Parálisis en la nueva gobernanza

Aunque en este espacio dimos a conocer la posibilidad de que los proyectos, programas y acciones de la nueva gobernanza se encuentren detenidos ante obstáculos de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), tal parece que las propias dependencias no han hecho su parte.

Según los informes financieros de la SEFIN, relativos a la información programática y específicamente a los programas y proyectos de inversión, se advierte que prevalecen las justificaciones y/o pretextos para no poner en marcha programas cuyas reglas de operación o lineamientos fueron publicados en el Periódico Oficial a principios de este año.

De acuerdo con estos informes financieros, se habían proyectado como meta anual 31 millones 440 mil 918 acciones a emprender, pero durante el primer trimestre se reajustaron a 31 millones 164 mil 506 acciones.

De enero a marzo aparentemente se habría avanzado en el 56.30% de la meta anual, aunque se habría ejercido 6 mil 441 millones 441 mil 136 pesos en el mismo periodo, que apenas representa el 21.7% del presupuesto anual modificado.

Según la información programática de los informes financieros de la SEFIN, disponibles para consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, el trabajo de las dependencias se desglosa en los tres principios rectores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027: “Hacia una nueva gobernanza”, con avance de 22.85% respecto a la meta anual; “Bienestar para todos”, con 9.65%; y “Ecosistema socioeconómico sólido e inclusivo”, con 78.27% de avance.

Sin embargo, estos avances deben tomarse con cautela porque son relativos. Por ejemplo, en el primer principio rector se plantearon 158 componentes, de los cuales 25 (que representan el 15.8%) reportan un avance del 0%; en el segundo principio rector se contemplaban 224 componentes, de los cuales 104 (46.4%) no tenían avances; y en el tercer principio rector, de 105 componentes, 55 (el 52.3%) estaban en cero.

No obstante, hay dependencias como la Secretaría de las Mujeres cuyo total de componentes reportan nulo avance, justificando que los informes de las acciones emprendidas se entregarán hasta el mes de diciembre. Ni transparencia, ni resultados.

En los documentos donde se desglosa la información programática prevalecen notas al pie con justificaciones ante los nulos avances, como el hecho de no tener metas programadas en el primer trimestre, la suspensión de acciones con motivo de la veda electoral o la pandemia del COVID-19, la falta de titular en las dependencias (o de algún otro responsable de área), falta de personal, insuficiencia presupuestal, cambios en los reglamentos, falta de coordinación para celebrar sesiones o empatar agendas de trabajo, así como el reajuste de metas y su programación, entre muchas otras.

También llama la atención que en varias de las acciones que reportan nulo avance en el cumplimiento de sus metas sí reportan presupuesto ejercido durante el primer trimestre del año.

Hacia una nueva gobernanza

Este principio rector concentra en general la parte administrativa de la administración pública, aunque incluye otras políticas públicas de impacto directo en la población, como “Construcción de la paz y la seguridad”.

Para este principio rector se ha destinado poco más de una tercera parte del presupuesto, con más de 11 mil millones de pesos, de los cuales en el primer trimestre ya se habría devengado el 23.22 por ciento.

Entre las observaciones, destaca que hay varias dependencias que ya han devengado gran parte de su presupuesto, pero no han llegado al 100% de avance en sus metas anuales o no muestran un avance acorde con el presupuesto devengado.

Es el caso de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente, el Instituto de la Defensoría Pública, así como el Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas.

Llama la atención el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, pues apenas llega al 5.67% de la meta anual programada para el componente “Seguridad y Vigilancia por la Unidad de Transporte Aéreo operada”.

Pese al incremento en el número de homicidios dolosos, apenas lleva un avance del 0.62% en los registros de renovación de las portaciones de armas actualizados; de más de 3 mil que corresponden a la meta anual, solo se han actualizado 19, a pesar de que ya se devengó más del 20% del presupuesto para este componente.

Además, en el primer trimestre casi se duplicó la meta anual de mejora salarial para elementos de la Policía Metropolitana, pero en el mismo periodo solo se avanzó 4.61% en la meta anual de contar con policías profesionalizados. Eso significa que tenemos una policía mejor pagada, pero sin la preparación suficiente para brindar seguridad.

También se reportan nulos avances en los componentes del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En el caso de la atención integral de derechos humanos, cuyos componentes corresponden a la Secretaría General de Gobierno, en el primer trimestre del año se reporta la atención a 1 mil 592 personas que sufrieron algún hecho victimizante (60.3% de la meta anual); así como 1 mil 895 acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas (84.86% de la meta anual).

Respecto a la Secretaría de la Función Pública, durante el primer trimestre se integraron 785 expedientes por presuntas faltas administrativas e inicio y seguimiento de procedimientos administrativos de responsabilidad, un 214.48% de avance respecto a la meta anual.

Sin embargo, en el componente de “Mecanismos Transversales de Prevención, Control Interno y Ética Gubernamental implementados”, apenas se tiene un avance del 2.83% respecto a la meta anual. Lo anterior sugiere que la Función Pública se ha concentrado más en sancionar que en prevenir posibles actos de corrupción.

Bienestar para todos

Este principio rector concentra la política social, educativa y de salud de la administración. Se le ha destinado casi dos terceras partes del presupuesto estatal (más de 18 mil millones de pesos) y aunque en el primer trimestre se devengó el 20.23% (más de 3.7 mil millones de pesos), solo se reporta un avance del 9.65% respecto a las metas anuales.

