Con más pena que gloria, este jueves concluye el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año constitucional en la 64 Legislatura y, como ya ha sido costumbre en el Poder Legislativo, al cierre de cada periodo siempre se espera un montón de iniciativas para ser aprobadas de último momento.
Sería ocioso recordar una vez más los factores que han contribuido a la parálisis legislativa, pero baste recordar que al menos este segundo periodo ha sido peculiar por llevar a tribunales decisiones que competen meramente a los 30 diputados, lo que ha dejado incertidumbre respecto al trabajo legislativo en los últimos meses.
Tampoco es que los representantes populares se hayan distinguido por su productividad. Desde el inicio lo que más ha abundado son las iniciativas de punto de acuerdo para emitir exhortos a diestra y siniestra y mucho menos las iniciativas de reforma o creación de leyes y reglamentos. Ni qué decir de la pérdida de tiempo en debates estériles que, en su mayoría, solo rayan en el populismo.
¿Pero qué representa un exhorto a estas alturas en el Poder Legislativo? Mucho se ha dicho que se trata solo de llamados a misa que no atienden sus receptores. Se trata de un recurso jurídico válido para los legisladores con tal de que otra autoridad ponga atención sobre un tema en particular y con frecuencia son motivados por la presión popular para hacerse escuchar cuando dicha autoridad hace caso omiso al reclamo ciudadano.
El gran problema es que hoy no existe interlocución entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, más allá de los intereses externos que han permeado en las decisiones del bloque oficial, un secreto a voces que, ya sin argumentos, se empeñan en desconocer.
Liderazgos han faltado en el bloque oficial y el bloque plural ampliado, pero la mayoría perdió credibilidad cuando en medios de comunicación e incluso en la propia tribuna del pleno se dio a conocer evidencia de que en la 64 Legislatura tampoco se abandonaron los privilegios, pese al reiterado discurso de una pretendida “austeridad republicana”.
Lo cierto es que al menos entre diputados de MORENA y sus aliados insisten en defender a una nueva gobernanza que ni ve, ni oye, ni atiende el reclamo popular. Los propios diputados incluso se niegan a volver a los distritos donde les dieron el voto y el distanciamiento con la ciudadanía es cada vez más evidente.
Del otro lado, en el bloque plural ampliado, aún se insiste en la añoranza del pasado sin generar alternativas de solución a las problemáticas que hoy vive Zacatecas. Porque es un hecho que al menos en el corto plazo no volverán el Fondo Minero, ni el Seguro Popular, ni las estancias infantiles, ni el 3×1, ni la tan esperada reasignación de recursos a las dependencias y organismos que sufrieron recortes presupuestales.
Volvemos, pues, al cierre del segundo periodo ordinario en el que quedarán pendientes las comparecencias de los titulares de Seguridad Pública, de Educación, de Salud, de las Mujeres, de Administración y hasta del Issstezac.
No hay que olvidar el rezago en la designación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), cuya comisión no ha podido sesionar para deliberar sobre el dictamen con la terna de aspirantes (y ya se escuchan vicios en esta determinación), así como del Órgano Interno de Control, cuyo dictamen fue bajado del orden del día en la sesión de este miércoles a petición del diputado Ernesto González Romo, argumentando que no había consensos y no quería que se desechara el dictamen por falta de mayoría calificada.
Mucho de este rezago se debe a los berrinches para romper quórum con tal de no sesionar, como última estrategia para evitar la votación de dictámenes e iniciativas, pero también para dar largas a temas interinstitucionales como la solicitud de la CDHEZ para solicitar la comparecencia de diversas autoridades que no han atendido algunas recomendaciones recientes.
Es el caso de la Junta Directiva del Issstezac, llamada a comparecer en sesión de este miércoles, aunque hicieron vacío las autoridades implicadas y no se reunió el quórum porque los diputados del bloque oficial no llegaron a la cita.
Lo que queda claro es que mientras en el pleno haya alguna iniciativa donde se mencione al gobernador David Monreal y se le sugiera hacer tal o cual cosa, la primera barrera se encontrará en el bloque plural y, después, en el gabinete de la nueva gobernanza que no moverá un solo dedo mientras el mandatario no dé la instrucción… a menos que se trate de vetar decretos.
Por lo pronto, en esta última sesión del segundo periodo ordinario se espera la aprobación de una importante iniciativa: la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, misma que no ha sido actualizada en los últimos 20 años y que al momento de su presentación por el magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, fue firmada por los tres poderes. ¿Quién más ha logrado tal consenso?
En contraparte, también se espera que esta misma semana vuelva a sesionar la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y delibere en torno a las impugnaciones presentadas por el bloque plural ampliado en contra de las decisiones del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y que, por berrinche de quienes van por “cargos y oficinas”, mantienen en la abulia al Poder Legislativo.
Como es tanto el rezago legislativo, la expectativa es que la Comisión Permanente, una vez que se instale, convoque a un periodo extraordinario de sesiones durante el mes de julio para darle cauce a temas pendientes y que, esos sí, son de urgente y obvia resolución.
Más allá del desenlace, no hay que olvidar que el segundo año constitucional arrancará con el Primer Informe de Gobierno de David Monreal y su respectiva glosa. Fumar la pipa de la paz en la 64 Legislatura le vendría bien a un mandatario que poco tiene que informar, pero sí muchos pendientes por aclarar. Es cuanto.
