Las irregularidades encontradas en el programa de Apoyo a la Vivienda 2017, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT) bajo la gestión de Ismael Solís Mares son solo una parte de lo que se ha identificado como una red de corrupción.
Como se informó en la entrega pasada de Lalalá News, en el dictamen de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018 se observaron al menos 40.3 millones de pesos por diversas irregularidades en el citado programa del 2017, incluyendo la inexistencia de actas de entrega recepción o la falta de firmas de los beneficiarios, cambio de beneficiarios sin expediente, obras no realizadas o que no habían concluido en los plazos establecidos en los contratos, entre otras.
Al respecto, a partir del 2019, durante el proceso de solventación de observaciones, la entonces titular de la SEDUVOT, María Guadalupe López Marchant, había interpuesto al menos siete denuncias penales por anomalías encontradas en la ejecución del programa bajo la gestión de Ismael Solís Mares. Hoy se sabe que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ya encabezada por Francisco Murillo Ruiseco, no les dio cauce y no se integraron las carpetas de investigación para ser judicializados los casos, por lo que las denuncias nunca procedieron.
Sin embargo, las personas físicas y morales que participaron en dicho programa en el ejercicio fiscal del 2017 aún tienen varios señalamientos.
Tres extrabajadores de una de las empresas contratadas para el programa de Apoyo a la Vivienda 2017, cuyos nombres se mantendrán en el anonimato por respeto a la confidencialidad, revelaron a Lalalá News que fueron obligados a reportar viviendas como ya terminadas a pesar de que no existían y para ello se recurrió a incluir en los expedientes fotografías de otras casas que ya habían sido edificadas.
El modus operandi al parecer fue similar en el caso de otras personas físicas y morales contratadas y cuyos vínculos con pasadas administraciones tampoco pasan desapercibidos.
Es el caso de Constructora Zuar SA de CV, representada legalmente por Alma Alicia Adame Dávila (y una de las contratadas en el citado programa), y Constructora Aler SA de CV, representada por Carlos Roberto González Ortiz. Ambas empresas son prestanombres de Pascual González Ramírez, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Zacatecas y que también formaba parte de la misma Cámara cuando se celebraron estos contratos en el 2017.
Hoy también forman parte del consejo de la CMIC Zacatecas los constructores Luis Marcelo Delgado Ayala y Germán Refugio Correa Reyes, ambos beneficiados con contratos del citado programa en el 2017.
También llama la atención el caso de Karina García de la Torre, quien fue contratada para el mismo programa con obra en el municipio de Jerez, y quien desde el 2019 forma parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción.