Fue en diciembre del 2019 cuando el Ayuntamiento de Guadalupe entonces ya encabezado por Julio César Chávez Padilla firmó el contrato de prestación de servicios con la empresa duranguense Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos SA de CV, por un monto de 33 millones 800 mil pesos.
Ya en otra entrega dimos a conocer los orígenes poco claros y la opacidad en torno a los contratos con dicha empresa y su gemela Círculo Recolector SA de CV, que desde el 2014 a la fecha han tenido los mismos representantes legales según los intereses de tres personas.
El tema resurge luego de que el 14 de diciembre del 2021, diputados locales de la 64 Legislatura aprobaran por unanimidad de 23 votos la solicitud del Ayuntamiento para concesionar parcialmente el servicio de recolección de residuos sólidos a la empresa Trash, hasta por un periodo de 9 años.
El dictamen de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal fue presentado en tribuna por la entonces presidenta de la comisión, la diputada Violeta Cerrillo Ortiz, quien hoy aspira a suceder en el cargo a Julio César Chávez Padilla.
La misma diputada presentó una reserva en la discusión en lo particular, también aprobada por unanimidad de votos, específicamente en el resolutivo quinto con la finalidad de que la concesión esté sujeta a una ratificación del Ayuntamiento y del Poder Legislativo al cuarto año y medio de otorgada la concesión; es decir, cuando ya haya concluido la actual administración municipal y la siguiente se encuentre a mitad de su periodo.
Sin embargo, la opacidad continúa en torno a la concesión autorizada con la empresa Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos SA de CV y en el balance de cuentas de las finanzas públicas del municipio no cuadran las cifras respecto a lo que hasta hoy se conoce.
De acuerdo con los informes financieros del Ayuntamiento de Guadalupe, desde enero del 2021 se tenía proyectado un monto de 354 millones 512 mil 47.01 pesos para inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares, un concepto que cambió su estatus hasta el cuarto trimestre del 2021, cuando recién iniciaba Julio César Chávez Padilla su segundo periodo como alcalde y cuando el Poder Legislativo autorizó la concesión plurianual del servicio de recolección.
Solo hay dos proyectos de esta naturaleza que podría haber desarrollado el Ayuntamiento de Guadalupe: la concesión del servicio de recolección de basura y la modernización del alumbrado público, ambos con contratos plurianuales. No obstante, ninguno está registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como saldo de obligaciones de proyectos de prestación de servicios.
Además, las cifras que ofrece el Ayuntamiento de Guadalupe tampoco cuadran, pues si se dividiera la inversión programada de 354.5 millones de pesos entre los nueve años que se concesionaría el servicio de recolección, resultaría un monto de 39 millones 390 mil 227.44 pesos, un monto superior en cerca de 4.5 millones de pesos anuales respecto al primer contrato firmado con la empresa Trash en diciembre del 2019.
¿De entonces a la fecha se encareció tanto el servicio contratado?, ¿o la diferencia de más de 50 millones de pesos respecto al monto global de la inversión en PPS se trata de un posible desvío de recursos?
Por encima de todo, sigue resultando sospechoso que el Ayuntamiento de Guadalupe no haya transparentado ninguno de los contratos firmados con la empresa Trash, a excepción del correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y únicamente gracias a una solicitud de información pública.
¿Qué pretende esconder Julio César Chávez Padilla?, ¿es la diputada Violeta Cerrillo cómplice de estas omisiones de manera intencional?
Tormenta anunciada en la CDHEZ
Por fin, este jueves concluyeron las entrevistas a los 25 aspirantes registrados en la convocatoria para renovar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, cargo que dejará Ma. de la Luz Domínguez Campos la próxima semana, lo que genera mucha presión en los diputados locales para que la terna respectiva sea votada en el pleno a la brevedad y que alguna de las propuestas reúna los votos necesarios con tal de que el organismo no quede acéfalo.
En lo inmediato se vislumbran varios problemas en este tema. No solo es que se hayan inscrito 25 aspirantes y que uno haya desertado.
El problema es llegar a una terna, y que esa terna se presente en este periodo ordinario que concluye el próximo 30 de junio, o que incluso se apruebe en un periodo extraordinario.
El problema es que aún falta someter la terna a la votación del pleno y que de ahí alguna de las propuestas reúna la mayoría calificada, en uno de los escenarios más optimistas.
Pero de no ser así, difícilmente la 64 Legislatura tendría el tiempo de sacar una nueva convocatoria, una terna y votarla en el pleno antes de que inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, que arranca el 7 de septiembre.
Y ahí radica el principal problema: la CDHEZ únicamente tiene presupuesto suficiente hasta septiembre de este año.
Si de la terna próxima a presentarse surge un aspirante con mayoría calificada en el pleno, su primera tarea será tocar puertas y gestionar una ampliación presupuestal para cerrar el año.
Pero si no surge en lo inmediato y se extiende la elección de la nueva presidencia del organismo, la siguiente ombudsperson arrancará su presidencia en números rojos, con el acumulado de tres meses de asuntos pendientes por atender.
Recordemos que gracias a los diputados del bloque oficial, cuando entonces eran mayoría, se aprobó un recorte a la Comisión por cerca del 30% de su presupuesto, equivalente a poco más de 10 millones de pesos que hoy le hacen falta al organismo para cerrar el año.
Pero incluso el monto requerido podría ser mayor, considerando posibles liquidaciones o recortes de personal en lo que resta del año, tal como pasa en la nueva gobernanza, donde no se previeron estos montos y hoy enfrentan laudos impagables.
Este viernes la diputada Georgia Fernanda Miranda, presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre el resultado de las entrevistas y el proceso de selección de la terna respectiva. ¿Será que en este tema tan importante logrará los consensos necesarios para sacar adelante la convocatoria antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones?