Como parte del proceso de entrega recepción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó en la Secretaría del Campo (SECAMPO) una probable afectación al erario mediante el “saqueo hormiga de combustible”, por un monto de 2 millones 807 mil pesos.
En un videomensaje a través de las redes sociales, la titular de la dependencia, Humbelina Elizabeth López Loera, acompañada de Víctor Hugo Hernández Reyes, Subsecretario de Control, y Ángel Manuel Muñoz Muro, Subsecretario de Responsabilidades, informó que estas anomalías se detectaron debido a que no se presentaron bitácoras de recorridos de los vehículos oficiales sobre las compras de vales de combustible para programas sociales de la SECAMPO, de los ejercicios 2020 y 2021.
En la misma dependencia se realizaron préstamos de maquinaria pesada de manera discrecional y con favoritismos, pues señalaron que “los privilegios y las condonaciones de cuotas no precisamente fueron para los que menos tienen”.
Indicaron que del 2020 y 2021 se observaron cantidades de 550 mil, 370 mil y 150 mil pesos en estos conceptos, infringiendo la normatividad para tales efectos.
Además, expusieron que se hicieron observaciones respecto a una diferencia en la adquisición de guías de tránsito para movilización de ganado y que corresponden a medio millón de pesos, otro presunto “saqueo hormiga” en guías.
López Loera reiteró que como resultado del proceso de entrega recepción, se detectaron 639 presuntas irregularidades, ya documentadas, y que abarcan infraestructura, desarrollo social, educación, salud, seguridad, entre otras áreas.
Enfatizó que “nos encontramos en un estado en quiebra, con anomalías en el ejercicio del gasto en la administración del entonces gobernador Alejandro Tello Cristerna”, además de la “complicidad y el silencio” ante faltas graves dictadas por autoridades federales como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, en el mal uso de recursos públicos del gobierno de Miguel Alonso Reyes.
Precisó que “se seguirá fiscalizando años anteriores y se abrirán las carpetas de investigación necesarias por parte de la Secretaría de la Función Pública cuando así competa”.