Los desfalcos en Mazapil

En su informe de revisión y fiscalización, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades en la Cuenta Pública 2019 del Municipio de Mazapil, durante la administración del entonces alcalde Gregorio Macías Zúñiga, que implican un posible daño al erario por 15 millones 79 mil 999.14 pesos por diversas faltas graves.

Entre las principales observaciones destaca la entrega de recursos vía “apoyos sociales” que no cuentan con soporte documental; contratación de servicios de hospedaje y alimentación sin sustento legal; entrega de préstamos personales sin recuperación de los recursos; pago de viáticos y combustibles sin comprobar gastos, adeudos fiscales sin regularizar, entre otras.

Cabe recordar que en noviembre del 2020, la 63 Legislatura denegó la solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para separar del cargo al entonces alcalde Gregorio Macías Zúñiga y la exsíndico Alma Lucía Leos Perales, debido a que ambos estaban siendo investigados por presuntos delitos relacionados con actos de corrupción.

¿Dispendio en viáticos y apoyos sociales?

De acuerdo con el informe de la ASE, la administración que encabezaba el entonces alcalde Gregorio Macías incurrió en presuntos daños al erario por 1 millón 968 mil 772.59 pesos por “apoyos económicos a personas de escasos recursos” mediante cheques entregados a los entonces regidores José Iván Carrillo Morquecho, Yolanda Gutiérrez Vega, Joel Mancillas Arroyo, Silvia Ruiz Lara y René Guadalupe Díaz Herrera, todos de Nueva Alianza.

Al respecto, el informe de la ASE señala que no se presentó evidencia documental para comprobar que los recursos efectivamente llegaron a los beneficiarios, tampoco las listas de raya de los trabajadores ni los comprobantes fiscales respectivos, además de que algunos recursos se emplearon con otros fines, lo que ameritó la integración de dos expedientes de investigación.

Un caso similar fue el Pliego de Observaciones RP-19/025-011, por presuntos daños al erario por 161 mil 299.60 pesos por “apoyos económicos a personas de escasos recursos” mediante cheques entregados a Luis Fernando Castillo Galván y Antonio Barrón Solano, suplentes de los entonces regidores José Iván Carrillo Morquecho y Joel Mancillas Arroyo.

Según la ASE, el municipio no entregó evidencia documental para comprobar que los recursos efectivamente llegaron a los beneficiarios, tampoco las listas de raya de los trabajadores ni los comprobantes fiscales respectivos, además de que algunos recursos se emplearon con otros fines.

Otra observación similar fue la RP-19/025-012, por presuntos daños al erario por 951 mil 919.10 pesos, por “apoyos económicos a personas de escasos” recursos mediante cheques entregados al entonces tesorero Abelardo Rangel Calvillo, con las mismas omisiones que en casos anteriores, además de que algunos recursos se emplearon con otros fines.

También destaca el Pliego de Observaciones RP-19/025-013, por presuntos daños al erario por 942 mil 500 pesos, por “apoyos económicos a personas de escasos recursos” mediante cheques entregados a Adrián Nájera Ávila, de quien se desconoce cargo o comisión dentro del Ayuntamiento, también con las mismas omisiones que en los casos ya citados, incluyendo el uso de recursos con otros fines a los reportados.

Por presuntos daños al erario también se observaron 132 mil 287.70 pesos por diversos “apoyos sociales” cuyos cheques se expidieron a nombre de los entonces funcionarios: César Alejandro Nava Delgado, secretario de Gobierno; Agustín Llanas Juárez, director de Desarrollo Económico y Social; y Severiana Rodríguez Vázquez, contralora municipal, pues además de que el municipio no contaba con lineamientos para la entrega de apoyos sociales, se detectó que algunos recursos no se emplearon en tal fin.

Un caso similar se consigna en el Pliego de Observaciones RP-19/025-009, por presuntos daños al erario por 933 mil 338 pesos, por “apoyos económicos para personas de escasos recursos” y “apoyos económicos a equipos deportivos”, cobrados en efectivo por Francisco Lisardo Torres Dávila, entonces director de Deportes del municipio, sin documentación comprobatoria de que los beneficiarios recibieron efectivamente el recurso ni comprobantes fiscales respectivos en los casos que ameritaba, lo que ameritó la integración de dos expedientes de investigación.

