El primer paso para resolver un problema es reconocer que se tiene un problema. Por eso resulta chocante el “negacionismo” del gobernador David Monreal y su gabinete ante los recientes hechos de inseguridad que, por mucho, demostraron que la autoridad está rebasada.
Intentar minimizar los hechos ocurridos durante el fin de semana poco abona a mejorar la percepción en materia de seguridad, y menos a generar confianza en las autoridades, especialmente cuando el propio gobernador afirma no saber “qué pasó” para que la Universidad Autónoma de Zacatecas suspendiera el arranque del ciclo escolar 2022-2023 de manera presencial.
Hoy no se sabe si fue “por instrucciones superiores” o una decisión de manera autónoma y consciente, pero el rector Rubén Ibarra Reyes anunció que este martes sí se llevarían a cabo las actividades académicas de manera presencial.
Tal vez influyó el hecho de que David Monreal lamentara “la molestia de los alumnos que vinieron desde sus municipios, que hicieron sus gastos, como para encontrar que no hay escuela, que no hay maestros”.
Al parecer, alguien no le pasa la información actualizada, pues olvidó que este gobierno incrementó la tarifa del transporte en medio de un entorno inflacionario que ha encarecido buena parte de los productos de consumo básico.
La gran contradicción es que mientras el propio gobernador decía desconocer el motivo por el que algunos planteles habían suspendido sus clases presenciales, también reconocía que los grupos delictivos “no solo son organizados, también son inteligentes”.
Además, intentaba relacionar lo ocurrido en Zacatecas con otras entidades como Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero y Guanajuato, en una especie de amedrentamiento hacia la población por la detención de objetivos prioritarios (que en el caso local, nunca fueron presentados ni se informó en su momento de ello), cuando aquí han existido otros antecedentes que han llevado a David Monreal a denunciar los hechos ante la Fiscalía General de la República.
Y tampoco es que se olviden de la noche a la mañana los recientes videos donde supuestos grupos criminales acusan a autoridades federales y estatales en Zacatecas de estar coludidas con grupos antagónicos.
No hay que olvidar que en semanas pasadas, cuando estos hechos de violencia ocurrían en otras entidades, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, anunció que se estaba blindando al estado para evitar que se replicaran estas manifestaciones de violencia en Zacatecas. Es evidente que la autoridad fue rebasada, o la estrategia de blindaje fue mero discurso.
Lo cierto es que la política negacionista de la nueva gobernanza ha producido el efecto contrario entre la población, más cuando el gobernador minimiza el “tema de temas” intentando desviar la atención hacia las actividades feriales que iniciarán este fin de semana, o hacia una agenda de campaña con la entrega de útiles escolares y uniformes parchados, para tener algo qué informar el próximo 8 de septiembre.
Pero la percepción de seguridad no cambiará en lo inmediato si continúa la política negacionista, menos cuando existen “otros datos” que desmienten el discurso oficial.
Baste recordar las cifras preliminares del INEGI sobre la estadística de defunciones del primer trimestre de este año, dadas a conocer este lunes. Ahí, Zacatecas figura como la entidad con mayor tasa de defunciones por cada 10 mil habitantes (26 defunciones), según el registro por entidad de residencia habitual de la persona fallecida, la más alta de las 32 entidades del país. Una muestra de la “letalidad” de vivir en Zacatecas, ya sea por la deficiente atención en salud (mortalidad por causas internas) o la pésima estrategia de seguridad (defunciones por muertes violentas o accidentales).
Hasta el momento se trata únicamente de información preliminar, pues la información definitiva se publicará en octubre de 2023, luego de cotejar los datos con la Secretaría de Salud para cuatro grupos: defunciones maternas, muertes de menores de cinco años, agresiones (presuntos homicidios) y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica, entre las que se encuentran las defunciones por la COVID-19.
Sin embargo, ya desde julio pasado el INEGI informaba sobre las estadísticas de defunciones en 2021, con cifras que revelaban que en Zacatecas mueren más hombres por homicidio que por COVID-19, una muestra de que el fenómeno de la violencia también debe observarse con una perspectiva de género.
En las cifras dadas a conocer este lunes se destaca que durante el primer trimestre del 2020 se registraron 2 mil 896 defunciones; para el mismo periodo del 2021 se documentaron 5 mil 63 casos; y en el primer trimestre de este año se estiman 4 mil 281 defunciones.
Estas cifras incluyen todos los tipos de defunciones, desde las causas internas (principalmente por enfermedad) hasta las externas (muertes accidentales o violentas, como los homicidios), y con frecuencia distan de la información dada a conocer de manera oficial debido a que se basan en los registros administrativos de las Oficinas del Registro Civil de todo el país.
No obstante estas cifras, como se recordará, durante el primer trimestre del 2021 aún no se realizaba la aplicación generalizada de la vacuna contra el COVID-19, por lo que gran parte de las defunciones pudieron corresponder a esta causa.
Pero la cifra del 2022 no dista mucho de lo registrado el año pasado y sí es muy superior a las cifras del 2020, previo al impacto de la pandemia en el país y particularmente en Zacatecas, cuyo primer caso de COVID-19 se registró a finales de marzo.
A reserva de que el INEGI actualice esta información y la publique en formato de datos abiertos, una hipótesis sobre la alta cifra de defunciones en el primer trimestre de este año podría ser debido al incremento en defunciones por causas externas, que incluiría las muertes accidentales o violentas.
Ya en julio pasado el INEGI reportaba 309 homicidios más que lo informado por las autoridades para el 2021, lo que poco abona a confiar en la danza de “cifras alegres” con la que pretenden convencer a la población de que está trabajando en fortalecer la seguridad.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre del 2022 se tenía registro de 332 homicidios (dolosos y culposos), que representarían el 7.7% del total de defunciones reportadas en la última estadística del INEGI.
Empero, la tendencia de homicidios este año muestra niveles similares al 2021, por lo que los registros administrativos bien podrían dar cuenta de más de 100 homicidios que no ha contabilizado la autoridad en el primer trimestre.
En el fondo, los hechos recientes hacen recordar el final de sexenio de la entonces gobernadora Amalia García Medina, cuando el entonces presidente Felipe Calderón emprendió la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que en Zacatecas se tradujo en los primeros “narcobloqueos”, una fuga masiva de más de 50 reos del penal de Cieneguillas y una edición de la FENAZA con mayor presencia de militares que de ciudadanos que asistían a los eventos programados.
¿Qué está ocurriendo realmente en Zacatecas?, ¿qué información oculta la autoridad?
