El terrorismo laboral se extendió hasta la CDHEZ

Tal vez enero sea buen momento para seguir la “recomendación” (¿o “instrucción”?) del gobernador David Monreal para “encomendarse a Dios”, porque si la nueva gobernanza pinta muy mal como proyecto de gobierno, resulta aún más preocupante que la población ni siquiera tenga garantías de que sus derechos humanos serán respetados ni defendidos.

Ya en la entrega anterior expusimos algunos aspectos del terrorismo laboral del que son víctimas miles de burócratas alegando una pretendida “austeridad republicana”, que ha sido más un revanchismo político que un verdadero análisis sobre el recorte a gastos innecesarios y “hacer más con menos”.

Sin embargo, este terrorismo laboral hoy se ha extendido también a otros organismos como la Auditoría Superior del Estado (ASE) e incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), el organismo que debería garantizar la protección y defensa de los derechos humanos de la población.

No son pocos los trabajadores que han expresado su temor a dar a conocer las múltiples irregularidades en la Comisión desde la llegada de Ma. de la Luz Domínguez Campos como ombudsperson, cuya gestión también ha dejado mucho qué desear.

Al parecer, al igual que en la nueva gobernanza, también en la CDHEZ comenzaron con una serie de despidos de manera arbitraria a partir de este año, sin ceñirse a los procedimientos de la Ley del Servicio Civil, mucho menos a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, pisoteando los derechos de los trabajadores hasta llegar a un trato inhumano de quien en teoría debería defender la dignidad humana.

Alegando un recorte presupuestal de unos 10 millones de pesos, Domínguez Campos ha hecho recortes en la plantilla de la Comisión repitiendo los mismos patrones que la nueva gobernanza: amedrentar a los trabajadores, ofrecerles una cantidad irrisoria como liquidación, violar los procedimientos para su despido, chantajearlos y hasta humillarlos de manera pública y privada.

“La Doctora” tampoco ha actuado sola. Desde el inicio se hizo acompañar de incondicionales que en algunos casos ni siquiera tienen justificación dentro del organigrama de la CDHEZ y cobran altos salarios, como el caso de Ma. del Consuelo Castañeda Hidalgo, directora del Centro de Estudios, Investigación y Divulgación en Derechos Humanos, un puesto creado durante la gestión de Domínguez Campos a pesar de que ya existían las áreas de Difusión y Capacitación.

Lo más grave es que Castañeda Hidalgo ni siquiera desempeñaba las funciones que señala su cargo, sino que era la responsable del manejo financiero y de recursos humanos en la CDHEZ, incluso por encima de la directora Administrativa o el responsable de Recursos Humanos pese a no tener dichas facultades.

Será que cobraba muy bien ofreciendo sus “asesorías”, como consta en el Padrón de Proveedores de la ASE. Y como refiere la Plataforma Nacional de Transparencia, fue beneficiada con un puesto de “Director 2”, uno de los tres cargos con mayores percepciones salariales al interior del organismo.

No fue el único caso. También la secretaria Ejecutiva, Mayra Griselda Ruvalcaba Moreno, a pesar de que era la segunda persona con mayor salario en la CDHEZ, desde junio pasado dejó de presentarse a laborar, aunque ha seguido percibiendo su pago hasta la fecha, sin olvidar otros familiares de Domínguez Campos con ingresos superiores a los que marca el tabulador.

El terrorismo laboral al que se ha enfrentado personal de la CDHEZ sobrepasó sus límites en varios casos, pues además de recibir vejaciones como “mensos”, “inútiles” y otras palabras del bonito léxico florido muy mexicano, les restringen los permisos de salida y hasta el goce de sus vacaciones.

Y cada vez que son llamados a la oficina de la ombudsperson, les retiran sus celulares para que no quede evidencia de los malos tratos y las humillaciones de las que son objeto. Vaya, hasta les controlan con quién se pueden juntar, a quién le pueden hablar y hasta con quién pueden relacionarse sentimentalmente. ¡Ni los panistas se atrevieron a tanto!

Pero en el fondo, ¿a qué responde el actuar de Domínguez Campos? No son pocas las versiones que apuntan a que la titular de la CDHEZ aceptó el recorte al organismo a cambio de asegurar su lugar como próxima magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, aunque eso implicara recortes al personal que tenía muchos años laborando en la Comisión, sacando la chamba diaria y percibiendo lo que indicaba el tabulador, no los sueldos onerosos de los incondicionales que llegaron con la ombudsperson.

Todo lo anterior indica que la nueva gobernanza también se ha infiltrado en el organismo garante de los derechos humanos, lo que hace suponer que a todos aquellos burócratas que han sido objeto de terrorismo laboral, o a los jubilados a quienes pisotearon sus derechos al no pagarles la pensión, les dieron atole con el dedo y sus derechos serán letra de cambio por ambiciones personales. Si eso ocurre desde la protección y defensa de los derechos humanos, ¿se imagina lo que hará Domínguez Campos como magistrada en la impartición de justicia?

Poder Judicial, atento a la pandemia

Como la impartición de justicia es considerada una actividad esencial, ante la alerta epidemiológica por el incremento de contagios de COVID-19 el Poder Judicial ha tenido que tomar decisiones inmediatas para adaptarse a las condiciones sanitarias y evitar que el virus se siga propagando.

Ya desde el 10 de enero el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, que preside el magistrado Arturo Nahle García, habían determinado medidas para evitar más contagios, como el trabajo en modalidad híbrida, el cierre de juzgados, la reducción de aforos en las oficinas, además de instalar filtros sanitarios.

Luego se determinó suspender términos y plazos procesales en los Juzgados de Primera Instancia y de lo Familiar en Concepción del Oro y Nochistlán, además el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Río Grande. La misma medida se aplicó en el caso del Tribunal Laboral de Zacatecas debido al número de contagios entre el personal que imposibilitaban su funcionamiento (y en el peor momento, considerando el terrorismo laboral que aún continúa).

Y este miércoles volvieron a suspender términos y plazos procesales en la Primera Sala Penal por la misma razón: los contagios en el personal. En cambio, sí hubo condiciones para reanudar las actividades en el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar en Nochistlán debido a que el personal ya se ha recuperado satisfactoriamente.

Algo deberían aprenderle en la nueva gobernanza al Poder Judicial, pues el virus ha hecho de las suyas con más de 500 trabajadores sin que se establezcan los cercos sanitarios adecuados, mucho menos tomando las medidas pertinentes para contener la pandemia. La indicación fue que el personal podía salir media hora más temprano de lo habitual y que cada dependencia se las arreglara como pudiera, o se encomendara a Dios, como fue la “instrucción” del gobernador David Monreal. Hasta parece que nada aprendieron de los dos años que llevamos de pandemia… ¡Qué cosas!