Sobresale además el Pliego de Observaciones RP-19/025-003, por presuntos daños al erario por 503 mil 324.65 pesos derivados de la contratación de servicios de hospedaje, arrendamiento de habitaciones y/o alimentación a beneficio de Administración de Servicios y Logística Mazapil SA de CV y de Eduardo Benito Muñiz Aguirre, a fin de apoyar a la población de alta y muy alta marginación que acude a la cabecera municipal a realizar diversos trámites.

La observación no fue solventada debido a que, si bien cuenta con el respaldo documental, no existe un Acta de Cabildo donde se aprobara una partida para tal fin, lo que derivó en la integración del expediente de investigación RP-19/025-003-01.

Asimismo, se observan presuntos daños al erario por 491 mil 812.05 pesos, por el pago de viáticos en varias comisiones sin sustento, pues faltaba la evidencia documental de que el personal comisionado recibió el recurso; el Acta de Cabildo donde se autorizaba para ese ejercicio fiscal la prestación de pago de alimentos al personal de seguridad pública, así como la falta de lineamientos para la autorización y comprobación de gastos en dicho ejercicio fiscal.

Otra observación es por presuntos daños al erario por 125 mil 810 pesos, derivados del “apoyo de combustible para personas de bajos recursos para traslados y para diferentes departamentos del ayuntamiento”.

La ASE señala en su informe que no se cuenta con comprobantes fiscales, además de que algunos pagos se realizaron en efectivo y otros con tarjeta de débito, y al parecer la compra de combustible la realizaban terceros para almacenarla en tambos y luego entregarla a los beneficiarios mediante vales.

Caja chica en préstamos

Durante el ejercicio fiscal 2019, la ASE detectó diversos movimientos en cuentas bancarias del municipio reportadas como “préstamos personales”, pero registradas en el sistema hacendario como “deudores diversos”, como se consigna en los pliegos de observaciones RP-19/025-016 y RP-19/025-015.

En el primer caso, se presumen daños al erario por 898 mil 500 pesos por préstamos personales a diversos beneficiarios (algunos, funcionarios públicos en dicha administración), con pagarés firmados únicamente por el entonces tesorero Abelardo Rangel Calvillo, pero sin evidencia de que el recurso se hubiera recuperado.

En el segundo caso, el presunto daño al erario es por 30 mil pesos por préstamos personales a Antonio Barrón Solano y María del Carmen Martínez Martínez, que tampoco fueron recuperados.

Adeudos fiscales

En el informe de la ASE también se reportó que al 31 de diciembre del 2019 se había detectado un adeudo de 25 millones 979 mil 665 pesos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, incluyendo actualizaciones, multas y recargos, por lo que se emitió una recomendación para regularizar los adeudos.

Además, se da cuenta de un adeudo por 913 mil 788 pesos por cuotas de recuperación del Programa de Asistencia Alimentaria del SEDIF, lo que ameritó una recomendación para regularizar sus pagos y solventar dicho adeudo, ya que no se demostró que se hubieran realizado los pagos correspondientes.

Sobresale también el Pliego de Observaciones RP-19/025-027, por presuntos daños al erario debido a que no se realizaron acciones de recuperación de créditos fiscales hasta por 26 millones 583 mil 191.20 pesos, derivados de pliegos de responsabilidades de ejercicios anteriores, de los cuales durante el ejercicio fiscal 2019 prescribieron al menos dos créditos fiscales que suman en total 1 millón 680 mil 567.26 pesos. Cabe señalar que incluso entre dichos créditos fiscales se encuentra el entonces alcalde Gregorio Macías, así como diversos exfuncionarios municipales.

De igual forma, el Pliego de Observaciones RP-19/025-004 señala presuntos daños al erario por 629 mil 800 pesos, derivados de la contratación de grupos musicales con motivo de la Feria Regional, pues fueron facturados por Bienes y Productos de ACOXOA SA de CV e Industrias Ruimor SA de CV y no por los beneficiarios de los cheques, por lo que se presume la inexistencia de operaciones.

Lo anterior derivó en la integración de expediente de investigación RP-19/025-004-01 y la acción RP-19/025-004-02 para hacer del conocimiento al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a las autoridades fiscales competentes en la entidad, por posible incumplimiento de disposiciones fiscales.