Este 28 de junio se conmemoró el Día Mundial del Orgullo LGBT+, una fecha en la que se recuerdan los disturbios en Stonewall en 1969 en protesta por la persecución de gays y lesbianas, cuya orientación sexual en aquel entonces incluso se consideraba un delito.
A más de 50 años de aquellos eventos, tal vez aún haya personas que no comprendan la importancia de las denominadas “marchas del orgullo LGBT” que se realizan en estas fechas, como ocurrió el pasado fin de semana en la Ciudad de México o la que se llevará a cabo en Zacatecas el próximo 23 de julio.
Se trata de un ejercicio de protesta y de lucha debido a que los derechos de esta comunidad aún son vulnerados, pero también se realizan como una forma de visibilizar otras formas de “ser”, formas que merecen respeto y la protección de sus derechos humanos.
Y para darnos una idea de qué tan grande es la población LGBT+ (lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer, asexual, etc.), este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG).
Por supuesto que llegar a un estimado estadístico para esta comunidad no fue sencillo, pues constitucionalmente las instituciones tienen prohibido preguntar abiertamente sobre la sexualidad de las personas. De ahí la importancia de este primer ejercicio que, seguramente, se enriquecerá y tendrá mayor precisión en sus próximas ediciones.
De acuerdo con esta encuesta, cuyos datos se levantaron entre 2021 y 2022, más del 5% de la población de 15 años o más en el país es LGBT+, lo que representa más de 5 millones de personas en México.
Y aunque Zacatecas es la sexta entidad con menos población de la diversidad sexual, con apenas 75 mil 267 personas de 15 años y más, sería la onceava entidad con mayor proporción respecto a este grupo de edad, con el 6.4%, una cifra superior al promedio nacional de 5.1 por ciento.
¿Qué distingue a la población LGBT+ de la población heterosexual? En general se comparten las mismas características sociodemográficas, aunque los aspectos negativos tienen mayor incidencia. Por ejemplo, el rechazo familiar por una orientación sexual o una identidad de género distinta, la discriminación en el entorno laboral y lo más grave: la tendencia suicida.
Mientras en la población heterosexual la idea del suicidio ha pasado por la cabeza de apenas un 7.9% de las personas, para la población LGBT+ esta idea ha incidido en el 26.1% de las personas. ¿Los motivos? En ambos casos, el principal factor han sido los problemas familiares o de pareja.
Otra estadística importante, y que se deriva del rezago en materia legislativa, corresponde a la población en estado de soltería. Mientras en la población heterosexual una de cada cuatro personas (26.9%) se encuentra en esta situación, para la población LGBT+ este porcentaje se dispara al 64.9% y solo el 30.6% vive en matrimonio, principalmente debido a que no en todos los estados se ha aprobado el matrimonio igualitario.
También hay otros indicadores relevantes, por ejemplo, el hecho de que la población LGBT+ tiene mayor grado de escolaridad que la población heterosexual, pero tiene menor acceso a servicios de salud públicos. Además, hay menor ocupación laboral y quienes laboral, lo hacen en su mayoría en actividades agropecuarias, comercio, así como en servicios para empresas, personas y el hogar; solo 4.6% labora en el servicio público.
Entre muchos otros indicadores que se pueden analizar, la estadística que hoy ofrece el INEGI será de mucha utilidad para el diseño de políticas públicas enfocadas en la población LGBT+, que en el caso de Zacatecas ya se tradujo en la aprobación de los matrimonios igualitarios y tiene en la antesala una Ley de Identidad de Género, además de contar con oficinas de atención a estas comunidad en al menos cuatro municipios.
Sin embargo, aún se requieren políticas públicas para atender, por ejemplo, a la población adulta mayor LGBT+ o la aprobación de protocolos de atención específica a víctimas de esta comunidad, incluyendo un protocolo en los casos de transfeminicidio, sin olvidar los retos que aún se tienen en materia político electoral para avanzar en la representatividad de este sector. ¿La comunidad LGBT+ forma parte de las políticas públicas de la nueva gobernanza? Habrá que preguntarle a Fernanda Salomé Perera…
El debate parlamentario
¡Pero qué nivel en la 64 Legislatura! En sesión ordinaria de este martes, los diputados duraron más de tres horas en la discusión de un dictamen que no tenía certeza jurídica debido a que la Comisión de Hacienda, presidida por la neomorenista Violeta Cerrillo, ni siquiera tuvo quórum para sesionar y, aún así, aprobó un dictamen para la donación de un terreno a la Telesecundaria “Ramón López Velarde” y pretendía que este se votara en el pleno.
Todo hubiera sido tan fácil como rechazar el dictamen desde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para no incluirlo en el orden del día, pero lo dejaron pasar y ya avanzada la sesión, se determinó regresar el dictamen a comisión para volver a sesionar y que el documento llevara la firma de la mayoría de los integrantes de la comisión legislativa correspondiente.
Esto es solo un ejemplo más del cochinero con el que se conduce el bloque oficial, empezando por la diputada Violeta Cerillo, que por un lado apela a la legalidad, pero a escondidas busca las firmas necesarias para avalar un dictamen que no tenía el respaldo jurídico suficiente.
Y el circo aún continúa, pues el diputado Ernesto González Romo, luego de dar a conocer la lista de los seis aspirantes a contender por el Órgano Interno de Control, de pronto cambió su actitud y se mostró de todo, menos como un factor conciliador, de negociación y acuerdos al interior de la 64 Legislatura. Conmovía más su discurso de la uña enterrada que su falsa defensa del sector educativo en Zacatecas.
Tuvieron que ser las diputadas Cuquita Ávalos y Gaby Basurto quienes le recordaran que en el municipio de Fresnillo, del cual es representante, no ha escuchado las voces del magisterio que reclaman la salida de la directora del Tecnológico, ya no digamos de quienes piden conocer a la persona por la cual votaron.
Ahora imagine esta discusión en medio de los gritos en las curules o los aplausos innecesarios del bloque oficial…
Se hicieron bolas en la Función Pública
Como ya es costumbre, en la nueva gobernanza recurren a la Secretaría de la Función Pública que encabeza Humbelina Elizabeth López Loera cuando las cosas no marchan bien en el estado.
Y así ocurrió este martes en conferencia de prensa donde se anunció del proceso de inhabilitación en contra de ocho exservidores públicos cuyas sentencias sumarían más de 171 años en conjunto. El problema es que aún no son sentencias definitivas y todavía pueden ser impugnadas.
No obstante, desde el comunicado de prensa emitido por la Coordinación de Comunicación Social quedó asentado que los señalados ya fueron inhabilitados, violando con ello toda presunción de inocencia y el debido proceso.
Pero bueno, López Loera también informó que se detectaron más de 593 millones de pesos como probable daño al erario por parte de diversos funcionarios de las dos administraciones anteriores; sin embargo, el 40% (unos 200 millones de pesos) corresponden a expedientes que ya prescribieron, por lo que será imposible su resarcimiento.
Entre las irregularidades que aún continúan en investigación destaca: pagos excesivos, incumplimiento en aportaciones en convenios de coordinación, irregularidades en documentos de comprobación de gastos, falta de soporte documental, la no acreditación de varias plazas en el sector salud, falta de claridad en el otorgamiento de subsidios, unos 40 “aviadores”, entre otras.
Finalmente quedan varias inconsistencias, por ejemplo, convocar a rueda de prensa cuando todavía no se tienen los pelos de la burra en la mano, ¿no mueve a la sospecha sobre otra “cortina de humo”? En este caso, ¿qué pretendía ocultar la nueva gobernanza con una llamarada de petate?
