Homicidios dolosos, feminicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, desaparición de personas, abigeato, delitos contra la libertad de expresión, las Mesas de Construcción de Paz y hasta la estafa legislativa fueron algunos de los temas sobre los cuales fue cuestionado el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, durante su comparecencia ante la 64 Legislatura.
Pero por encima de todo, el gran tema fue el presupuesto. Y es que, como se recordará, en su momento la bancada oficial aprobó un recorte superior a los 41 millones de pesos al órgano encargado de la procuración de justicia, lo que sin duda traería consecuencias, como ya lo advirtió el fiscal, al anunciar que el presupuesto aprobado solo les ajustaría hasta septiembre de este año.
Si para entonces no hay una ampliación presupuestal, no habrá ni para la gasolina de quienes deben acudir a las diligencias a realizar la investigación de todos los casos que se denuncian y los que se persiguen de oficio.
Pero los problemas tampoco esperarán hasta entonces, pues ahí están cayéndose a pedazos las Casas de Justicia en los municipios, inauguradas desde el sexenio de Ricardo Monreal, y hoy no hay presupuesto para darles mantenimiento, incluso faltan recursos para la gasolina en las tareas diarias de la fiscalía.
A ello se agrega que en el Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Fresnillo se opera con servicios limitados ante la insuficiencia presupuestal. Mientras en la Capital se ha atendido a 5 mil 580 usuarias y se han brindado 13 mil 810 servicios, en El Mineral solo se ha podido atender a 2 mil 736 usuarias y se han brindado 3 mil 183 servicios. De ese tamaño es el rezago.
Bajo estas circunstancias, es evidente que no se podría atender la solicitud de la diputada Violeta Cerrillo para instalar un Ministerio Público en el municipio de Guadalupe, que concentra el 18.3% de los delitos, sin embargo, la oferta fue contar con un módulo itinerante que permita acercar los servicios.
Por supuesto, dijo, también falta dinero para las evaluaciones de control y confianza (y las liquidaciones para quienes no aprueben las evaluaciones), para fortalecer la infraestructura (como los sistemas de videovigilancia), ampliar el personal de análisis e investigación y para muchos, muchos otros temas.
Y entre los cuestionamientos no podía faltar la estrategia de seguridad que se ha establecido con la nueva gobernanza y que va alineada a la política federal, lo que ha derivado en las Mesas de Construcción de Paz que, en palabras del fiscal Murillo Ruiseco, “están dando resultados” principalmente en la coordinación entre los tres niveles de gobierno… aunque las cifras de incidencia delictiva digan lo contrario.
Bien lo resumió el diputado Enrique Laviada: “¿cómo van los abrazos, porque los balazos ya sabemos de dónde vienen”.
No obstante, sobre los delitos contra la libertad de expresión y las agresiones a periodistas, no hubo respuesta del fiscal. Se limitó a remitirse a la querella presentada por la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, de la que se dictaron medidas cautelares, pero no se notificó a todas las personas y solo se trata de las medidas más básicas, pues ni siquiera se determinaron “condiciones objetivas de riesgo”. Y enfatizó que en el caso de la Fiscalía, “no actuamos por consigna”.
Eso sí: Murillo Ruiseco insistió (como lo hizo en su último informe anual de labores) en la necesidad de lograr la independencia administrativa respecto al Ejecutivo y para ello se requiere el registro patronal ante el IMSS, solicitado desde diciembre del 2018, pero ha faltado un convenio en el que participe no solo la autoridad federal y la Fiscalía, sino también el Ejecutivo, pues habría que afectar las participaciones.
Pero el gran problema no sería tanto la firma del convenio, sino los miles de millones de pesos que se requerirían para liquidar al personal que labora en la Fiscalía con el registro patronal del Ejecutivo y recontratarlos con el nuevo registro patronal, aunado a la carga fiscal que ahora sería absorbida por la Secretaría de Hacienda.
Ante todos estos cuestionamientos, no faltaron diputados del bloque plural ofreciendo su respaldo para proceder a la ampliación presupuestal, pero hubo otros, como el diputado Ernesto González Romo, que exigieron la renuncia del fiscal, lo cual tampoco sería un alivio, considerando que los perfiles que lo podrían sustituir son nada más y nada menos que el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, y Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en Zacatecas, quien ya había laborado dentro de la Fiscalía en sexenios anteriores.
Finalmente, no hay que ignorar el mérito del fiscal Murillo Ruiseco en ser el primero en atender un mandato constitucional de la 64 Legislatura para comparecer ante el pleno, una solicitud que no ha atendido ningún funcionario de la nueva gobernanza (a excepción del secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, cuando se discutía el presupuesto 2022). ¿Cuándo atenderá el llamado el responsable de conducir la política de seguridad en el estado, Adolfo Marín?
¿Intereses ocultos?
Por cierto, este martes la diputada Violeta Cerrillo publicó un video en sus redes sociales acusando que diputados del PRI, PAN, PRD, PT y Nueva Alianza buscarán quitarle la presidencia de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, supuestamente ante la posibilidad de que se autorice al Ayuntamiento de Guadalupe la donación de un terreno a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y se excusaba diciendo que no eran facultades de dicha comisión autorizar la enajenación de bienes de los municipios, como en el caso que señaló.
Sin embargo, en la sesión ordinaria de este martes, en la lectura de la correspondencia, también se presentó otra solicitud del Ayuntamiento de Guadalupe para que el Poder Legislativo autorice el refinanciamiento de la deuda de largo plazo y esa sí es facultad de la comisión de Hacienda que ella preside.
Se trata de una deuda contraída en la administración de Roberto Luévano Ruiz (2013-2016), cuando el hoy alcalde Julio César Chávez Padilla fue secretario de Gobierno. Eran 180 millones de pesos que se esfumaron y hoy tienen a Guadalupe como el municipio más endeudado de Zacatecas.
¿Sería ese el principal interés de la diputada de MORENA por mantenerse en la presidencia de dicho órgano? Con eso de que también de esta comisión emanó el dictamen para autorizar “ilegalmente” al Ayuntamiento de Guadalupe la concesión del servicio de recolección de basura a la empresa Trash…
Tal parece que el llamado “Grupo Guadalupe” se sigue desmoronando y alguien en la delegación del Bienestar no ha estado muy sonriente últimamente.