El caso más grave es el de la política pública “Mujeres Zacatecanas Transformando la Historia”, que compete a la Secretaría de las Mujeres, pues reporta un 0% de avance en todos sus componentes y, sin embargo, ya habría devengado más de 9.5 millones de pesos del presupuesto asignado (24.67%).

En materia educativa, por ejemplo, el Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas (INZACE) reporta nulo avance en infraestructura educativa del nivel básico debido a que en el primer trimestre del año se realizan las licitaciones, aunque ya devengó el 23.32% del presupuesto asignado a estos componentes (40.3 millones de pesos). La misma circunstancia se presentó en el caso de la infraestructura educativa de nivel medio superior y superior.

Un caso que llama la atención es el del CECYTEZ, en el componente “Atención a los servicios educativos para formar estudiantes en el planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos”, pues reporta haber atendido solo a 90 estudiantes durante el primer trimestre del año (2.09% de la meta anual), pero ya habría devengado el 44.28% de su presupuesto (74.6 millones de pesos).

En materia de salud, hay componentes donde la Secretaría de Salud de Zacatecas reporta nulos avances al señalar que las metas se programaron para otros trimestres, sin embargo, en todos sus componentes reporta presupuesto devengado.

Es el caso de la certificación de Comunidades Saludables, donde se habrían devengado 36.6 millones de pesos en el primer trimestre; la acreditación o reacreditación de establecimientos de salud, con 69.7 millones devengados

En el apartado de “Infraestructura social para el bienestar”, que compete a la Secretaría de Desarrollo Social, los componentes se reportan con nulos avances y apenas un 0.40% de su presupuesto devengado.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, reporta nulos avances en lo relativo a movilidad urbana, mejora del espacio público, así como construcción y mejoramiento de viviendas. Según se explica, no había metas programadas para este periodo y, sin embargo, se devengaron más de 131.5 millones de pesos.

Por otra parte, el Programa 2×1 para Migrantes que opera la Secretaría del Zacatecano Migrante permanece detenido porque no se ha podido celebrar la reunión del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) debido a la veda electoral, así que no se ha podido disponer de casi 33 millones de pesos para infraestructura en los municipios.

Tampoco se reportan avances respecto al reencuentro de adultos mayores con sus familiares migrantes, la atención a repatriados, la apostilla de documentos o el apoyo a exbraceros.

En el caso de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, señalaron no tener metas programadas en el primer trimestre en lo correspondiente a la sostenibilidad del agua; sin embargo, se devengaron más de 7.8 millones de pesos en el mismo periodo.

La Agencia Estatal de Energía tampoco reporta avances en sus componentes debido a la falta de titular, aunque ya devengó el 77.19% de su presupuesto.

La situación se repite en el caso del Patronato de Promotores Voluntarios, en el apartado de apoyos asistenciales a la población en situación de vulnerabilidad, al señalar que no había metas programadas en el primer trimestre, aunque ya devengaron el 99.78% de su presupuesto.

Llama la atención el caso del Sistema Estatal DIF en lo relativo a la política pública de “Hambre Cero”, pues aunque reportan nulos avances en la entrega de desayunos escolares, despensas y paquetes alimentarios, se advierte que la meta fue afectada por la disposición del recurso, pese a que ya habrían devengado más de 52.3 millones de pesos.

No obstante, habrá que recordar que esta estrategia se trata de una licitación cuyo fallo se dio a finales del mes de marzo y que fue ganada por la empresa Don Cacahuato, por un monto superior a los 100 millones de pesos y al tratarse de una licitación, se debió contar en primer lugar con el dictamen de suficiencia presupuestal.

Por otra parte, el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas reporta nulos avances en todos sus componentes debido a que no cuentan con presupuesto asignado.

También en atención a grupos vulnerables, la Secretaría de Desarrollo Social reporta nulos avances en la entrega de apoyos económicos y/o en especie al señalar que durante el primer trimestre del año no se recibieron solicitudes, pese a disponer de un presupuesto superior a los 166.2 millones de pesos, mientras que en los Créditos para el bienestar social ya se habrían devengado más de 2.3 millones de pesos, pero sin reportar avances en el cumplimiento de las metas anuales.

Ecosistema socioeconómico sólido e inclusivo

Este principio rector concentra los cuatro “ejes tractores” de la nueva gobernanza: campo, turismo, industria y minería; sin embargo, apenas se le destinan cerca de 848 millones de pesos, que no representan ni el 3% del presupuesto estatal.

De inicio, la Secretaría del Campo reporta nulos avances en casi todos sus componentes, pese a haber devengado más de 42 millones de pesos en el primer trimestre.

Apoyos para el incremento de la productividad agrícola, acompañamiento técnico, sanidad pecuaria, tecnificación de áreas de riego, fomento a la comercialización y apoyo a la acuicultura son algunos de los conceptos en los que se tiene 0% de avance en las metas anuales.

El Consejo Estatal de Desarrollo Económico ni siquiera se ha podido reunir con el gobernador David Monreal para diseñar estrategias, mientras la Secretaría de Economía reporta nulos avances en varios componentes, como el Subprograma Emprende mediante el cual se apoyan proyectos productivos con maquinaria y equipo.

Tampoco hay avances en la estrategia de inclusión de personas con discapacidad al mercado laboral; en el programa de capacitación para el empleo; o el programa de apoyo a tortillerías, carnicerías, panaderías y tienditas de abarrotes para la competitividad.

Mucho menos se reportan avances en los componentes del fortalecimiento del comercio interior y exterior o en el desarrollo de cadenas de valor y proveeduría; transferencia de tecnología a Mipymes, comercio electrónico o infraestructura de telecomunicaciones, además de la vinculación con los municipios para el impulso de vocaciones productivas.