Siete meses tuvieron que pasar para que la transición del Hospital de la Mujer en Fresnillo a Hospital IMSS-Bienestar viera la luz. Desde su anuncio en noviembre del año pasado, la principal incógnita había sido la certeza que darían a los trabajadores del sector salud respecto a las plazas laborales.
No era cosa menor, pues se trata de unos 450 o 500 espacios que pasarían a manos del IMSS, ante la imposibilidad del estado para garantizar la operación del nosocomio, que al año implicaría una inversión de 300 millones de pesos, algo así como el presupuesto del que dispone la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que hoy encabeza Carlos Zúñiga en programas sociales y que no se han estado ejerciendo.
Como ya es costumbre en la nueva gobernanza, el tema se dejó crecer en los últimos siete meses en los que hicieron oídos sordos a las protestas del sector salud, especialmente de agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 39 que lidera Norma Castorena.
En todo este tiempo los sindicalizados lo único que exigían era su certeza laboral, pues al dejar el Hospital en manos del IMSS, las plazas también serían administradas desde la federación. Pero el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, que a ratos la hace de líder sindical del IMSS, jamás los atendió.
Por el contrario, ante las protestas de trabajadores del sector salud que llegaron a la toma del nosocomio, la nueva gobernanza optó por amedrentarlos, incluso presentó una denuncia penal por obstruir el arranque de operaciones del Hospital y ante la negativa de la 64 Legislatura para aprobar un dictamen de donación del inmueble al IMSS, recurrió a otra figura legal (comodato) para que la transición al IMSS-Bienestar se diera sí o sí.
Este miércoles, por fin, el gobernador David Monreal anunció que se llegó a acuerdos con los trabajadores del sector salud y garantizó que se respetarán sus plazas laborales, ponderando su antigüedad, sus perfiles y su experiencia para ser integrados en la plantilla laboral del nuevo Hospital IMSS-Bienestar, que brindará el servicio universal a las mujeres, ya sea derechohabientes del IMSS, del ISSSTE o que no cuentan con seguridad social, especialmente en temas de ginecología y obstetricia, así como atención neonatal.
Con estos acuerdos, la líder sindical Norma Castorena anunció el fin de la protesta en las instalaciones del nosocomio, luego de 38 días de manifestación, aunque insistió que se mantiene vigente la exigencia de que renuncie el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, que no se va, y no se va, y no se va.
Por lo pronto, ya se cuenta con el inmueble disponible y el equipamiento necesario, y en próximos días se instalarán algunos aparatos complementarios para que el Hospital de la Mujer en Fresnillo esté en condiciones de iniciar operaciones en una semana más.
Hoy se escucha muy bonito, pero considerando los antecedentes, ¿cumplirá su palabra la nueva gobernanza?, ¿o es otro capítulo de “atole con el dedo”?
Condenan protagonismo de diputado
Ante la escalada de precios en productos de la canasta básica, incluyendo el pan, esta semana el diputado Xerardo Ramírez aprovechó la tribuna en sesión de la Comisión Permanente para presentar una iniciativa con la que se exhorta al secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, a que implemente un programa de apoyos y subsidios dirigido a productores de pan en el estado, en lo relativo a la adquisición de insumos.
La iniciativa, aprobada de urgente y obvia resolución, buscaba no solo mitigar el impacto inflacionario entre el gremio de panaderos, sino también el golpe al bolsillo de las familias que consumen este producto.
El problema fue cuando el diputado promovente encaminó su posicionamiento a la promoción personalizada, algo que ofendió al menos a la Asociación de Panaderos del Estado de Zacatecas, que solicitó a la 64 Legislatura, “que se deje de hacer uso de los nombres y organizaciones del sector productivo para hacer protagonismo político”.
En su desplegado, los panaderos recordaron que al diputado Ramírez Muñoz “se le ha demostrado pedir dinero para vender su voto”, y le exigieron que deje de mencionar en sus posicionamientos a la organización.
“Los trabajadores zacatecanos no requerimos de falsos liderazgos ni de chantajes legislativos, para aquellos que saben mentir, robar y traicionar es muy fácil subir a tribuna y seguir viviendo de un salario que no merecen”, enfatiza el desplegado del gremio.
Y bien recuerdan que en la nueva gobernanza no ha habido funcionarios que tengan siquiera la disposición para responder ante el adeudo de casi 30 meses que le heredó el gobierno de Alejandro Tello y que ha afectado seriamente a la asociación.
Al final, los panaderos se deslindan de aquellos diputados farsantes que mienten y engañan a la población, aunque reconocen que sí hay “diputados congruentes y valiosos”. Desde su perspectiva, ¿qué legisladores cumplen con estas características?, ¿algún funcionario en la nueva gobernanza las tiene?
Lo cierto es que un exhorto no resolverá la escalada inflacionaria y mucho menos probable es que el secretario de Economía, Rodrigo Castañeda, mueva un solo dedo para implementar un programa de subsidios para apoyar al gremio. El tema está en manos de la política monetaria de la federación. En lo local, bien podrían iniciar por dar respuesta ante el adeudo heredado. ¿O la nueva gobernanza prefiere unos tacos de lengua?
¿Retroceso en transparencia?
Este miércoles, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) dio a conocer los resultados de la evaluación a instituciones públicas en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y que apenas lograron un 77.10% de cumplimiento.
Este porcentaje representa un ligero incremento respecto a evaluaciones anteriores; sin embargo, lo precisó en su intervención la comisionada Nubia Barrios, no fue mayor el resultado debido a que por primera vez se revisaron las obligaciones específicas de los sujetos obligados y ninguno logró alcanzar el tan ansiado 100% de cumplimiento.
¿Quién cumplió más? De acuerdo con la verificación vinculante, el Poder Ejecutivo logró un 88.38% en el caso de las dependencias centralizadas; el Legislativo, un 96.39%; y el Judicial, 96.56 por ciento.
Donde se tuvo un retroceso fue en los sindicatos, al pasar del 75.33 al 63.45% en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, mientras las dirigencias estatales de partidos políticos promediaron un 84.95 por ciento.
Entre los ayuntamientos, Zacatecas alcanzó la mayor calificación con 94.95% de cumplimiento, mientras Florencia de Benito Juárez obtuvo el porcentaje más bajo, con apenas 0.81 por ciento.
De entre los 181 sujetos obligados, la Secretaría General de Gobierno fue la que obtuvo la mayor calificación, con 99.92% de cumplimiento; seguida por la Secretaría de Obras Públicas, con 99.35% y la Jefatura de Oficina del Gobernador, con el 99.16 por ciento.
Y debido a que ninguno de los sujetos obligados logró el 100% de cumplimiento, que es la única calificación aceptable para el IZAI, tendrán 20 días hábiles para subsanar las observaciones en la carga de información pública. El único detalle es que la ciudadanía solo podrá acceder a la información que “de buena voluntad” los sujetos obligados quieran hacer disponible para su consulta pública. ¿En qué medida se transparenta el 100% de la información?
