Desde septiembre pasado, trabajadores de confianza del Gobierno del Estado denunciaron haber recibido notificaciones de la Secretaría de Administración y de la Coordinación General Jurídica para tramitar su recisión laboral, notificación en la que también se advertía sobre la prohibición de acceder a las oficinas, so pena de iniciarles un proceso judicial.
Sin embargo, hasta el pasado 9 de octubre se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno el Estado diversos Acuerdos relacionados con la disposición del personal en la administración pública, incluyendo su rescisión.
El principal es el “Acuerdo administrativo, que fomenta la austeridad republicana para el estado de Zacatecas en materia de recursos humanos”, encaminado a reducir la burocracia y “realizar las acciones conducentes para impedir la existencia de áreas y plazas que no tengan sustento normativo o funcionalidad operativa”.
Como parte de la justificación del acuerdo, firmado el 7 de octubre (un día después de nombrar a la secretaria general de Gobierno), se explica que “existen múltiples problemáticas que aquejan a la administración pública y por ende, el adecuado desarrollo del ejercicio de la misma, impactando directamente a la sociedad zacatecana en la inoperancia de implementación de adecuadas políticas públicas que entorpecen el desarrollo económico, decrecimiento de infraestructura, falta de progreso educativo, altos índices en niveles de inseguridad, disminución de posiciones laborales de carácter privado, etcétera”.
Además, se indica que “una de las principales áreas de oportunidad con las que se ha encontrado la presente administración, lo es el recurso humano con el que cuenta la administración pública, ya que en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el presente ejercicio fiscal se asignó la mayor parte al capítulo mil”.
Al reiterar que las últimas administraciones “se sirvieron de la confianza que la ciudadanía les depositó, mediante una elite burocrática que mal administró los recursos públicos”, el gobernador David Monreal indica en el Acuerdo que “hoy nos encontramos en la necesidad de ajustar las finanzas públicas, siendo necesario eliminar los privilegios de unos cuántos para hacer un reparto en los pagos a los trabajadores al servicio del Estado, más justo, en que se eliminen los salarios exorbitantes, las plazas sin funcionalidad, la duplicidad de funciones y adelgazar una nómina obesa que ahoga a la administración pública”.
En el Acuerdo se establece que “los titulares de las dependencias centralizadas y descentralizadas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, deberán de realizar un análisis de la funcionalidad de la institución en las que han sido nombrados, observando que el capital humano se administre con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”.
También se indica que las secretarías de Administración, Finanzas, Función Pública y Coordinación General “implementarán las medidas, instrumentos, acuerdos y lineamientos que permitan la optimización del recurso humano y la desburocratización del mismo, siempre ponderando la operatividad de cada una de las dependencias”.
Además, se buscará “impedir la existencia de áreas y plazas que no tengan sustento normativo o funcionalidad operativa”, aunque dichas acciones deberán llevar un dictamen de impacto presupuestario. Sin embargo, no se especifican los criterios que emplearán las dependencias responsables de los procedimientos, incluyendo en las dependencias centralizadas y descentralizadas que aún no cuentan con titular.
Exige el PRI cese al terrorismo laboral
En rueda de prensa, Enrique Flores Mendoza, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, hizo un llamado a la Secretaría de Administración y a la Coordinación General Jurídica a que cese el terrorismo laboral en contra de los trabajadores de gobierno y que se respeten sus derechos y garantías, pues denunció que están siendo despedidos injustificadamente y de manera arbitraria.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la 64 Legislatura, la diputada Gabriela Basurto, anunció que este martes presentarán un exhorto para que los titulares de la Secretaría de Administración y de la Coordinación General Jurídica terminen con el hostigamiento laboral y se apeguen al marco de derecho.
Lamentó que a través de oficios se esté notificando a los trabajadores dejar de asistir a sus respectivas áreas laborales sin respetar los debidos procedimientos jurídicos y legales.
El diputado local Jehú Salas Dávila hizo un llamado al gobernador para que revise la situación por la que están pasando los trabajadores, algunos hasta con más de 30 años de servicio público, pues “parece que se está convirtiendo en un tema de cuotas”.
Detalló que la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas establece que ningún trabajador que tenga 20 años o más de servicio público sea despedido por ninguna circunstancia, sin distinción entre trabajadores de base y de confianza “porque todos gozan de los mismos derechos como lo es la estabilidad en el empleo”.
En la conferencia de prensa también se contó con la presencia de los Diputados locales María del Refugio Ávalos Márquez y de José Juan Estrada Hernández, quienes se sumaron a la exigencia para que desde el gobierno estatal se respeten los derechos laborales.
La Sociedad Zacatecana lo que esperaria es que la nueva administración del Estado e incluso de los Municipios fuera honesta, competitiva y eficiente por lo que en el caso de lo laboral se respete a los trabajadores de base y en su caso de los empleados de confianza seguro existen casos muy diversos, capaces e incapaces y llegarán los nombramientos de cuotas y cuates ojala cuando menos sean Zacatecanos, preparados para el cargo y honrados
Saludos Paisanos.