Estado informa que entre sus ingresos al cierre del segundo trimestre de este año aún quedaba un saldo de 228 millones 238 mil 796 pesos en el Fondo del Impuesto sobre la Renta.
De ser el caso, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) hubiera incluido al Gobierno del Estado de Zacatecas en el listado de contribuyentes incumplidos, según lo establece el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y tendría que haber pasado por varios procedimientos hasta considerar el crédito fiscal como exigible para retener participaciones y aportaciones federales, pero no fue así.
No obstante, si se tratara de un crédito bancario en las condiciones en las que se contrató el refinanciamiento de la deuda, es más probable que la institución bancaria hubiera retenido esos recursos, atendiendo a las cláusulas del contrato respectivo y el convenio modificatorio, ambos firmados por el entonces secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, hoy alcalde de Zacatecas Capital.
La situación podría ser más grave si se considera que el contrato para el refinanciamiento de la deuda, en la cláusula décimo segunda, fracción V, establece que “el Acreditado se obliga a mantener durante toda la vigencia del Crédito, a través del Fideicomiso 1121, un Fondo de Reserva del presente Crédito por una cantidad equivalente a dos meses de la amortización inmediata siguiente del servicio de la deuda (capital más intereses)”.
Mientras que la cláusula décima señala que “la Fuente de Pago deberá mantener un aforo durante la vida del Crédito de tres a uno en relación con el monto del pago mensual de capital e intereses que deba cubrir el Acreditado”. A esto hay que agregar la fracción III de la cláusula décimo segunda, que establece que “el Acreditado deberá celebrar y constituir debidamente el Fideicomiso 1121 afectando en Fuente de Pago los Derechos sobre las Participaciones y los Ingresos FAFEF”.
Lo anterior no solo significaría que se dejó de pagar los compromisos a corto plazo de la deuda pública en el segundo trimestre, cuando estaba en marcha el periodo de campañas del proceso electoral 2020-2021, sino que también se pudieron haber tomado recursos del Fondo de Reserva, que tiene carácter de revolvente, y que habrían afectado los ingresos FAFEF; sin embargo, no se reporta el destino de ese recurso que sería de libre disposición.